José Antonio Jiménez Vázquez
Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Antonio Jiménez Vázquez
Actuaciones
- Principal
SECCIÓN II MESA VI B PRAL. 664/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción II, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se desechó la demanda origen de este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Coordinadora de las Brigadas Especiales del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de México, por el que solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, y en caso de haberse ordenado el archivo de este asunto como totalmente concluido, se le proporcione copia del acuerdo respectivo. En su atención, hágase de su conocimiento que mediante proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo; lo anterior, al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. En tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire a la citada autoridad, remítasele copia certificada del auto de archivo de doce de julio de dos mil veintidós. Domicilio En otro orden, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica la autoridad de cuenta. Notifíquese.
- Principal
"*** NOTIFICACION POR LISTA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ********************, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presentes las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 664/2023 Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el promovente del amparo reclama de la autoridad que señala como responsable al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otros, el siguiente acto reclamado: ".La negativa de permitirme e (sic) el ingreso a laborar, al Centro Federal de Readaptación Social No. 13, "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz; Hecho sucedido el día lunes veintiséis de junio de dos mil veintitrés; En el cual me desempeño como empleado con plaza de Técnico Jurídico Penitenciario, adscrito a la Dirección Jurídica de dicho Centro Penitenciario..." Así también, de los antecedentes del acto reclamado el quejoso manifiesta lo siguiente: 1. El suscrito, ********************, de nacionalidad ********************, originario de ********************, con puesto de Técnico Jurídico Penitenciario, sistema al que me encuentro adscrito desde fecha 16 de junio de 2013, a la Dirección Jurídica, del Centro Federal de Readaptación Social No. 13, "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, perteneciente al OADPRS (Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social), quien, a su vez depende de la SSPC (Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana). 2. En fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, me fue notificado por parte del personal adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos el MEMORANDUM NO. ********************, de fecha nueve de junio de 2023, mediante el cual se me instruye una comisión de trabajo al Centro Penitenciario Federal No. 18, "CPS COAHUILA", para el periodo comprendido del 19 al 30 de junio de 2023; 3. Por situaciones y motivos familiares, me vi en la necesidad de viajar de Miahuatlán de Porfirio Díaz (lugar donde me encuentro radicando por motivo de mi empleo), a la ciudad de Salina Cruz, en donde se encuentra mi núcleo familiar (esposa e hijos). 4. Una vez que me encontraba en la Ciudad de Salina Cruz, se me presentó un problema de salud, situación que ocasionó que acudiera a la Unidad de Medicina Familiar ISSSTE de la Ciudad de Salina Cruz, con la finalidad de recibir atención médica oportuna, la cual originó que me fuera expedida una licencia médica, misma que justificó mi inasistencia al Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS- OAXACA", durante dos periodos comprendidos, del diecinueve al veintiuno de junio de dos mil veintitrés y del veintidós al veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 5. En fecha lunes veintiséis de junio de dos mil veintitrés, aproximadamente a las 8:45 de la mañana, me presenté en las Instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 13, "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con la finalidad de poder ingresar a cubrir mi jornada laboral, (en virtud de que mi horario establecido de trabajo es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas), cuando fui interceptado en el área de garita por personal de seguridad que se encontraba laborando y que NO me permitió el acceso, con el argumento que habían recibido la indicación de que me fuera negado el ingreso a la Institución Penitenciaria Posteriormente de haber esperado por un lapso aproximadamente de una hora con la esperanza de que me permitieran el acceso (situación de la que se percataron y fueron testigos muchos de mis compañeros de trabajo que ingresaban a laborar en ese horario), se presentó el Ingeniero ********************, Subdirector Administrativo PRS B y la Licenciada ********************, Jefa de Departamento de Recursos Financieros, acompañados con tres compañeros más, adscritos a la Dirección Administrativa del Centro Federal, cuya finalidad consistía que el suscrito les recibiera una notificación en la que me otorgaban recursos económicos para cubrir la comisión de trabajo a la que me fue instruida. En dicha notificación el Ingeniero ********************, Subdirector Administrativo PRS B, me manifestó de manera verbal, que el impedimento para ingresar a trabajar consistía que en ese momento (lunes veintiséis de junio de 2023) el suscrito debería de encontrarse cubriendo la comisión de trabajo que me fue instruida, advirtiéndome que, de acuerdo a los lineamientos establecidos por parte de la Subdirección de Recursos Humanos bajo los cuales se rige el Centro Penitenciario, al acumular la cuarta falta de manera consecutiva a laborar, se inicia el procedimiento administrativo para dar de baja al trabajador. En ese tenor, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]" "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que, el acto de molestia que el quejoso atribuye a las autoridades señaladas como responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otros, es la negativa de permitirle ingresar a laborar a su centro de trabajo, que desempeña con la plaza de Técnico Jurídico Penitenciario, adscrito a la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Numero Trece "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lo cual, pone de manifiesto que el acto reclamado no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su base en la relación laboral que el promovente sostiene con aquélla en su carácter de patrón; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria competente, esto es, ante los tribunales federales correspondientes. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189914, del tenor literal siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Así como la jurisprudencia que sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, tesis III.4o.T. J/3 (10a.), página 1639, Décima Época, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De ahí que el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso se sustenta precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación entre gobernante y gobernado. Con base en lo anterior se concluye que el acto reclamado, debe regirse por las leyes que regulen su relación de trabajo, sin que sea dable solucionar tal determinación a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad o equivalentes. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, con número de registro digital 246930, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios o extraordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Sin que esta determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Domicilio para recibir notificaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica el quejoso en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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