José Antonio Ibarra Vázquez

Expediente 153/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
153/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Ibarra Vázquez
  • Juez del Juzgado de Primera Instancia En Materia Penal del Sistema Acusatorio Oral del Distrito Judicial de San Pedro de las Colonias, Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Inexistencia de autoridad. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con la inexistencia de las autoridades denominadas Comandante de Seguridad Ciudadana y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna respecto a la citada autoridad; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y se tienen como inexistentes a las autoridades indicadas. Oficio. Por otro lado, visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, del citado oficio, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. En el caso concreto, la parte quejosa se duele de ... Así las cosas, si bien existe certeza en cuanto a la existencia del acto reclamado, debe indicarse que dicho acto ha quedado sustituido con la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Cancelación de audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ..., y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Inexistencia de autoridad. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con la inexistencia de las autoridades denominadas Comandante de Seguridad Ciudadana y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna respecto a la citada autoridad; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y se tienen como inexistentes a las autoridades indicadas. Cobra aplicación a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno época, tomo XXIII, enero de 2016, página 2329, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". Oficio. Por otro lado, visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, del citado oficio, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. El contenido del numeral y fracción en cita, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". En efecto, del precepto transcrito se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Así las cosas, si bien existe certeza en cuanto a la existencia del acto reclamado, debe indicarse que dicho acto ha quedado sustituido con la nueva situación jurídica de la parte quejosa. En tal virtud, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral citado, ello, porque del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable informa que el treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés, se dictó auto de vinculación a proceso en los autos de la causa penal 558/2022, del índice de la autoridad responsable, y al efecto acompaña diversas copias certificadas de la causa penal de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en el ejercicio de funciones. Lo que implica que no es factible decidir la situación jurídica anterior, esto es, la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución, pues en la causa penal de origen ya se dictó auto de vinculación a proceso el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se lee bajo el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia " . En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Cancelación de audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal, y en su oportunidad archívese este expediente como totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.********************Requerimiento. Visto el estado que guardan los autos y a fin de resolver el presente juicio con base a la verdad jurídica objetiva, así como contar con pruebas relacionadas con la procedencia o improcedencia del juicio en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio Oral del Distrito Judicial de San Pedro de las Colonias, Coahuila, a fin de que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, informe el estado procesal que guarda la causa pena 0558/2022 de su índice, asimismo remita copias certificadas de las constancias que lo acrediten.********************Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo.********************Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, para su verificativo se fijan las diez horas con veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable, por medio del cual realiza diversas manifestaciones, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Disco versátil digital. Respecto del anexo que la autoridad responsable remite, consistente en un disco óptico, guárdese para su seguridad en el lugar destinado para ello en este Juzgado. Notifíquese.

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