José Antonio Ibañez Ibañez

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Ibañez Ibañez
  • JOSÉ ANTONIO IBAÑEZ IBAÑEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que el Juez responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se sobreseyó la instancia constitucional. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTE DE AGOSTO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 171/2021 promovido por ... y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Sexto Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El siete de abril de dos mil veintiuno, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que la responsable violó en su perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. La demanda se admitió al día siguiente, únicamente por lo que hace al auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; ya que por el de diecinueve de ese mes y año, se decretó la improcedencia de la acción de amparo por cesación de efectos ante sustitución procesal (lo cual se declaró firme el cuatro de mayo de esta anualidad). En el auto admisorio se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó llamar a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura de la demanda de amparo y en concordancia con el auto admisorio de demanda, se tiene como acto reclamado, la determinación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en un procedimiento del orden familiar (tramitado conforme a las disposiciones de la Ley de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México), promovido por ...(madre de la aquí quejosa). Asunto que, conforme a las constancias de autos y el informe justificado en lo particular, tiene el número de registro 354/2021 del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de esta ciudad. En dicho acuerdo, se confirmaron las medidas de protección y tutela emitidas el diecinueve de ese mes y año, consistentes en dejar a cargo de su promovente los cuidados y atenciones de la menor; y ordenar a los quejosos que se abstengan de generar cualquier tipo de violencia contra la infante, prohibiendo acercarse a ella en un radio de trescientos metros; bajo apercibimiento de arresto por treinta y seis horas. Asimismo, se fijó fecha para determinar lo relativo a la guarda y custodia provisional de la niña. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la autoridad aceptó la existencia del acto que se le imputa; lo cual se corrobora con las constancias certificadas del juicio de origen remitidas en apoyo al informe, las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio por cesación de los efectos del acto reclamado. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes que las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del numeral 62 de la legislación en cita. El suscrito advierte que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La cesación de efectos, como base elemental en la actualización de la causal que aquí se estudia, surge en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, los quejosos se duelen del auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de esta ciudad, en el procedimiento sobre medidas de protección conforme al artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para esta ciudad; hoy controversia del orden familiar 354/2021, en donde se decretaron providencias para el cuidado, no agresión y resguardo de la infante aquí tercera interesada, bajo apercibimiento para los hoy quejosos, que en caso de inobservar el mandato cautelar, se les impondría un arresto de treinta y seis horas; y las cuales tendrían una vigencia de sesenta días, posiblemente prorrogables hasta otros treinta, y en su caso, con una revisión trimestral para calificar su permanencia. Sin embargo, el juez de la causa, mediante oficio con registro 5627, hizo del conocimiento el contenido del auto de cuatro de mayo de esta anualidad, emitido dentro del asunto 354/2021, donde examinando la plática que se sostuvo con la menor, se decidió decretar la guarda y custodia provisional a favor de su abuela materna, aquí tercera interesada; y ordenó diversas diligencias probatorias para determinar en su oportunidad la guarda y custodia definitiva. Esto es, el acto reclamado que originariamente se emitió con motivo de las medidas de protección de carácter urgente dictadas dentro del marco de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; ahora se ve sustituido por las determinaciones que el mismo juez adoptó en el proceso familiar originado por las propias providencias, en seguimiento a lo dispuesto por los artículos 941 bis y 941 ter de la Ley Procesal Civil para esta ciudad -que fue el fundamento para el señalamiento de audiencia para definir la guarda y custodia provisional-; todo lo anterior, como se colige de la secuela de eventos consignados en el propio acto reclamado, en relación con lo dicho por la autoridad en el oficio con registro 4993, y con las constancias que posteriormente acompañó al diverso comunicado registrado con el folio 5627. De tal suerte que si al dictar el auto de veintiséis de marzo pasado el juez del procedimiento decretó que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban hasta que resolviera sobre la guarda y custodia de la infante de identidad protegida; y ello ocurrió en el posterior acuerdo de cuatro de mayo de esta anualidad, emitido dentro del asunto 354/2021, a criterio del suscrito se ha generado una cesación de efectos del acto reclamado por sustitución procesal, ya que el acto que actualmente rige a las partes en el proceso es el nuevo acuerdo de guarda y custodia provisional, y que prepara las diligencias para pronunciarse en definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 198, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". También se invoca la tesis 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, además, es acorde a la naturaleza transitoria de las medidas cautelares y al propio régimen legal con que se dictaron, esto es, conforme a los artículos 70 y 71 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para esta ciudad; y entenderlas ilimitadas o irrestrictas a un evento procesal posterior, iría en contra del propósito para el cual fueron establecidas en el derecho local. Lo anterior se apoya en la tesis I.9o.C.51 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1657, que dispone: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS. Dada su naturaleza cautelar, de urgente resolución, vigencia limitada y previas al procedimiento judicial, las medidas u órdenes de protección que se prevén en el artículo 62 del cuerpo normativo en estudio, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la consumación de acciones que impliquen violencia contra las mujeres, a través del otorgamiento de una orden dictada por la autoridad judicial competente, en apego a las formalidades que deben revestir los mandamientos de autoridad, en términos del artículo 16 constitucional. Sin embargo, la propia medida es de carácter provisional, a tal grado que tiene un máximo de setenta y dos horas de vigencia, en el que, incluso, se respeta la garantía de audiencia de las partes dentro de un procedimiento sumario que, si bien es regulado de forma genérica en el artículo 72 de la norma, también es cierto que en cuestiones adjetivas de la audiencia, resultan supletorias las codificaciones procesales aplicables en atención a la materia de la medida solicitada; por tanto, no debe soslayarse que se trata de una medida de carácter urgente y cautelar que se dicta ante la inminencia que advierte la destinataria de la conducta lesiva y que, a virtud del plazo de protección, cuenta con margen suficiente para, de así estimarlo, iniciar los diversos procedimientos jurisdiccionales donde también se contemplan mayores medidas protectoras por un lapso superior al conferido en la norma en estudio. Considerar lo contrario, esto es, prorrogar indefinidamente la providencia cautelar, estribaría en la contradicción directa, tanto de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la naturaleza temporal y expedita de la medida, así como en la sustitución de procedimientos diversos ya previstos en otros cuerpos normativos que permiten la efectiva tutela de las partes, tal como lo estipula el artículo 17 constitucional." Aunado a que su vigencia máxima de noventa días (sesenta más treinta), desde el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a la fecha ha transcurrido en exceso, pues a la de emisión de la presente resolución, habrán transcurrido cerca de cinco meses; lo que a criterio del suscrito refuerza la cesación de los efectos de las medidas cautelares reclamadas, pues al menos válidamente, no podría despacharse orden de ejecución contra los impetrantes con un mandamiento caduco. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, lo procedente es SOBRESEER el juicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V de ese ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 171/2021, promovido por ... y ..., contra actos del Juez Décimo Sexto Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO 171/2021, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 171/2021 promovido por ... y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Sexto Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El siete de abril de dos mil veintiuno, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que la responsable violó en su perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. La demanda se admitió al día siguiente, únicamente por lo que hace al auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; ya que por el de diecinueve de ese mes y año, se decretó la improcedencia de la acción de amparo por cesación de efectos ante sustitución procesal (lo cual se declaró firme el cuatro de mayo de esta anualidad). En el auto admisorio se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó llamar a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura de la demanda de amparo y en concordancia con el auto admisorio de demanda, se tiene como acto reclamado, la determinación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en un procedimiento del orden familiar (tramitado conforme a las disposiciones de la Ley de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México), promovido por ...(madre de la aquí quejosa). Asunto que, conforme a las constancias de autos y el informe justificado en lo particular, tiene el número de registro 354/2021 del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de esta ciudad. En dicho acuerdo, se confirmaron las medidas de protección y tutela emitidas el diecinueve de ese mes y año, consistentes en dejar a cargo de su promovente los cuidados y atenciones de la menor; y ordenar a los quejosos que se abstengan de generar cualquier tipo de violencia contra la infante, prohibiendo acercarse a ella en un radio de trescientos metros; bajo apercibimiento de arresto por treinta y seis horas. Asimismo, se fijó fecha para determinar lo relativo a la guarda y custodia provisional de la niña. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la autoridad aceptó la existencia del acto que se le imputa; lo cual se corrobora con las constancias certificadas del juicio de origen remitidas en apoyo al informe, las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio por cesación de los efectos del acto reclamado. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes que las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del numeral 62 de la legislación en cita. El suscrito advierte que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La cesación de efectos, como base elemental en la actualización de la causal que aquí se estudia, surge en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, los quejosos se duelen del auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de esta ciudad, en el procedimiento sobre medidas de protección conforme al artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para esta ciudad; hoy controversia del orden familiar 354/2021, en donde se decretaron providencias para el cuidado, no agresión y resguardo de la infante aquí tercera interesada, bajo apercibimiento para los hoy quejosos, que en caso de inobservar el mandato cautelar, se les impondría un arresto de treinta y seis horas; y las cuales tendrían una vigencia de sesenta días, posiblemente prorrogables hasta otros treinta, y en su caso, con una revisión trimestral para calificar su permanencia. Sin embargo, el juez de la causa, mediante oficio con registro 5627, hizo del conocimiento el contenido del auto de cuatro de mayo de esta anualidad, emitido dentro del asunto 354/2021, donde examinando la plática que se sostuvo con la menor, se decidió decretar la guarda y custodia provisional a favor de su abuela materna, aquí tercera interesada; y ordenó diversas diligencias probatorias para determinar en su oportunidad la guarda y custodia definitiva. Esto es, el acto reclamado que originariamente se emitió con motivo de las medidas de protección de carácter urgente dictadas dentro del marco de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; ahora se ve sustituido por las determinaciones que el mismo juez adoptó en el proceso familiar originado por las propias providencias, en seguimiento a lo dispuesto por los artículos 941 bis y 941 ter de la Ley Procesal Civil para esta ciudad -que fue el fundamento para el señalamiento de audiencia para definir la guarda y custodia provisional-; todo lo anterior, como se colige de la secuela de eventos consignados en el propio acto reclamado, en relación con lo dicho por la autoridad en el oficio con registro 4993, y con las constancias que posteriormente acompañó al diverso comunicado registrado con el folio 5627. De tal suerte que si al dictar el auto de veintiséis de marzo pasado el juez del procedimiento decretó que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban hasta que resolviera sobre la guarda y custodia de la infante de identidad protegida; y ello ocurrió en el posterior acuerdo de cuatro de mayo de esta anualidad, emitido dentro del asunto 354/2021, a criterio del suscrito se ha generado una cesación de efectos del acto reclamado por sustitución procesal, ya que el acto que actualmente rige a las partes en el proceso es el nuevo acuerdo de guarda y custodia provisional, y que prepara las diligencias para pronunciarse en definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 198, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". También se invoca la tesis 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, además, es acorde a la naturaleza transitoria de las medidas cautelares y al propio régimen legal con que se dictaron, esto es, conforme a los artículos 70 y 71 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para esta ciudad; y entenderlas ilimitadas o irrestrictas a un evento procesal posterior, iría en contra del propósito para el cual fueron establecidas en el derecho local. Lo anterior se apoya en la tesis I.9o.C.51 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1657, que dispone: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS. Dada su naturaleza cautelar, de urgente resolución, vigencia limitada y previas al procedimiento judicial, las medidas u órdenes de protección que se prevén en el artículo 62 del cuerpo normativo en estudio, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la consumación de acciones que impliquen violencia contra las mujeres, a través del otorgamiento de una orden dictada por la autoridad judicial competente, en apego a las formalidades que deben revestir los mandamientos de autoridad, en términos del artículo 16 constitucional. Sin embargo, la propia medida es de carácter provisional, a tal grado que tiene un máximo de setenta y dos horas de vigencia, en el que, incluso, se respeta la garantía de audiencia de las partes dentro de un procedimiento sumario que, si bien es regulado de forma genérica en el artículo 72 de la norma, también es cierto que en cuestiones adjetivas de la audiencia, resultan supletorias las codificaciones procesales aplicables en atención a la materia de la medida solicitada; por tanto, no debe soslayarse que se trata de una medida de carácter urgente y cautelar que se dicta ante la inminencia que advierte la destinataria de la conducta lesiva y que, a virtud del plazo de protección, cuenta con margen suficiente para, de así estimarlo, iniciar los diversos procedimientos jurisdiccionales donde también se contemplan mayores medidas protectoras por un lapso superior al conferido en la norma en estudio. Considerar lo contrario, esto es, prorrogar indefinidamente la providencia cautelar, estribaría en la contradicción directa, tanto de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la naturaleza temporal y expedita de la medida, así como en la sustitución de procedimientos diversos ya previstos en otros cuerpos normativos que permiten la efectiva tutela de las partes, tal como lo estipula el artículo 17 constitucional." Aunado a que su vigencia máxima de noventa días (sesenta más treinta), desde el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a la fecha ha transcurrido en exceso, pues a la de emisión de la presente resolución, habrán transcurrido cerca de cinco meses; lo que a criterio del suscrito refuerza la cesación de los efectos de las medidas cautelares reclamadas, pues al menos válidamente, no podría despacharse orden de ejecución contra los impetrantes con un mandamiento caduco. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, lo procedente es SOBRESEER el juicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V de ese ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 171/2021, promovido por ... y ..., contra actos del Juez Décimo Sexto Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, veinte de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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