Jose Antonio Hernandez Mendez

Expediente 934/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
934/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Jose Antonio Hernandez Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, con el que transcribe el proveído de catorce de diciembre del año en curso, emitido en el amparo 1080/2020-V-9 de su índice, del que se advierte que se avocó al conocimiento del juicio de amparo indirecto remitido por este órgano de control constitucional, a fin de aprovechar el conocimiento previo. Asimismo, solicita se remitan los cuadernos incidentales. Atento a lo anterior, como lo solicita el citado juez remítase el original y duplicado de los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo 934/2020 del índice de este Juzgado, previo cuaderno de antecedentes que se forme. De igual manera, remítasele los acuses relativos a los oficios 560-VIII-1 y 574-VIII-1, dejándose en autos copia de los mismos para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: ? DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción, en términos de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto. TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto, téngase por recibido el oficio y anexo signado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta de noviembre del año en curso (fojas 82-83), informa el estado procesal que guardan los autos del juicio administrativo 432/2020-S-3, asimismo, remite copia certificada de las constancias que lo integran, de las cuales se ordena resguardar en un tomo de prueba por cuerda separada. Ahora, del análisis realizado al informe de mérito, se advierte que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mediante proveído de dieciséis de octubre del año en curso, emitido en el expediente 24/2020-S-E, de su índice, se declaró incompetente para conocer de una demanda en la que se reclamaba la nulidad del oficio SSYPC/OAI/2615/2020, de seis de octubre de esta anualidad, que contiene el proveído de cinco de octubre de este año, dictado en la carpeta de investigación SSYPC/OAI/106/2020, del índice del Órgano de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, seguida en contra de los servidores públicos *********, lo que se corrobora con el informe justificado rendido por la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de dicha Secretaría (fojas 85-87). Luego, de la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que el diverso implicado Roberto González Jiménez, promovió un diverso juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el cual se encuentra registrado con el número 906/2020-II y en el cual reclamó la suspensión del servicio, cargo o comisión como servidor público, retención de pago, así como el oficio que contiene transcrito el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, emitido en la carpeta de investigación SSYPC/OAI/106/2020. De lo anterior, se puede concluir que el origen de los actos reclamados en el presente juicio y los pretendidos ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, en el diverso juicio de amparo 906/2020-II, derivan de la misma carpeta de investigación SSYPC/OAI/106/2020, del índice del Órgano de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. Ahora, el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, establece, en lo conducente: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (...) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnara al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Del artículo transcrito, se advierte que para el turno de asuntos relacionados, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, se turnará al juzgado que haya conocido de otro promovido contra actos derivados de ese mismo asunto. En la especie, se actualiza esta hipótesis normativa, porque según quedó de manifiesto, los actos que se combaten en el presente juicio de amparo, y los que fueron impugnados en el diverso 906/2020-II, de la estadística del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, derivan de la misma carpeta de investigación SSYPC/OAI/106/2020 del índice del Órgano de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. Por otra parte, de autos se advierte que la demanda del juicio de amparo 906/2020-II, de la estadística del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, fue presentada a las once horas con cincuenta y ocho minutos del veintidós de octubre de la presente anualidad, por su parte, el juicio de amparo en que se actúa fue presentado en la misma data, pero a las doce horas con tres minutos, como se hace constar con el presente esquema: DATOS DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL QUEJOSO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MÉNDEZ. Amparo 934/2020- VIII-1 Juzgado Quinto de Distrito en el Estado DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ. Amparo 906/2020-II Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado Fecha de recepción 22 de octubre de 2020 22 de octubre de 2020 Fecha de turno. 22 de octubre de 2020 22 de octubre de 2020 Hora de turno 12:07 horas 12:03 horas Por lo anterior, se tiene que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, fue al que correspondió conocer primero de la demanda de amparo instada por el quejoso José Antonio Hernández Méndez, por razón de turno, misma que guarda identidad respecto al número de carpeta de investigación de origen, tal y como se expuso. Por tanto, se concluye que dicho órgano jurisdiccional es al que corresponde conocer de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Con lo anterior, se pretende aprovechar el conocimiento previo de los órganos jurisdiccionales para resolver los asuntos que son puestos a su consideración y respecto de los cuales existe, como ya se dijo, un antecedente, pues lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada y la posibilidad de incurrir en el dictado de resoluciones contradictorias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204, del Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado; b) se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía; y, c) las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, conforme a dicho sistema, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin hacer salvedad respecto a su inaplicación, para efectos de vinculación, a asuntos resueltos dentro de un determinado periodo, pues el inciso b) del artículo 9 citado no contiene excepción en cuanto a la temporalidad referida. Además, la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional es que se aproveche el conocimiento previo de las constancias del expediente respectivo." En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente expediente y los anexos correspondientes, al JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, para lo que estime conducente proveer. Por lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiocho minutos del quince de diciembre de dos mil veinte, en el presente asunto. Finalmente, una vez que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, se pronuncie respecto al conocimiento planteado en párrafos que anteceden, provéase lo conducente en relación a los cuadernos incidentales. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Titular del Órgano de Asuntos Internos y Dirección General de Administración, ambas de dicha Secretaria; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tiene como prueba la documental que anexó la responsable, consistente en: Diversas actuaciones relativas a la carpeta de investigación SSyPC/OAI/106/2020. La cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional, asimismo, dado el volumen del anexo aludido apertúrese un tomo de prueba por cuerda separada.

  4. Principal

    "********Villahermosa, Tabasco; treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos Encargada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, informa que el diecisiete del citado mes y año, fue recepcionado en la oficialía de partes de dicho Tribunal el oficio SEMRA-01/151/2020, de dieciséis de octubre del año en curso, suscrito por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa, mediante el cual, remitió el original del expediente 24/2020-S-E, mismo que se registró bajo el número 432/2020-S-3 y se remitió a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del momento en que le sea notificado el presente acuerdo, informe el estado actual que guarda el juicio promovido por José Antonio Hernández Méndez, y remita copia CARLOS SERAFIN RIOS SOLIS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.30.35.38.34.34.31.36.33 17/04/21 17:39:34 certificada del mismo; pues resulta necesario para resolver este juicio de amparo. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($86.88 ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia P./J.17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta V, febrero de 1997, cuyo contenido establece lo siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado*********

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