José Antonio Hernández Hernández
Expediente 923/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/06/2016
Partes del expediente
- José Antonio Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso , hubiese recurrido el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otro lado; toda vez que dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa se formó un tomo de prueba, consistentes en el duplicado de la causa penal 51/2016 del índice del Juez Sexto de Primera Instancia Penal de Querétaro, con sede en San José El Alto; en consecuencia devuélvase el mismo a dicha autoridad, y requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de éste auto, acuse recibo de las actuaciones señaladas, apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona del Distrito Federal, en términos de los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de amparo. Finalmente; con motivo de lo decretado en líneas precedentes, agréguese y sin mayor proveer, el oficio de cuenta, signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Penal de Querétaro, con sede en San José El Alto, lo que se asienta para los efectos legales conducentes...II
- Incidental
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta, signado por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ EL ALTO, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinticuatro de mayo del presente año, informa que en veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso , remitiendo al efecto las constancias que acreditan su dicho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario ordenar el archivo del presente cuaderno incidental, toda vez que en interlocutoria de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente...II
- Principal
Visto; el estado procesal actual que guardan los autos y tomando en consideración que el quejoso, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOSa)La orden de presentación y/o detención y/o aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLESSentido del informeFolio 1 COMANDANTE DE APREHENSIONES 2-A DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO Niega 19 2 COMANDANTE DE APREHENSIONES 2-B DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO Niega orden de presentación. Acepta orden de aprehensión 20 3 JUEZ MENOR PENAL EN QUERÉTARO Niega 16 4 JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 31 5 JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 35 6 JUEZ TERCERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 39 7 JUEZ CUARTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 43 8 JUEZ QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 17 9 JUEZ SEXTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Acepta 63 10 JUEZ SÉPTIMO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 44 11 JUEZ OCTAVO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 81 12 JUEZ NOVENO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE QUERETARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ Niega 76 13 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ESPECIALIZADO DE LA AGENCIA IV DE QUERÉTARO Niega 26 14 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO Acepta 48 15 DIRECTOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL DELITO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Niega orden de presentación. Acepta orden de aprehensión 18 Ahora; de las constancias de autos se advierte que las autoridades responsables con excepción del JUEZ SEXTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, COMANDANTE DE APREHENSIONES 2-B y DIRECTOR, AMBOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL DELITO, TODOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, al emitir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba alguna dicha negativa, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Nueva Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - - - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos que se reclaman de las autoridades responsables, con excepción de las señaladas con anterioridad. Por otro lado; intégrese al presente asunto, la copia certificada, relativa al oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con residencia en San José el Alto, mediante el cual informa que en veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, constancias a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo. Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el juez oficiante, se desprende que el acto que por esta vía combate el quejoso, se hace consistir en la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión, giradas en su contra. Así las cosas, como ya se adelantó, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, dentro del proceso penal 51/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, ilícito previsto por el artículo 210 Bis, fracción II, del Código Penal, en agravio de ISABEL ALEJANDRA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por el amparista. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de formal prisión en comento. Consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la nueva Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual forma, por analogía, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente; en razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en este juicio, para las once horas con treinta y cinco minutos del siete de junio de dos mil dieciséis...II
- Incidental
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta, signado por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON SEDE EN SAN JOSÉ EL ALTO, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de mayo del presente año, informa que el quejoso JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, compareció a rendir su declaración preparatoria, asimismo se le fijó caución a efecto de que gozara de su libertad provisional, cantidad que fue depositada por el amparista, remitiendo al efecto las constancias que acreditan su dicho. En tales condiciones y en virtud de que pudiera actualizarse alguna causal de improcedencia, en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que en el término de tres días contados a partir de que reciba la presente notificación, remita a este Juzgado Federal, copia certificada del auto de término que resuelva la situación jurídica del quejoso, dirigido al expediente principal del que deriva el presente incidente, apercibido que, de no acatar lo requerido en el plazo indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona del Distrito Federal, en términos de los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de amparo...II
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