José Antonio Hernández González

Expediente 196/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
196/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • José Antonio Hernández González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.  Desechamiento: Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Vigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 196/2018-IV. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XIV. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. (.)." Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la ley de la materia disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Del primer numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora bien, para conocer el plazo con que contaba la parte quejosa para promover la demanda de amparo en contra de los actos reclamados, se debe determinar cuándo se ostentó sabedor de ellos, para lo cual se atenderá a que en su demanda de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "(.) IV. LEY O ACTO RECLAMADO. A) El acuerdo número (sic) auto de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, notificado el día veinte de septiembre del dos mil dieciocho, el cual está sub-judice. B) La ejecución del acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, notificado el día veinte de septiembre del dos mil dieciocho, el cual se encuentra sub-judice, mediante el cual se embargan las cuentas del suscrito(.) C) Vicios propios de ejecución del acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, notificado el día veinte de septiembre del dos mil dieciocho, el cual se encuentra sub-judice, mediante el cual se embargan las cuentas del suscrito en las sucursales bancarias(.)." Los antecedentes antes relatados ponen en evidencia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acuerdo que ordenó el aseguramiento de diversas cuentas bancarias desde el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ya que fue en esta fecha cuando le fue notificado el acuerdo reclamado, tal como expresamente lo refirió en diversos apartados de su demanda. Ahora, para estar en condiciones de establecer el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para impugnar los actos reclamados, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 1075 del Código de Comercio, que prevé cuándo surten sus efectos las notificaciones personales en los juicios mercantiles, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1,075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido." De la transcripción anterior, se advierte que en los juicios mercantiles las notificaciones personales surten sus efectos al día siguiente en que se hayan practicado, por lo tanto, el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticuatro de septiembre al quince de octubre del dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días veintinueve y treinta de septiembre, seis, siete, doce, trece y catorce de octubre, por haber correspondido a días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como lo pone de manifiesto el siguiente cuadro: (TABLA) En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el quince de noviembre del dos mil dieciocho -según se advierte de la papeleta correspondiente-, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, los actos reclamados fueron consentidos tácitamente. Ahora, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el quejoso en el capítulo de hechos y abstenciones de la demanda de amparo manifestó lo siguiente: "(.) 7.- Sin dar aviso el Juez de Primera Instancia, gira oficio a la CNV sin avisar previamente a los suscritos la ejecución material pese a que el procedimiento estaba sub-judice y ordena asegurar y embargar materialmente el dinero de las cuentas del suscrito en las sucursales bancarias C.F ubicada en la Colonia La Paz, Puebla, del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, número de cuenta 03936748030 y; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, sucursal Los Ángeles, Ciudad de Puebla, número de cuenta 4060059243. Esto pese a que los embargos estaban nulos, aseguramiento del que me doy cuenta al querer retirar dinero de mi cuenta en fecha 13 de noviembre del año dos mil dieciocho." De la transcripción anterior se advierte que el quejoso expuso que tuvo conocimiento del aseguramiento de su cuenta bancaria el trece de noviembre del dos mil dieciocho; sin embargo, ello en nada varía la presente determinación, en virtud de que la parte quejosa fue clara al precisar que conoció la determinación que ordenó el aseguramiento controvertido desde el veinte de septiembre de esa anualidad y, por lo tanto, desde ese momento estuvo en aptitud de cuestionar su regularidad constitucional. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17, 18 y 19 del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desecharla de plano. Tan solo a mayor abundamiento, importa referir que este órgano jurisdiccional advierte que existe otra causa de improcedencia que también podría actualizarse, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Se afirma lo anterior, dado que la parte quejosa manifestó que contra el acuerdo reclamado del diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho interpuso recurso de apelación ante la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por lo tanto, se concluye que el juicio de amparo indirecto en que se actúa es improcedente, pues se encuentra en trámite un recurso que puede tener el alcance jurídico de modificar, revocar o anular los actos controvertidos en esa instancia constitucional. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s): Se tiene como autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, dado que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos a ***, al no haber proporcionado datos de sus cédulas. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial".

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