José Antonio Hernández Archila
Expediente 1357/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Antonio Hernández Archila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado en Materia de Procesos, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que en atención a la vista otorgada en proveído de nueve de mayo pasado, procedió a presentar la correspondiente denuncia, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 131, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales...
- Principal
... el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y en atención a su contenido, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que indica; en razón de la vista otorgada por este órgano jurisdiccional en auto de nueve de mayo último...
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... Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la parte promovente indicó, en la demanda de amparo origen del presente asunto, como acto reclamado: "De las autoridades señaladas, se reclama la DETENCIÓN fuera de procedimiento legalmente sustentado conforme a Derecho, que viene sufriendo mi CONCUBINO de nombre JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ ARCHILA, y de mi sobrino de nombre ERICK MARTÍNEZ, así como todas sus consecuencias legales que traigan aparejadas". Asimismo, del capítulo de hechos de la demanda de amparo se precisó que: "1. Actualmente mi concubino no ha cometido delito ni falta ni omisión alguna que amerite su detención, sin embargo he de manifestarle que siendo aproximadamente entre las 19:15 y 20:00 pm horas del día 01 de Septiembre del día Lunes, del presente año, varios elementos uniformados que se ostentaron como elementos de las fuerzas armadas al (SOLDADOS, pero en patrullas de seguridad pública del estado de Veracruz y policías estatales acreditables ya que tenían en sus uniformes esas insignias en el uniforme, con rostros cubiertos, con pasamontañas y medias portando armas de fuego largas y quienes mediante la violencia intervinieron violentamente a mi concubino de nombre JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ ARCHILA, y de mi sobrino de nombre ERICK MARTÍNEZ en la colonia revolución, ellos iban en una moto Yamaha color negra, con placas de Tlaxcala, mencionando eran detenidos en cumplimiento a los mandatos de las autoridades señaladas como responsables, siendo objeto de maltratos de lo que se percataron y fueron testigo vecinos de la misma avenida, motivo por el cual he comparecido ante diversas oficinas de procuración de Justicia del fuero Común y Federal, sin tener información sobre el paradero de mi representado, por lo cual no he tenido comunicación con el mismo, temiendo se encuentren privados de su libertad en un lugar diverso a los establecidos por la ley, fuera de toda comunicación, bajo tormentos físicos y psicológicos, y como consecuencia de ello obligado a confesar hechos en los que sea incriminado y que no ha cometido, e incluso sea privado de la vida, violándose así todos sus derechos humanos)." De lo anterior se desprende que la aquí promovente ******************** reclamó: Maltrato; Incomunicación; Tormentos físicos; y Psicológicos Al caso, resulta prudente citar el contenido del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 1o. [.] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". El artículo constitucional transcrito obliga a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por su parte, el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé: "Artículo 117. Toda persona que en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubiere detenidos." El precepto legal invocado impone la obligación a todo servidor o funcionario público de que, tan pronto tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, lo haga del conocimiento del Ministerio Público. En consecuencia, tomando en consideración que la promovente hace referencia que José ******************** y ******************** fueron víctimas de ******************** desde el momento de su detención por parte de elementos de las fuerzas armadas, y dado que el Estado Mexicano ratificó la Convención Internacional contra la ******************** en el año 1986; y, está obligado a investigar alegaciones de ********************, castigar a los responsables y reparar el daño a las víctimas; por tanto, el suscrito juez federal con la firme convicción de respetar y hacer respetar los derechos humanos protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes reglamentarias que de la misma emanan, así como en los convenios internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, como lo es la Convención Americana de los Derechos Humanos y en estricta observancia a lo establecido en los artículos 2, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que proceda conforme a derecho corresponda, respecto de los ******************** de ******************** a que alude la promovente. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, requiérase a dicha representante social para que, en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que sea notificada del presente acuerdo, informe el trámite que haya dado a la vista otorgada. Lo anterior se determina así, pues corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los ******************** de ******************** alegados; de ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias. Tiene aplicación a lo anterior, lo establecido en la tesis aislada de la Décima Época, visible a página 1107, tomo 2, agosto de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ******************** DE ********************. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011 establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir ******************** de ********************. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la ********************, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido ********************das tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la ******************** establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de ******************** está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien ******************** de ******************** tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de ******************** a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido ********************, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. Notifíquese mediante lista de acuerdos, por así estar ordenado en autos...
- Principal
... se tuvo por no interpuesta la demanda origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se tuvo por no interpuesta la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es depurable, dado que por auto de cuatro de septiembre de dos mil catorce, se concedió la suspensión de plano al quejoso, lo que conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, hace conservable la demanda, el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión y la sentencia, por virtud del efecto definitivo que tiene tal medida cautelar...
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