José Antonio Gutiérrez Moreno
Expediente 513/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Antonio Gutiérrez Moreno
- Juez Sexto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
- José Antonio Gutiérrez Moreno y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado de la tercera interesada. Ahora, respecto a la solicitud del promovente de que se le haga de su conocimiento la información respecto a la garantía fijada en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, indíquesele que la parte quejosa no exhibió garantía alguna a fin de garantizar la suspensión provisional, como tampoco la definitiva. En segundo lugar, respecto de las copias que solicita dígasele que se esté a lo acordado en el auto de radicación, toda vez que en el mismo fue autorizada la expedición de copias a las partes, sin necesidad de solicitarlo por escrito, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa o agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, hayan recurrido la sentencia en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, emitida el once de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente principal es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, seguidos de noventa días, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), y sus párrafos penúltimo y último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se dictó sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro de un plazo de seis meses, conforme al artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General; mientras que el original de dicho incidente es depurable, conforme al citado artículo 18, fracción I, inciso a), del propio Acuerdo General, pues se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo **********/2020-IV, promovido por **********, contra actos del Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el siete de octubre de dos mil veinte, turnado a este juzgado el mismo día, **********, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio **********/2017, mediante el cual lo requirió para que otorgara a quien fuera su cónyuge **********, escritura pública relativa a la adjudicación, en remate público, del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, dicha escritura se otorgaría en rebeldía; así como del Ministro Ejecutor y Oficial Notificador de la Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, a quien le reclama la ejecución de dicho auto, consistente en la inminente entrega material del bien inmueble descrito, a la adjudicataria. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de nueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclaman actos cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: a) Del Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio **********/2017, mediante el cual lo requirió para que otorgara a quien fuera su cónyuge **********, escritura pública relativa a la adjudicación, en remate público, del bien inmueble ubicado en **********, en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, dicha escritura se otorgaría en rebeldía. Esta determinación, la reclama en términos del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo1, esto es, como la última resolución en el procedimiento de remate, llevado a cabo en el juicio natural, según la propia quejosa lo manifestó en su demanda de amparo, al narrar los antecedentes del acto reclamado, en apoyo de lo cual, incluso citó la tesis 57/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020631 y rubro: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. 1 Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) b) Del Ministro Ejecutor y Oficial Notificador de la Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - la ejecución de dicho auto, consistente en la inminente entrega material del bien inmueble descrito, a la adjudicataria. c) Del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - La notificación del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, ya descrito (acto reclamado en ampliación de demanda). Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado en el juicio de divorcio juicio 91/2017, del que se desprende el auto reclamado de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual requirió al aquí quejoso para que otorgara a quien fuera su cónyuge **********, escritura pública relativa a la adjudicación, en remate público, del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, dicha escritura se otorgaría en rebeldía. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, pues tienen la calidad de documento público, esto de conformidad con los artículos 197 y 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles2, supletorio de la Ley de Amparo, ya que fueron certificadas respecto de sus originales por un funcionario público, dotado de fe pública, como lo es la Secretaria adscrita al Juzgado responsable. Por otra parte, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificado del auto mediante el cual se le requirió, como se desprende de la constancia actuarial relativa; por lo tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, máxime que, de otorgarse la escritura pública mencionada, efectivamente la entrega material a la adjudicataria, del bien inmueble descrito, será inminente. Así pues, los actos reclamados se tienen como ciertos, en los términos expuestos en este considerando. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los 2 ARTÍCULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. ARTÍCULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. (.) actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Lo que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, materia Común, Novena Época, con registro digital 164618, del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Estudio de fondo. En principio se indica, como se adelantó en el considerando segundo, que la quejosa reclamó del Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual requirió al aquí quejoso para que otorgara a quien fuera su cónyuge Socorro Elodia Enríquez Payán, escritura pública relativa a la adjudicación, en remate público, del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, dicha escritura se otorgaría en rebeldía. Esto en términos del citado artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, como la última resolución en el procedimiento de remate, llevado a cabo en el juicio natural, lo que se corrobora con las manifestaciones que realizó en su demanda de amparo. De manera que, el estudio de este juicio de indirecto se abordará conforme a lo indicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 57/2019, publicada en la página 110, del Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, materias Común y Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2020631, Décima Época, que dispone: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. El subrayado y resaltado es nuestro. Es decir, primero se analizarán las violaciones procesales hechas valer, pues si alguna de ellas resultara fundada, ameritaría la concesión del amparo para efecto de reponer el procedimiento de remate a fin de restituir a al quejoso en el derecho vulnerado, lo que tonaría innecesario analizar las demás violaciones procesales alegadas, ni el auto reclamado de forma destacada (de veintiocho de septiembre de dos mil veinte). Determinado lo anterior, se procede a analizar las violaciones procesales que la quejosa hace valer, tomando en cuenta que la obligación de la parte quejosa de precisar en su demanda la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, debe analizarse atendiendo a la causa de pedir. Al respecto, por identidad de razones, se cita la tesis VI.2o.T.13 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 2195, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2014329, del rubro siguiente: VIOLACIONES PROCESALES. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE PRECISAR EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, DEBE ANALIZARSE ATENDIENDO A LA CAUSA DE PEDIR. Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191384, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Al respecto, en sus conceptos de violación, el quejoso adujo esencialmente lo siguiente: a) Que en el acuerdo reclamado, se le ordenó el otorgamiento de la escritura pública, bajo pena de otorgarla en rebeldía, con fundamento en un convenio celebrado dentro del juicio de divorcio del que derivan los actos reclamados, convenio que no se celebró pues cuando fue citado a firmarlo, no acudió debido a que no estaba de acuerdo con el mismo. b) La tercero interesada **********, abandonó injustificadamente, por más de seis meses, el domicilio conyugal, de manera que, desde que abandonó el domicilio conyugal (treinta de septiembre de dos mil diecisiete), para ella, cesaron los efectos de la sociedad conyugal, conforme al artículo 184 del Código Civil del Estado de Chihuahua, tan es así que adujo que dicho abandono ocurrió debido a una incompatibilidad de caracteres entre ella y el quejoso, incompatibilidad que nunca demostró. c) Que por lo anterior, el Juez vulneró el principio de congruencia en la sentencia, previsto en el artículo 110, fracción III, del Código Procesal Civil del Estado de Chihuahua, al ordenar el remate del bien inmueble de su propiedad, ya descrito, sin fundamento ni consideraciones relativas expresadas al efecto. d) Que el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual ordenó el remate, en almoneda pública, del bien inmueble de que se trata, carece de fundamentación y motivación Pues bien, antes de analizar lo aducido por el quejoso, se narran sucintamente los antecedentes del acto reclamado: - La aquí tercero interesada demandó en la vía ordinaria familiar, la disolución del vínculo matrimonial que la unía con el quejoso, esto, mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil diecisiete, presentado en la Oficialía de Turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, donde fue turnado al juzgado responsable, el seis de noviembre del mismo año. - Dicha demanda se admitió a trámite el seis de noviembre de dos mil diecisiete, y una vez emplazado el aquí quejoso, ahí demandado, éste compareció ante el juzgado responsable, a contestar la demanda de referencia, mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, se integró voluntariamente a la relación jurídico procesal. - Seguida la secuela del procedimiento, el ocho de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en la cual se determinó, en lo que interesa, disolver el vínculo matrimonial entre las partes mencionadas y dar por terminada la sociedad conyugal, cuya liquidación se habría de llevar a cabo mediante incidente, asimismo, se indicó que dicha sentencia, es irrecurrible. - Durante el procedimiento de ejecución de sentencia, específicamente en el procedimiento incidental de liquidación, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia a la cual comparecieron la actora **********, aquí tercero interesada, y el demandado **********, aquí quejoso, así como los representantes legales de cada uno, a celebrar convenio de liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, en lo que interesa, respecto al inmueble descrito, acordaron que fuera valuado por separado, esto es, por un perito que cada uno designara. - Una vez que tales valuaciones fueron allegadas al juicio natural, así como el del perito designado por el Juzgado responsable, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, las partes, asistidas de sus representantes legales, celebraron audiencia ante el Juez responsable, en la cual el representante de la parte actora, aquí tercero interesado, solicitó que toda vez que no fue posible llegar a un acuerdo de liquidación, respecto del bien inmueble descrito, solicitaba que se sacara a remate. - Al respecto, en autos de veintitrés de octubre y diez de diciembre de dos mil diecinueve, se sacó a remate en primera almoneda dicho bien inmueble, cuya audiencia se celebró el veintiocho de enero de dos mil veinte, en la cual se determinó adjudicarlo a la actora, aquí tercero interesada, **********, a quien se le requirió que consignara la cantidad de ciento sesenta y dos mil pesos moneda nacional, lo cual así sucedió. - Finalmente, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió al aquí quejoso para que en un término de tres días, otorgara a la adjudicataria, la escritura pública correspondiente, apercibido de que en caso de no hacerlo, el juzgado la otorgaría en rebeldía, proveído que constituye el acto reclamado. Pues bien, la primera violación procesal alegada, relativa a que el acuerdo reclamado deriva de un convenio celebrado entre las partes en el juicio natural, con el cual el quejoso no estuvo de acuerdo y por ello no acudió a firmarlo, esto es, deriva de un convenio inexistente; resulta infundado, pues el quejoso acudió, asistido de su representante legal, tanto a la audiencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se acordó que el bien inmueble fuera valuado, como a la de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en la cual la parte actora solicitó que dicho bien se sacara a remate, además, estampó su firma en ambas audiencias. Aunado a lo anterior, si el quejoso estuvo inconforme con tales actuaciones, en tanto que es parte en el juicio natural, estuvo en aptitud de interponer, al respecto, los medios de defensa correspondientes. Continuando, el quejoso aduce que la actora, aquí tercero interesada, abandonó injustificadamente el domicilio conyugal, por lo cual cesaron los efectos de la sociedad conyugal, conforme al artículo 184 del Código Civil del Estado de Chihuahua, sin que por otra parte, hubiere probado la incompatibilidad de caracteres que para ese efecto alegó, por lo que la sentencia dictada en el juicio natural, vulnera en su perjuicio el principio de congruencia, previsto en el artículo 110, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua; tales conceptos de violación son inoperantes, sencillamente porque se relacionan con la sentencia dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, debido a que no fue recurrida a través del amparo directo, ya que como se determinó en su punto resolutivo quinto, conforme al artículo 369 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, era irrecurrible a través de medios ordinarios de defensa. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58., emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1919, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 170370, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos. Por último, su concepto de violación relativo a que, el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se ordenó que el bien inmueble de que se trata fuera sacado a remate, carece de fundamentación y motivación, es infundado, pues tratándose de procesos judiciales, seguidos evidentemente ante autoridades jurisdiccionales, los juzgadores pueden omitir citar expresamente las disposiciones legales que dan sustento a sus determinaciones, ya que las partes se someten a su jurisdicción a sabiendas de las prestaciones o los intereses de cada una, a dilucidar. Por lo que, si en el juicio natural, se estaba dentro de un procedimiento de remate, lógico es que el bien inmueble objeto del mismo se sacaría a remate en almoneda pública en algún momento de dicho procedimiento. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.A.39 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2481, del Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Administrativa y Común, Décima Época, con registro digital 2018204, del rubro y texto siguientes: RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa la decisión. Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el demandante establece sus pretensiones, apoyándose en determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento o principio normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares consideradas para resolver. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Conforme a lo expuesto en este considerando, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso José Antonio Gutiérrez Moreno, contra el acto que reclamó del Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; negativa que se hace extensiva al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, pues no se le reclamaron actos por vicios propios. Sexto. Forma de notificación. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolverse los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista electrónica, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, pero la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso **********, contra los actos que reclamó del Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Esta sentencia deberá notificarse conforme a lo establecido en su considerando sexto. Notifíquese escalonadamente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********** hasta el día de hoy once de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil veinte. Autorizados y domicilio Visto el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la ley de Amparo, se tiene a la tercero interesada de amparo **********, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********** de esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene le tiene autorizando en los amplios términos de dicho numeral, a los licenciados en Derecho **********, pues se localizaron inscritas sus cédulas profesionales en los Registros consultados, como se certificó en la cuenta. Alegatos También se tienen por hechas las manifestaciones que la tercero interesada hace valer en vía de alegatos, con los cuales deberá darse cuenta en la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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