José Antonio Guadalupe Rodríguez Mares
Expediente 1290/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- José Antonio Guadalupe Rodríguez Mares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la resolución de quince de febrero de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe. RAAG/MRGP /Rina El juez. La secretaria.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1290/2021, promovido por José Antonio Guadalupe Rodríguez Mares, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Antonio Guadalupe Rodríguez Mares, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, registrándose el presente juicio con el número 1290/2021; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado ;debido a que se reclama un acto emitido por una autoridad administrativa, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Al Titular de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco: Al Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco: - La emisión de los folios de infracciones: 1. 113|245465661 2. 113|261630915 3. 020|00188175 4. 012|181069498 5. 113|287371470 6. 121|00009716 7. 113|322925140 8. 113|323079692 9. 113|324179585 10. 113|329288544 11. 113|355346439. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Titular y Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, ya que al su rendir informe justificado así lo manifestaron (folios 25 a 28) . Así, en la medida en que negaron lo que se les imputa, no es a ellas a quienes corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación , ni allegar alguna prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que le reclama. En ese sentido, la parte quejosa si bien exhibió pruebas documentales lo cierto que son insuficientes para controvertir las negativas ya mencionadas. El quejoso aportó como medios probatorios los siguientes documentales: 1. Impresión del portal de adeudo vehicular del Estado de Jalisco , que anexó a su demanda de amparo. 2. Copia simple de tarjeta de circulación a nombre de la parte quejosa, factura con número de folio 69 y de credencial de elector expedida por el Instituto Nacional de Elector. Medios de convicción que, como se adelantó, resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, las cuales valoradas en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que, por un lado, con la tarjeta de circulación se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo y, en otro, con las impresiones obtenidas del portal de internet, si bien demuestra que en dicho portal existen vinculadas dichas infracciones al vehículo que defiende la quejosa, lo cierto es que con ellas no demuestra que éstas sean atribuibles a las autoridades responsables y, con ello la existencia de los actos reclamados. Ello es así, ya que de las constancias que obran en autos se desprende que las infracciones reclamadas fueron emitidas la autoridad por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con excepcion de las infracciones 020|00188175, 012|181069498, 121|00009716, que fueron elaboradas por diversas autoridades. En efecto, del requerimiento realizado por este juzgador se desprende que, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, refirió que algunas de las infracciones fueron emitidas por dicha dependencia, con excepcion de las infracciones 020|00188175, 012|181069498, 121|00009716, que fueron emitidas por los Ayuntamientos de Lagos de Moreno, Arandas y Tonalá, Jalisco, tal como se desprende a continuación (folio 43 de autos): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ De ahí que, las infracciones reclamadas no fueron emitidas por las autoridades responsables, sin que la parte quejosa haya ampliado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, ni por la Policía de Tránsito de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco; máxime, que tampoco se pronunció, respecto de la imposibilidad de remitir las infracciones con folios 012|181069498, 121|00009716 y 020|00188175. En efecto, por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Jalisco, en relación con las infracciones 113|261630915, 113|287371470, 113|322925140, 113|323079692, 113|324179585, 113|329288544 y 113|355346439; asimismo, se le dio vista respecto de la imposibilidad de remitir la diversa 113|245465661, sin que lo hiciera, no obstante, de estar debidamente notificada de ello (folios 52 y 53 de autos). Luego, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, ante la actitud omisiva de la parte quejosa en manifestarse sobre la vista que le fue otorgada para que ampliara la demanda en los términos antes planteados, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le tuvo por desinteresada en ampliar su demanda, en torno a la autoridad responsable de trato, por lo que se ordenó seguir el juicio de amparo únicamente por las autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda. De igual manera, por diverso auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio vista para que ampliara su demanda, respecto de la autoridad responsable Policía de Tránsito de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco quien emitió el folio 020|00188175 (folios 80 a 83 de autos), sin que se haya manifestado al respecto, por lo que le tuvo por desinteresada en ampliar su demanda en auto de trece de enero del año en curso (folios 89 y 90 de autos). Ademas, que tambien se le dio vista a la parte quejosa por auto de trece de enero del año en curso, para que se manifestara respecto de la imposibilidad de remitir las infracciones 012|181069498, 121|00009716, sin que se haya pronunciado, por lo que en esta fecha, se le tuvo desinteresada en pronunciarse. Lo anterior se justifica porque, es obligación del juez de Distrito, cuando del análisis integral del amparo, advierte la participación de autoridades no señaladas como responsables, prevenir al quejoso, con el apercibimiento relativo, para que aclare si señala o no como responsable a determinadas autoridades que se consideren intervinieron en la emisión de los actos reclamados; lo anterior es relevante, si se considera que de omitir el juzgador esa prevención y conceder la protección de la Justicia Federal, haría nugatorio el derecho que le asiste a la citada autoridad para defender su acto; por ende, la violación apuntada ameritaría la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, a pesar de haberse requerido para ello, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. De manera que, al ser esto así, no se señaló como responsable a las autoridades quien realmente emitió las infracciones reclamadas, a saber, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y Policía de Tránsito de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco; esto, pese a que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de tal actuación, en mérito de la vista dada y, aun así, fue omisa en llamar a la referida autoridad a este sumario constitucional. Empero, debió haber sido señalado por la parte quejosa como responsable, ya que precisamente a ésta corresponde defender la legalidad de su acción, porque es la que conoce los pormenores de su actuación, la cual es de su exclusiva responsabilidad, al ser la encargada de observar los lineamientos legales que regulan tal actuar. Consecuentemente, si no se le tuvo como autoridad que intervino en el acto reclamado, con ello se hizo nugatorio el derecho que le asistía para defender su acto y existe la imposibilidad jurídica de examinarlo sin la defensa de aquélla, pues de lo contrario no se mantendría el equilibrio procesal entre las partes. Tiene aplicación al caso la tesis número 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De ahí que, con las documentales no desvirtúa las negativas de las responsables, pues no les correspondió a ellas la emisión de los actos reclamados. Así pues, no se advierte que la parte quejosa haya allegado medios de convicción que lograran desvirtuar las comentadas negativas y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. En consecuencia, dado que las autoridades responsables negaron el acto que se les atribuye y la parte quejosa no acreditó que fueran ciertos; se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio constitucional, respecto de los actos impugnados. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Atento al sentido del fallo, jurídicamente no es posible el estudio de los conceptos de violación en relación con la aludida actuación, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 63 y 73, de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Guadalupe Rodríguez Mares. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a trece de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación secretarial, se tiene que, auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para ampliar demanda, respecto de Silvia Lizbeth Gómez Romero, Policía de Tránsito de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco, al ser dicha autoridad quien emitió la cédula de infracción 020/00188175. Asimismo, para que manifestara lo que a su interés legal convenga respecto de lo informado por el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación a imposibilidad para remitir copia certificada, completa y legible de la cédula de infracción 121/00009716, toda vez que no se encontraba en su base de datos. Que quejosa fue notificada de lo anterior en veinte de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, el plazo de quince días con que contaba para desahogar la vista otorgada y ampliar su demanda de amparo, transcurrió del veintidós de diciembre del año pasado al once de enero del año en curso, sin que a la data obre en autos promoción al respecto. Efectivo apercibimiento. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno y se le tiene por desinteresado en ampliar demanda y manifestar lo que a su interés legal convenga de la multa ahí referida. Se ordena notificación personal. Po otra parte, se advierte que, en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en nueve de septiembre del año en curso e informando que, no cuenta con los folios 020/00188175, 012/181069498 y 121/00009716. Por lo que, con fundamento en la fracción II, del numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la citada normatividad, se estima procedente, dar vista de manera personal a la quejosa a fin de que, esté en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que de inmediato efectué dicha diligencia para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Diferimiento. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese; y, cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Zulema Sánchez Ibarra, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Aviso Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el trece de enero de dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación secretarial, se tiene que, auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para ampliar demanda, respecto de Silvia Lizbeth Gómez Romero, Policía de Tránsito de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco, al ser dicha autoridad quien emitió la cédula de infracción 020/00188175. Asimismo, para que manifestara lo que a su interés legal convenga respecto de lo informado por el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación a imposibilidad para remitir copia certificada, completa y legible de la cédula de infracción 121/00009716, toda vez que no se encontraba en su base de datos. Que quejosa fue notificada de lo anterior en veinte de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, el plazo de quince días con que contaba para desahogar la vista otorgada y ampliar su demanda de amparo, transcurrió del veintidós de diciembre del año pasado al once de enero del año en curso, sin que a la data obre en autos promoción al respecto. Efectivo apercibimiento. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno y se le tiene por desinteresado en ampliar demanda y manifestar lo que a su interés legal convenga de la multa ahí referida. Se ordena notificación personal. Po otra parte, se advierte que, en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en nueve de septiembre del año en curso e informando que, no cuenta con los folios 020/00188175, 012/181069498 y 121/00009716. Por lo que, con fundamento en la fracción II, del numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la citada normatividad, se estima procedente, dar vista de manera personal a la quejosa a fin de que, esté en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que de inmediato efectué dicha diligencia para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Diferimiento. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio.
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