José Antonio Granados Colchado
Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Granados Colchado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ******, no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causa ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, incisos a) y c), del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental, son susceptibles de destrucción, ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio, y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, dado que no fueron aportados por las partes.
- Principal
Visto el informe justificado que rinde el gerente Comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acàmbaro, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, manifestando que es cierto el acto reclamado, agréguese con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se le tiene por ofrecida, exhibida y se admite la prueba documental que en copia simple que anexó a su informe de ley, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Se tiene a la autoridad oficiante, señalando como domicilio para recibir notificaciones el indicado en su informe y como delegados a las personas que indica, de las que proporciona los usuarios ***, *** y ***; en el entendido que si es su deseo que ahí se reciban notificaciones electrónicas, así deberá manifestarlo expresamente, pero se revocará el domicilio físico proporcionado. Ahora, del referido informe se desprende que la autoridad responsable, expuso que dio respuesta a la solicitud que le fue presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para lo cual emitió el oficio número ***, de veintisiete de junio de la presente anualidad, que fue notificado en treinta de junio siguiente; al efecto, anexa las constancias relativas. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la omisión de emitir la respuesta al escrito que presentó el quejoso (y otra) el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, respecto de: Que se cumpla la suspensión y con lo rendido en el informe justificado y se le reinstale el servicio de agua potable en su domicilio, ya que no está en condiciones para guardar el agua que se les proporciona, al tener solo una reserva de agua de casi doscientos litros; Que el cortarle el suministro de agua es un delito, pues está incumpliendo con la suspensión definitiva; ya que si bien ésta no se le otorgó, ello fue porque en su informe previo negó que el agua se le cortaría, lo cual es falso, ya que se le ha enviado (facturas de cobro) con la leyenda "PROGRAMADO PARA REDUCCIÓN". Ahora, de las manifestaciones hechas valer por la autoridad responsable en su informe justificado, así como de la constancia que exhibió anexa a éste, la cual adquiere valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el aquí quejoso y otra, presentaron ante la responsable una petición de que se les reinstale el servicio de agua en forma completa, entre otras cuestiones. El veintisiete de junio de la presente anualidad, la autoridad responsable emitió el oficio número ***, por el que da respuesta a la solicitud. El treinta de junio de dos mil veintiuno, lo anterior fue notificado a la parte interesada, aquí quejoso. Lo que pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, y le fue notificado, con ello se restituyó su derecho de petición y cesaron los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ****. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del trece de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.
- Principal
Visto el escrito remitido electrónicamente por el gerente Comercial de la Junta Municipal de Agua Potable de Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos, y al efecto informa que el nueve de junio de la presente anualidad, recibió el oficio 4601/2021, por el que se le solicitó su informe justificado. En ese sentido, se encuentra trascurriendo el término establecido en el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que la autoridad oficiante rinda su informe de ley.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable gerente Comercial de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Guanajuato, no ha rendido su informe justificado, ni obra en el sumario constancia (acuse de recibo) de que hubiera recibido el oficio mediante el cual se le solicitó. En razón de lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, reexpídase la misiva a la citada autoridad vía ordinaria para que esté en aptitud de rendir su informe de ley. Sin perjuicio de lo anterior, gírese telegrama a la citada autoridad para que de inmediato informe si ya recibió el oficio 4601, a través del cual se le notifica el auto de trece de mayo de la presente anualidad y se le requiere su informe justificado; debiendo señalar la fecha y día en que ello aconteció. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 158 y 237, fracción I de la ley de la materia. Por ende, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y se señalan las trece horas con veinte minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, para su desahogo.
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