Jose Antonio Gonzalez Montes de Oca

Expediente 751/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
751/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2016

Partes del expediente

  • Jose Antonio Gonzalez Montes de Oca

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales que haya lugar el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México, al que anexa el escrito presentado por Manuel Alejandro Villa López; y en atención a su contenido, glósese a los autos sin mayor acuerdo, en razón de que no cuenta con personalidad en éste juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Antonio González Montes de Oca, contra actos del Delegado de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Morelos, y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 751/2016-I-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, de la ley en consulta, consecuentemente, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese orden de ideas, el acto reclamado consistente en la molestia que le ocasionan las autoridades responsables al detenerlo en diferentes retenes establecidos en las carreteras por las que ha circulado, a criterio de este juzgador constituye un acto netamente administrativo, que dice el impetrante que se emitió y puede ser ejecutado por autoridades administrativas, discernimiento evidentemente jurisdiccional. En el caso de estudio, el promovente de amparo afirma que lo siguiente: ".1.- En fecha 14 de febrero de 2016, el suscrito fui detenido por la policía Federal de Caminos a la altura del crucero de Alpuyeca en carretera federal Alpuyeca-Cuernavaca, poniendo a disposición mi vehículo que según tenia reporte de robo, y que responde loa marca VOLKWAGEN, TIPO GOLF, MODELO 1991, MOTOR 2K044162, NUMERO DE SERlE lGMM93262S, PLACAS LSFS300 DEL ESTADO DE MEXICO, toda vez que se me argumento que según la CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FRV01/299/2016, sin embargo al acreditarse la propiedad y la diferencia entre el motor que se dijo ahora robado se dejó en libertad al suscrito y se liberó el vehículo, sin embargo las autoridades señaladas como responsables han estado parando al suscrito en diferentes retenes establecidos en las carreteras por las que he circulado, resultando que de los diversos actos de molestia desconozco cuál es la situación jurídica que existe en contra del suscrito y las condiciones por las que me encuentro siendo molestado en posesión, ya que desde que fui detenido y dispuesto a disposición tengo temor fundado de que se vuelva a repetir otro acto arbitrario en mi agravio razón por la que solicito la intervención de esta autoridad federal a efecto de que paren los actos de molestia que se ejecutan en contra del suscrito tanto en mi domicilio como en mi posesión del vehículo." De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de la Materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Luego si el quejoso reclama la molestia que le ocasionan las autoridades responsables al detenerlo en diferentes retenes establecidos en las carreteras por las que ha circulado, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de peticionario del amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. En esa tesitura, precisando que los retenes se hacen en total sigilo y bajo el elemento sorpresa por cuestiones de seguridad, de donde no es creíble que la parte quejosa haya tenido conocimiento de tal acontecimiento, dado que como se expresó en líneas que anteceden, los retenes se llevan a cabo con total sigilo, además de realizarse en forma pronta e inmediata, motivos por los cuales, no resulta factible que se le hubiere notificado o hecho de su conocimiento, y así promover el juicio de amparo contra la orden reclamada. Señalado lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales y sus efectos son restituir a los agraviados en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o., 73 y 77 de la ley de la materia, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5o., fracción I, de la ley de la materia y el acto que aquí se pretende combatir aún no se ha materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, promovida por José Antonio González Montes de Oca. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada para oír notificaciones así como para los efectos ahí mencionados a las personas que indica. En congruencia con lo anterior, con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial de la adscripción realice las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en el presente sumario. Finalmente, cabe indicar que las resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo constituyen una información pública, en términos de los artículos 8o. y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Por lo tanto, hágase de su conocimiento que queda expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8o. del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente.

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