Jose Antonio Gonzalez Garcia

Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
356/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Jose Antonio Gonzalez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos la razón actuarial levantada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual se hace constar la notificación al quejoso José Antonio González García, del proveído de quince de ese mes y año, así como las manifestaciones que al respecto formuló el aludido agraviado. Ahora bien, toda vez que de la razón actuarial levantada por el diligienciario de la adscripción el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se desprende que el directamente agraviado José Antonio González García, manifestó ante la presencia judicial que "no es su deseo señalar como autorizado a Francisco Javier Ramos R.; ni al que en su momento designe el Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública; así como también no es su deseo continuar con la tramitación de este juicio de amparo"; en consecuencia, en relación con la manifestación del quejoso, en el sentido de que no es su deseo continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, en el cual que se desechó la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública de San Luis Potosí, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, designa a Roberto Gómez Maravilla, como representante del quejoso José Antonio González García, a efecto de que le explique el sentido del auto de desechamiento de la demanda de amparo dictado por este juzgado el nueve de abril del año en curso, y de esta manera, dicho agraviado pueda comprender el contenido del mismo. Ahora bien, en virtud de las manifestaciones vertidas por el quejoso en la razón actuarial de cuenta, mediante oficio que se gire al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública de San Luis Potosí, comuníquesele que se deja sin efectos la designación del representante del referido inconforme; por tanto, no ha lugar a requerir la aceptación del cargo conferido. Notifíquese, y hágase personalmente al quejoso.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, particularmente el escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso actualmente se encuentra privado de su libertad y recluido en el Centro de Reinserción Social Número Uno "La Pila", en esta ciudad. En ese contexto, dicha circunstancia lo coloca en un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en el referido centro de reclusión le impide enfrentar, por lo menos en forma directa, las etapas que se susciten con la tramitación del presente juicio constitucional, además de que no señaló en su demanda de amparo abogado que lo represente en el mismo. En consecuencia, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y que esté en posibilidad de comprender el auto de desechamiento decretado en este asunto, gírese atento oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en San Luis Potosí, acompañándole copia de la demanda de amparo, del acuerdo de desechamiento y de este proveído, a efecto de que tenga a bien designar un asesor jurídico, que funja en este asunto como representante del quejoso José Antonio González García, para que en términos del artículo 12 de la Ley de la materia, lo asesore en relación con lo resuelto en el citado auto de nueve de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXIV.2º. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible a foja 1616, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." Notifíquese; y personalmente al promovente.

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