José Antonio García Retana
Expediente 1174/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio García Retana
Actuaciones
- Principal
Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, pues en el proveído que se impugna, este órgano de control constitucional desechó la demanda de amparo promovida por el impetrante, al considerar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIX y XXIII, ésta última en concordancia con el numeral 107, fracción III, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Atenta a lo expresado en el párrafo que precede, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en Turno, con residencia en Guanajuato capital, copia certificada del juicio en que se actúa. Sin que sea el caso requerir a la parte recurrente, para que manifieste las constancias que en copia certificada habrán de remitirse para la substanciación del recurso de mérito, toda vez que en el ocurso de cuenta señaló dichas constancias.
- Principal
Parte quejosa cumple con prevención. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto del acto reclamado descrito en el inciso a) se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que existe en trámite un recurso con relación al acto reclamado que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el mismo. Del precepto y fracción transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese sentido, de lo manifestado por el propio quejoso tanto en su demanda de amparo como en el escrito aclaratorio, se advierte la existencia del recurso de inconformidad S.G./ R.I.- 01/2023, interpuesto en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que dio inicio el procedimiento administrativo de responsabilidad notarial SG.SSSC/11.5/86-009/2019. En efecto, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, se advierte que en el pasado nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso José Antonio García Retana, el cual fue registrado bajo el número S.G./ R.I.- 01/2023, en contra de la iniciación del procedimiento administrativo de responsabilidad notarial citado, mismo que aún se encuentra pendiente de resolver y en el que hizo valer, como agravio, que dicho procedimiento ya se encuentra caduco. En ese contexto, con motivo del recurso de inconformidad, dicho medio de impugnación pudiera tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en el inciso a) en este sumario constitucional consistente en la iniciación y continuación del procedimiento administrativo de responsabilidad notarial número SG.SSSC/11.5/86-009/2019; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado descrito en el inciso b), se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción III, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es criterio reiterado de los Tribunales Federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Bajo ese contexto, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" deberá atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, la parte quejosa reclama la negativa de concederle la suspensión del acto reclamado, dentro del recurso de inconformidad S.G./ R.I.- 01/2023, interpuesto en contra de la iniciación y continuación del procedimiento administrativo de responsabilidad notarial, acto respecto del cual resulta improcedente el juicio de amparo ya que no constituye la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no se trata de un acto dentro de éste que afecte materialmente derechos sustantivos del quejoso. Lo anterior es así, pues dicha determinación únicamente produce efectos procesales en el procedimiento de origen seguido en forma de juicio, consistentes en que se dicte la resolución definitiva en el mismo, al no haberse concedido la suspensión en el recurso de inconformidad interpuesto en contra del inicio de dicho procedimiento, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. Y en caso de que sea adversa la resolución definitiva, está en aptitud de hacer valer los medios de defensa previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y, en su caso, solicitar la suspensión en términos de dicha ley, a fin de paralizar la ejecución de la sanción que en su caso se le imponga en el procedimiento de responsabilidad notarial. Máxime que de las manifestaciones del impetrante, se advierte que a la fecha continúa desempeñando su cargo como notario público, lo que robustece que el acto que reclama no vulnera materialmente derechos sustantivos y, por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo en su contra. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, y por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de dicha ley, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se ordena generación de versión pública de resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Lo anterior, toda vez que en el capítulo respectivo indica que se trata de "la violación al debido proceso legal, al no haberse ceñido a los plazos procesales que indican la norma que rige el acto. Por consiguiente, retraso manifiesto en la impartición de justicia.", sin embargo, de los antecedentes se advierte que el recurso de inconformidad cuya negativa de conceder la suspensión reclama, ya se encuentra en trámite, por lo que dicho retardo de impartición de justicia ya cesó, sin que se advierta algún otro retardo una vez ya admitido el citado recurso de inconformidad; aunado a que solicita la suspensión del acto para que cesen las dilaciones en las que han incurrido las autoridades responsables, sin embargo, no precisa cuáles son dichas dilaciones, de ahí que resulta necesario aclare ese acto. Asimismo, deberá precisar qué acto en concreto le reclama al Director General de Registros Públicos y Notarías, toda vez que manifiesta que le reclama el no haberse pronunciado sobre la caducidad del procedimiento administrativo de responsabilidad notarial, ante lo cual, ya interpuso el recurso de inconformidad, mismo que se encuentra en trámite y cuya negativa de conceder la suspensión reclama, por lo que deberá aclarar el acto que de manera autónoma le atribuye a dicha autoridad. Relate bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada los antecedentes del acto reclamado, toda vez que los que relata en su ocurso resultan insuficientes, entre ellos: En qué sentido fue resuelto o en qué estado procesal se encuentra el procedimiento de imposición de sanciones SS.SS./11.5/86-009/2019. Contra qué acuerdo o resolución interpuso el recurso de inconformidad, en términos de los artículos 226 y 227 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, radicado bajo el expediente S.G./ R.I.- 01/2023. Indique si actualmente continúa ejerciendo su función como Notario Público Número 28 en esta ciudad. Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo, salvo que el cumplimiento respectivo lo realice vía electrónica. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario ******************** se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Asimismo, designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 a ********************, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. VI. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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