José Antonio García Martínez
Expediente 1096/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Antonio García Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se comisionó al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que, se constituyera en el domicilio ubicado en ********************, con la finalidad de notificar de manera personal a la solicitante de amparo, el oficio mediante el cual se informó que se debía constituir ante las instalaciones de la autoridad responsable: Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, a efecto de que la autoridad responsable se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y le reciba la solicitud de la regularización del trámite migratorio a la referida quejosa; sin embargo, se dejó citatorio para que compareciera a este juzgado y se pudiese llevar a cabo la notificación de manera personal, sin que la quejosa compareciera y en consecuencia, se le notificó el referido auto por listas. Ahora bien, toda vez que no obra en autos información sobre la comparecencia de la quejosa ante la autoridad responsable, a efecto de que ésta última dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si la quejosa acudió ante la misma, y de ser el caso, informe el resultado de dicha comparecencia, en la inteligencia que de no hacerlo o no informar las causas que se lo impidan, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese: por oficio a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México y por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a *****, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que enseguida se precisan: Autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México. Acto reclamado Autos de veintidós y veintiséis de junio, ambos de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente 608/2023 relativo al juicio en vía de apremio, del índice del juez responsable. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...). En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado, es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y, con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En la inteligencia de que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o la evidencia criptográfica de la parte promovente, cuando se presente por medios electrónicos. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, además de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento. En ese tenor, es la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital; o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3 de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que, quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, los artículos 3, 6 y 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo de ocho de junio de dos mil veinte, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica, en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Asimismo, que cada documento electrónico que se reciba contendrá una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J.8/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. En la especie, la demanda de amparo fue presentada, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, presuntivamente por el quejoso ******************** Sin embargo, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica de la parte quejosa a que se refiere el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio de dos mil veinte. En ese sentido, al no advertirse de la demanda de amparo la manifestación de voluntad del promovente para acudir a la presente instancia constitucional, ya que la demanda de amparo, presentada en línea, carece de la firma electrónica (evidencia criptográfica) con la cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del quejoso. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción que establece el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la propia ley. En efecto, no pasa inadvertido que la demanda que se atiende, es acompañada de la firma electrónica de diversa persona; sin embargo, ello no actualiza la excepción a que se refiere el párrafo anterior, pues del propio escrito inicial, se desprende que el quejoso se encuentra en libertad, por lo que no tiene impedimento alguno para suscribirla y, con ello, dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional. En tales condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notificación personal y requerimiento de domicilio No obstante que el quejoso señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio ubicado fuera de la residencia de este juzgado de distrito, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. ********************, y le haga del conocimiento el presente auto. Asimismo, deberá requerirle para que, en el momento de la diligencia respectiva o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Consulta de expediente electrónico Finalmente, en cuanto a su solicitud de consultar el expediente electrónico mediante el usuario que proporciona, se tiene por autorizada, toda vez que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó dicho usuario, en términos del Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por consiguiente, se ordena a la oficial judicial "A" efectuar el registro interno del usuario que proporciona el promovente para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de ocho de septiembre de dos mil veintitrés y por esta vía se notifica al quejoso José Antonio García Martínez el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el cual, en lo que interesa, señala: (.) En la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, (.) Sin embargo, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica de la parte quejosa a que se refiere el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio de dos mil veinte. En ese sentido, al no advertirse de la demanda de amparo la manifestación de voluntad del promovente para acudir a la presente instancia constitucional, ya que la demanda de amparo, presentada en línea, carece de la firma electrónica (evidencia criptográfica) con la cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del quejoso. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción que establece el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la propia ley. En efecto, no pasa inadvertido que la demanda que se atiende, es acompañada de la firma electrónica de diversa persona; sin embargo, ello no actualiza la excepción a que se refiere el párrafo anterior, pues del propio escrito inicial, se desprende que el quejoso se encuentra en libertad, por lo que no tiene impedimento alguno para suscribirla y, con ello, dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional. En tales condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
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