José Antonio García Leyva
Expediente 299/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Antonio García Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, se declara que la aludida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, envíese al archivo.
- Principal
...RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por José Antonio García Leyva, contra actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.- Notifico la resolución que antecede por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado de mi adscripción al quejoso José Antonio García Leyva, y a la tercera interesada Residencias Mejoradas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el primero por así habserlos señalado para oír y recibir notificaciones, y la última en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia constitucional de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, lo anterior con fundamento en los articulos 27, fracción I y II, en ralación con el 29 de la ley de Amparo Vigente
- Principal
Agréguese oficio signado por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto número 362/2017-IV, con número de orden 460/2017-IV, del índice de este juzgado... vista la certificación y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que... lo procedente es diferir la audiencia constitucional programada para hoy, por lo que se señalan las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete, para su verificativo.
- Principal
Acapulco, Guerrero, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito del quejoso José Antonio García Leyva, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo respecto a los conceptos de violación. Ahora bien, a efecto de determinar sobre la procedencia de la ampliación de demanda que plantea el quejoso, es necesario realizar una breve reseña de algunos de los antecedentes que informan el presente juicio de amparo. En tal sentido, importa destacar que la parte quejosa en la demanda de amparo, señaló como actos reclamados de las autoridades que precisó como responsables los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1. DELEGADO EN EL ESTADO DE GUERRERO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 2. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 3. VICTOR MANUEL ROQUE ZÁRATE, "CONCILIADOR PERSONAL" ADSCRITO A LA DELEGACIÓN GUERRERO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. TODOS CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO. La omisión, en el ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, de girar el oficio a la autoridad exactora para que haga efectiva la sanción económica impuesta a Residencias Mejoradas S.A. de C.V., a efecto de ejecutar la resolución definitiva dictada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el procedimiento por infracciones a la ley radicado con el número de expediente PFC.GRO.B.3/001515-2015. Del Delegado destacadamente también se reclama la omisión de vigilar que se cumpla la resolución definitiva dictada en el procedimiento antes indicado. En auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se admitió por este órgano jurisdiccional la demanda de amparo, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado; se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional En proveído de diecinueve de abril del año en curso, se tuvo rindiendo su informe justificado al Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guerrero, con residencia en esta ciudad, al Jefe de Departamento de Servicios y al Conciliador, ambos dependientes de la mencionada Procuraduría, y se dio vista a las partes por el término de ocho días para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Mediante escrito de cuenta presentado el tres de mayo de la presente anualidad en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el quejoso, propuso ampliación a la demanda de amparo respecto a los conceptos de violación, fundándose para ello, en el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifestando lo siguiente: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN: ÚNICO. En el presente juicio se señaló como acto reclamado esencialmente La omisión, en el ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones de las autoridades señaladas como responsables, de girar el ofició a la autoridad exactora para que haga efectiva la sanción económica impuesta a Residencias Mejoradas S.A. de C. V, a efecto de ejecutar la resolución definitiva dictada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el procedimiento por infracciones a la ley radicado con el número de expediente PFC.GRO.B.3/001515-2015. Asimismo, del Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guerrero, destacadamente también se reclamó la omisión de vigilar que se cumpla la resolución definitiva dictada en el procedimiento antes indicado. Sin embargo, al rendir de manera conjunta su informe justificado las responsables pretenden justificar esa actitud omisiva, con el argumento de que "no se ha girado oficio a la autoridad exactora para que proceda a hacer efectivo el cobro de multa impuesta (...) ya que el C. Hugo Cabeza de Vaca Uribe, representante legal d RESIDENCIAS MEJORADAS S.A. de C. V. el día 26 de octubre de 2016 interpuso demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de la resolución administrativa de fecha 19 de mayo del año 2016 del expediente administrativo PFC.GRO.B.3/001515-2015, asignándole el juicio de nulidad número 26889/16-17-11-6, por lo que hasta que no se cuente con sentencia definitiva no se puede ejercer acción alguna para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta." (Lo resaltado es propio) Sin embargo, tal actitud sin duda alguna transgrede nuevamente el artículo 17 Constitucional, pues en modo alguno la existencia del juicio de nulidad puede tener por alcance que las responsables suspendan motu proprio la ejecución de la sanción impuesta, habida cuenta que ni aquellas ni la persona moral sancionada han acreditado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hubiera otorgado la suspensión del acto impugnado. En efecto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece el procedimiento que se debe seguir para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, concretamente los artículos 24 y 28 de dicha legislación establecen: 'ARTÍCULO 24. "ARTÍCULO 28. Como se advierte, la ley que rige el juicio de nulidad establece diversos requisitos y condiciones para que proceda ordenar la suspensión del acto administrativo impugnado. De lo que se sigue, que ello no puede quedar al arbitrio de la autoridad administrativa, como en el caso acontece, en que la Delegación Guerrero de la PROFECO ordena por sí misma y solamente con la promoción del juicio, la suspensión de la sanción que impuso al proveedor RESIDENCIAS MEJORADAS S.A de C.V., sin que así se lo hubiera ordenado la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en virtud de la suspensión del acto irnpugnado, la cual no acredita que hubiera sido otorgada a la citada persona moral en el juicio de nulidad 26889/16-17-11-6. Dicho actuar de las responsables, como se dijo, resulta violatorio del derecho fundamental de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin justificación legal alguna suspendieron la ejecución de la resolución definitiva dictada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el procedimiento por infracciones a la ley radicado con el número de expediente PFC.GRO.B.3/001515-2015; a pesar de que no está acreditado que en el juicio de nulidad interpuesto por la sancionada se hubiera otorgado la suspensión del acto impugnado. Luego, resulta procedente se concede el amparo para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan, sin dilación alguna y de manera diligente, a ejecutar la sanción impuesta." Establecido lo anterior, a efecto de determinar si es procedente la pretensión de la parte quejosa, en cuanto a la admisión de la ampliación de demanda, es importante destacar que el amparo es un medio de control constitucional instituido para proteger a los gobernados que lo soliciten contra los actos de las autoridades que violan sus garantías individuales, cuya tramitación, decisión y ejecución está supeditada a la observancia de actos y formas concatenados entre sí, de modo que la estructura del juicio de amparo guarda particularidades que escapan al examen bajo las perspectivas o lineamientos del sistema de la teoría general del proceso o del derecho procesal clásico, en la medida en que está regulado por normas jurídicas especiales y distintas a las que rigen otros ordenamientos procesales. En esa tesitura, los elementos procesales que constituyen la materia del litigio se integran con los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda (y por extensión en el escrito de ampliación), los fundamentos del acto reclamado y los aducidos en el informe con justificación que vincula al órgano jurisdiccional a emitir pronunciamiento sobre las cuestiones debatidas. En efecto, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del numeral transcrito se infieren como reglas para la procedencia de la ampliación de demanda las siguientes: 1. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no se hayan rendido los informes justificados. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda. 2. Después de rendidos los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de los informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama. La ampliación, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo previsto en la Ley de Amparo para la demanda principal. 3. Que en ninguno de los supuestos señalados se haya celebrado la audiencia constitucional. De lo anterior se obtiene que la condición fundamental para ejercer la ampliación de la demanda, por regla general, estriba en que no hubieran transcurrido los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, según se trate, a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, y de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional. Luego, la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, de lo expuesto en el escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolverse, siempre que su inclusión se estime indispensable para dar una solución adecuada al conflicto que se le plantea, por lo cual forma parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial. Asimismo, debe tenerse en consideración que los hechos sobrevenidos son aquéllos susceptibles de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis; por tanto, debe determinarse si el hecho de que se trate se encuentra comprendido en el núcleo de los actos originalmente combatidos, surgido, incluso, de una autoridad distinta a las señaladas como demandadas, a efecto de establecer si efectivamente se trata de un hecho superveniente o de un acto derivado de un hecho nuevo, aun cuando se le atribuyan los mismos vicios de inconstitucionalidad que a los reclamados en la demanda relativa. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro 183932, del texto y rubro siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora, como se apuntó en párrafos precedentes, en el presente juicio de amparo se advierte que de manera toral el peticionario del amparo reclamó en su escrito inicial de demanda la omisión de girar el oficio a la autoridad exactora para que haga efectiva la sanción económica impuesta a Residencias Mejoradas, S.A. de C.V., proveedor en la queja o reclamación número PFC.GRO.B.3/001515-2015. En tanto que en su ampliación de demanda respecto de sus conceptos de violación sólo establece que de lo informado por las responsables en su informe con justificación al manifestar que el aquí quejoso interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución administrativa dentro del mencionado procedimiento, transgreden nuevamente el artículo 17 Constitucional, pues en modo alguno la interposición del juicio de nulidad suspende la ejecución de la sanción impuesta. Sobre esas bases, lo anterior no se trata de hechos supervenientes, entendidos como aquéllos susceptibles de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis; que pudieran presentarse o advertirse después de rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, sino como se ha señalado en el presente acuerdo, son manifestaciones vertientes a desvirtuar lo informado por las responsables. En tales condiciones la ampliación es improcedente, pues el quejoso no se encuentra en ninguno de los supuestos que marca la ley, ya que del escrito que se provee se desprende que pretende realizar nuevos conceptos de violación por considerar que lo informado por las autoridades responsables son nuevos actos que guardan estrecha relación a los reclamados en la demanda inicial, lo que en la hipótesis no se configura. Además, permitir tantas ampliaciones, implicaría desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo, haciéndolo interminable, sin limitación específica, en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, cobra aplicación por analogía y en lo conducente, la tesis aislada I./9o.A.1 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1283, libro XV, Tomo 2, diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, del texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO PRETENDEN IMPUGNARSE NUEVOS ACTOS POR CONSIDERARLOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL SEÑALADO INICIALMENTE, PERO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. De la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", se colige que la citada figura procede en el amparo indirecto, en los siguientes casos: 1. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; 2. Cuando se fundamente o motive el acto reclamado en el informe justificado; y, 3. Cuando el quejoso tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados, y puede recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. En ese orden de ideas, dicha ampliación es improcedente cuando pretenden impugnarse nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, pero se reclaman por vicios propios -verbigracia, por encontrarse indebidamente fundados y motivados-, pues es claro que se trata del planteamiento de nuevos conceptos vinculados con actos distintos a los reclamados inicialmente que no pueden formar parte de la litis constitucional pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de garantías." Atento lo anterior, no ha lugar a tener por ampliada la demanda de garantías que motivó la instauración del asunto en que se actúa. Empero, no obstante a lo anterior, se le tiene desahogando la vista ordenada en proveído de diecinueve de abril del año en curso, con el informe justificado rendido por el Delegado Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guerrero, con residencia en esta ciudad, el Jefe de Departamento de Servicios y el Conciliador, ambos dependientes de la mencionada Procuraduría, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de la Materia, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos esgrime, sin perjuicio de su relación el día de la audiencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. En cumplimiento a lo ordenado en líneas que anteceden, notificof al quejoso JOSÉ ANTONIO GARCÍA LEYVA, el proveído de cuatro de mayo del año en curso, mediante lista publicada en los estrados del juzgado de mi adscripción.
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