José Antonio García Florean

Expediente 213/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
213/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • José Antonio García Florean

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y, que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el artículo séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con treinta y cinco minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 213/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) auto preventivo de siete de marzo del año en curso (iii) acuerdo de veintitrés de marzo del presente año, donde se admite a trámite la demanda de amparo (iii) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno, por lo que se cierra este período para pasar al de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno, por lo que se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 213/2023 promovido por José Antonio García Florián, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES En consideración del quejoso José Antonio García Florián, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de la libertad ambulatoria sin justificación alguna, porque aduce que no ha cometido algún delito. El disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Antonio García Florián, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. En proveído de siete de marzo del presente año, se previno a la parte quejosa, registrando la demanda con el progresivo 213/2013; una vez que se cumplió con la prevención contenida en dicho auto el veintitrés de marzo de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, del contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Oaxaca, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra, su ejecución material por parte del el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones y al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial En El Estado De Oaxaca. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridad responsable Sentido del informe El Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Niega El Juez Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. Niega El Juez Segundo para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. Niega El Juez Tercero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. Niega El Juez Cuarto para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. Niega Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca. Niega El Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. Niega Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio García Florián, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, por rendido su informe justificado; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Notifíquese.

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