Jose Antonio Galvez Aiza
Expediente 687/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jose Antonio Galvez Aiza
Actuaciones
- Principal
TÉNGASE AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE ESTE CIRCUITO, REMITIENDO COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DE EJECUTORIA DICTADA EN SESIÓN DE 25 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL CUAL RESOLVIO: "ÚNICO: ES FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA..."
- Principal
SE TIENE AL QUEJOSO INTERPONIENDO RECURSO DE QUEJA, EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, POR ENDE HAGASE DEL CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN TURNO DE ESTE CIRCUITO QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito inicial de demanda que promueve José Antonio Gálvez Aiza, en su carácter de representante legal de Hilos y Acrílicos de Tulancingo, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El promovente José Antonio Gálvez Aiza, en su carácter de representante legal de Hilos y Acrílicos de Tulancingo, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE. "La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD." ACTO RECLAMADO. "La orden, mandato, acuerdo o resolución emitido por la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, para SUSPENDER EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA al suscrito, dado que soy el representante legal (titular) de la cuenta con servicio número 26510030613, con domicilio ubicado en (.), pues el día dos de junio del año en curso, se presentaron varias personas sin identificarse, diciendo que trabajan para la Comisión Federal de Electricidad división centro oriente, de la zona de Tulancingo, para cortar el suministro de energía eléctrica porque traían una orden y que además iban a realizar una verificación, sin contar con ningún mandato escrito; no obstante lo anterior, les permití el acceso, dado que me encuentro al corriente en los pagos del consumo de energía eléctrica y las instalaciones cumpliendo con las normas, al no encontrar con ninguna irregularidad dichas personas insistieron en que iban a cortar el servicio, sin ningún motivo ni razón; a lo que me opuse y se retiraron diciendo que iban a regresar a suspender el servicio (.)" SEGUNDO. Este órgano de control constitucional considera que la acción de amparo intentada resulta notoriamente improcedente, ello en atención a lo estatuido por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." La hipótesis de improcedencia del juicio de amparo contenida en la fracción transcrita se refiere al principio de definitividad cuando en el juicio se reclaman actos dictados por autoridades administrativas, distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, el último párrafo de la disposición en comento prevé la posibilidad de no agotar los medios de impugnación cuando el acto reclamado carece de fundamentación, lo que atiende a la posibilidad de que el peticionario de amparo desconozca el ordenamiento legal que se le esté aplicando y, por ello, quede en indefensión al no poder determinar con precisión el medio de impugnación que pueda hacer valer. Ahora, cuando el acto reclamado no adolezca de esa ausencia de fundamentación y la ley que lo rige prevé algún medio de defensa legal que pueda tener por efecto la modificación, revocación o nulidad del acto impugnado, previo a instar el juicio de amparo, dicho medio debe agotarse, siempre y cuando su interposición pueda suspender los efectos del acto impugnado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Ahora, el ordinal 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que: "Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." De lo transcrito se desprende que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, siendo que el afectado por las resoluciones administrativas que dicten dichas autoridades, podrá interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo que conduce entonces a advertir que contra el acto reclamado, el cual se hizo consistir en la orden, mandato, acuerdo o resolución por virtud del cual le será suspendido el servicio de energía eléctrica al hoy promovente del amparo, procede el recurso de revisión, y que si bien su interposición es optativa, de decidir no agotarlo, el gobernado debe promover el juicio de nulidad, y sólo para el caso de que decida interponer el citado recurso, una vez resuelto éste, debe iniciarse el juicio de nulidad de referencia. Ello es así, dado que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal conforme a la Constitución Federal, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva; de ahí que todos los actos efectuados por dicha Comisión relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, sean de orden público y se entiendan desplegados por el Estado. En este orden de ideas, se afirma que el juicio de nulidad debe agotarse, porque la expresión "podrá" contenida en el tercer párrafo del artículo que se analiza, debe entenderse como obligatoriedad, pues en el ámbito legislativo el verbo "poder" no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, alternatividad u opción sino que, en ocasiones, como en el caso, se utiliza en el sentido connotativo de "obligatoriedad" pues en tal hipótesis se entiende como un deber, ya que de no ejercer la facultad impugnativa, tiene efectos preclusivos y de consentimiento del acto que pudo ser cuestionado. Cobra aplicación al caso por analogía la jurisprudencia XX.10. J/48, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 598, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA ESTAR EN APTITUD DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA QUEJOSA DEBE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD AUN CUANDO HAYA HECHO VALER EN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." Por otra parte, el diverso numeral 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé: "Artículo 87. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." Como se ve, la ley que rige al juicio de nulidad no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues aquélla legislación establece que la medida cautelar puede concederse en el mismo auto que admite la demanda o dentro de los cinco días siguientes, y para ello, debe solicitarla el recurrente, y no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público o se ocasionen daños o perjuicios a terceros. Y cuando se trate de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. Así, los mencionados requisitos no son mayores que los previstos por los artículos 128 y 135 de la Ley de Amparo, este último tratándose de créditos fiscales. Por lo que no se actualiza la diversa excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Todo lo anterior, encuentra apoyo en la tesis 2a. CVI/2014 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1093, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, de contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." En las relatadas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por José Antonio Gálvez Aiza, en su carácter de representante legal de Hilos y Acrílicos de Tulancingo, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad. TERCERO. Asimismo, téngase por reconocidas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Adrián Liborio Morales (2919989), por tener registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal; y como autorizados sin reconocerle las facultades previstas en dicho numeral a Guadalupe López Barrera y Patricia Rodríguez García, por no tener registrada su cédula profesional en dicho módulo. De igual manera, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas de este Juzgado Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 112 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se desecha de plano la demanda de derechos promovida por José Antonio Gálvez Aiza, en su carácter de representante legal de Hilos y Acrílicos de Tulancingo, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad. SEGUNDO. Téngase como autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, a los profesionistas y lugar que indica, en términos del considerando tercero. Notifíquese.
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