José Antonio Galvan Martinez

Expediente 1306/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1306/2021
Año
2021
Actuaciones
40
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Jesus Reyes Najera
  • José Antonio Galvan Martinez
  • Gabriel Andres Campoli
  • Javier Gamaliel Guzman Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1306/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal oral 277/2021, en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por el delito contra las instituciones de seguridad pública, previsto por el artículo 371 fracción V del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de la seguridad pública, a través de su apoderada legal Miriam Barrientos Ríos; y Alfredo Anota Málaga e Isidro Rodríguez de la Cruz, así también por el delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 473 fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. 2). Hecho lo anterior, reitere las consideraciones respecto al delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. Protección constitucional que se hace extensiva a la autoridad responsable 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz y al acto que se les reclama consistente en la ejecución de la prisión preventiva oficiosa a que se encuentran sujetos los quejosos al haber sido impugnada ésta únicamente como consecuencia del auto de vinculación reclamado y dado que una vez que la autoridad responsable se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica de los impetrantes de garantías deberá establecer lo que corresponda respecto a la medida cautelar que, en su caso, corresponda aplicar. Asimismo, se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, Leticia Sánchez Vargas, Fiscal Séptima adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 285/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los justiciables. En consecuencia, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables 1. Juez de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz y 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 1412 el 1. Juez de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió a este juzgado la resolución en versión escrita emitida el primero de abril del año en curso y, posteriormente, por diverso oficio 1482 de esa misma fecha remitió copia certificada de la resolución de auto de vinculación de esa data, así como un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio C00342023 correspondiente a la citada audiencia de fecha uno de abril del año en curso, en relación al proceso penal 277/2021, que se instruye en contra de los justiciables. De la resolución que nos ocupa, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal oral 277/2021, en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por el delito contra las instituciones de seguridad pública, previsto por el artículo 371 fracción V del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de la seguridad pública, así también por el delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 473 fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. Asimismo, reiteró las consideraciones respecto al delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, fundando y motivando su decisión. Lo anterior es así toda vez que en relación al delito contra la salud previsto por el artículo 473 Fracción VI, el juez de Control responsable estableció que dicho numeral que señala para efectos de esta ley se entenderá por posesión la tenencia material de narcótico o cuando este se encuentre dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona, asimismo que el artículo 477, señala que se aplicara una pena de diez meses a diez años a quien posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior que resulte de multiplicar por mil, las previstas en dicha tabla, sin autorización a que se refiere esta ley, cuando por circunstancias del hecho, tal posesión, no puede considerarse destinada a comerciarlos o suministrarlos aun gratuitamente. En ese sentido, se advierte que el Juez de proceso manifestó que a criterio, se encuentran elementos para tener por acreditado el delito de contra la salud en la hipótesis de posesión simple de un narcótico, ello lo consideró así, porque cuenta con el informe policial homologado, que si bien es cierto la defensa que llevo a cabo la misma en la audiencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, y veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, señalaron algunas imperfecciones que obraban dentro del informe policial homologado el mismo no fue declarado nulo, por lo que primeramente, se consideró dar veracidad primeramente al informe policial homologado, en el cual señalaron que fueron levantados diversos indicios, dentro de los indicios se señaló que fue levantada una placa metálica que traía en su cuello el ciudadano José Antonio Galván Martínez, en un momento dado señalaron que Javier Gamaliel Guzmán Tapia se bajó del vehículo Bit color gris, y los agredió, pero también señalaron que pidieron hacer una revisión y realizaron una revisión al vehículo que portaban y en el cual en su interior encontraron treinta y seis bolsitas conteniendo hierba verde, y encontraron cincuenta bolsitas conteniendo un producto, que en el informe policial homologado señalaron que podría tratarse de heroína, en esa tesitura fue embalado. Así también, manifestó que existen dos dictámenes periciales que fueron marcando con el numero XALD13602 elaborado por la perito química forense Erika Yesenia Ortega Yépez en la cual señala que al analizar las treinta nueve bolsitas plásticas transparentes que tenían hierba seca color verde y al llevar el peso de la misma estableció que tenía un peso de 367.71 gramos peso neto y el peso bruto señalaron 389.47 gramos asimismo en el dictamen que se señaló como prueba número catorce y el cual es el dictamen 13606, en ese dictamen establece la perito Laura Ruth Izquierdo González que las cincuenta muestras de polvo gris oscuro corresponden a la metanfetamina consistentes en un peso de 9.75 gramos. En ese tenor la responsable planteó la existencia de esos dictámenes y que comparados con la tabla que da la ley general de salud en el artículo 479, determinó que sí la cannabis sativa tiene un peso de 367 gramos, esa cantidad excedía por demasía en un setenta por ciento más de lo que permite la ley general de salud, por lo que se está violentando lo que señala el artículo 479 de la ley general de salud, que puede traer un ciudadano para su consumo, que tal cantidad no rebasa y es competencia del fuero común, porque si se multiplica los cinco gramos que marca la ley por mil, se puede traer hasta cinco mil gramos; y, en este caso, fueron trecientos sesenta y siete gramos los que encontraron en poder de los procesados que señalan que se encontraba dentro del radio de acción, dado que se encontraba dentro del vehículo que señalan que traían en su poder el día en que fueron intervenidos. De igual forma, por cuanto a la metanfetamina el Juez de Control responsable manifestó que lo permitido son cuarenta miligramos y al ser encontrados 9.75 gramos, no llega la multiplicación por mil que señala la Ley General de Salud más sin embargo, si se rebasa, puesto que el dictamen 13606 sí rebasaba en demasía lo permitido por el artículo 479 de la Ley General de Salud. En ese sentido, el Juez de Control responsable consideró que si existían indicios suficientes, con los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación hasta el momento procesal en que fue realizada la imputación, que demuestran este hecho que pudiera tener la apariencia de delito de posesión simple de un narcótico considerado como la cannabis sativa, como se dijo anteriormente nada más están permitidos cinco gramos, al ver que son 367 gramos encontrados en cannabis sativa, rebasa en un 70 %, un setenta por ciento más lo permitido por la Ley General de Salud, y por cuanto hace a la metanfetamina también están permitidos cuarenta miligramos, por lo que los 9.75 gramos también rebasa en demasía; ello aunado a que existe también el señalamiento de los cuatro elementos de la policía estatal, que indicaron que estos indicios fueron encontrados en poder de los aquí quejosos José Antonio Galván Martínez, y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por lo que consideró que se encuentran indicios suficientes hasta ese momento que demostraron ese hecho con apariencia de delito. Asimismo se advierte que respecto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho que se imputa, el juez de Control señaló: ".Circunstancias de tiempo: siendo el día catorce de noviembre del año dos mil veintiuno aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. Circunstancias de lugar: Carretera costera del golfo 180, a la altura de la colonia Santa Lucía en Lerdo de Tejada Veracruz. Circunstancias de modo: que cuando los elementos de la secretaria de seguridad pública estaban realizando patrullaje sobre la carretera 180 les fue señalado por el conductor de un vehículo Bora color café, que había un retén a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el cual estaban dos vehículos con cuatro personas a bordo en el cual estaban realizando revisiones y amenazando a las personas, y al acudir estos elementos de la seguridad pública a atender el reporte ciudadano fue que localizaron nadamas a José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, en el cual Javier Gamaliel Guzmán Tapia se bajó del vehículo en el cual se encontraban y les disparo a uno de los elementos de la secretaria de seguridad pública, a la postre el ciudadano José Antonio Galván Martínez, quiso retirarse con dicha unidad arrancándola pero al fallarle el mismo avanzo un momento y después se le apago la unidad y fue que se bajó y agredió a otro de los elementos, uno de ellos le causo una lesión a uno de los elementos porque traía su chaleco; daño la placa metálica que traía en su chaleco, el ciudadano José Antonio Galván Martínez le rasgo la camisola a uno de los elementos por lo que se le da vida al delito de contra las instituciones de seguridad pública, después al realizarse la revisión en el vehículo que traían en su poder fue que se encontró dentro del mismo la cannabis sativa y la metanfetamina, la cual a la postre el 367.71 gramos rebasa en demasía la cantidad que señala el artículo 479 de la ley general de salud para la cannabis sativa y los 9.75 gramos de metanfetamina rebasa en demasía los 40 miligramos que permite la ley general de salud, nadamas por simple analogía los 40 miligramos a 9.75 gramos se rebasa en demasía esta cantidad." Por lo anterior expuesto, se advierte que el Juez con fecha veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, dejo insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal número 277/2021, del índice de este Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal; y, en su lugar dictó el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio Galvan Martinez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia; por la probabilidad de que hayan cometido o participado en un hecho que para la ley pudiera consistir en el delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, previsto en el numeral 371 quinquies del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de LA SEGURIDAD PUBLICA representada por la licenciada Miriam Barrientos Ríos, así como por el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESION SIMPLE DE MARIHUANA y METANFETAMINA, prevista y sancionada por los artículos 473 fracción VI, 477, 479 de la ley general de salud, cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. Así también, estableció como plazo de investigación complementario el término de un mes de investigación complementaria, la cual fenece el día primero de mayo del dos mil veintitrés, fecha en la cual comenzaran a correr el término de quince días que señala el artículo 324 del código nacional de procedimientos penales. Finalmente mediante oficio telegráfico remitido por el 2. Director del Centro de Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz informó que por diverso oficio 1373/2023 signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de este distritojudicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz fue notificado que se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno y en cumplimiento a la sentencia amparadora, con esa fecha de nueva cuenta se dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, en agravio de la Salud Publica, representado por su apoderada legal Miriam Barrientos Ríos, así como por el delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESIÓN SIMPLE DE MARIHUANA Y METANFETAMINA, cometido en agravio de la Salud Pública, dictado dentro del proceso penal 277/2021 del índice de ese Juzgado de Control, siendo ésta la situación jurídica actual como vinculados. De tal manera que procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en ese Centro. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir a los quejosos en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de fecha de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del proceso penal oral 277/2021 instruido en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, y en su lugar, dictó una nueva resolución en la que reiteró las consideraciones sobre el delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, subsanando los vicios de forma señalados en la sentencia, esto es, procedió a hacer la multiplicación por mil que establece la tabla en la ley respecto a la cantidad permitida respecto a la posesión simple de narcótico, lo que le permitió establecer que dicha cantidad si bien rebasa el límite permitido, se mantiene en el rango de competencia de la primera instancia, respecto del cual resulta competente, tal y como se advierte de las consideraciones anteriormente expuestas. Por su parte, la autoridad responsable 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz informó haber realizado las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en ese Centro sin que se hiciera modificación alguna respecto a la ejecución de la prisión preventiva oficiosa a que se encuentran sujetos los quejosos al haber sido impugnada ésta únicamente como consecuencia del auto de vinculación reclamado y dado que se dictó de nueva cuenta el auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos en los términos ya mencionados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de cuatro de enero de dos mil veintidós (fojas 40-44 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal oral 277/2021, en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por el delito contra las instituciones de seguridad pública, previsto por el artículo 371 fracción V del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de la seguridad pública, a través de su apoderada legal Miriam Barrientos Ríos; y Alfredo Anota Málaga e Isidro Rodríguez de la Cruz, así también por el delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 473 fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. 2). Hecho lo anterior, reitere las consideraciones respecto al delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. Protección constitucional que se hace extensiva a la autoridad responsable 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz y al acto que se les reclama consistente en la ejecución de la prisión preventiva oficiosa a que se encuentran sujetos los quejosos al haber sido impugnada ésta únicamente como consecuencia del auto de vinculación reclamado y dado que una vez que la autoridad responsable se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica de los impetrantes de garantías deberá establecer lo que corresponda respecto a la medida cautelar que, en su caso, corresponda aplicar. Asimismo, se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, Leticia Sánchez Vargas, Fiscal Séptima adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 285/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los justiciables. En consecuencia, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables 1. Juez de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz y 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 1412 el 1. Juez de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió a este juzgado la resolución en versión escrita emitida el primero de abril del año en curso y, posteriormente, por diverso oficio 1482 de esa misma fecha remitió copia certificada de la resolución de auto de vinculación de esa data, así como un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio C00342023 correspondiente a la citada audiencia de fecha uno de abril del año en curso, en relación al proceso penal 277/2021, que se instruye en contra de los justiciables. De la resolución que nos ocupa, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal oral 277/2021, en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por el delito contra las instituciones de seguridad pública, previsto por el artículo 371 fracción V del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de la seguridad pública, así también por el delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 473 fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. Asimismo, reiteró las consideraciones respecto al delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, fundando y motivando su decisión. Lo anterior es así toda vez que en relación al delito contra la salud previsto por el artículo 473 Fracción VI, el juez de Control responsable estableció que dicho numeral que señala para efectos de esta ley se entenderá por posesión la tenencia material de narcótico o cuando este se encuentre dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona, asimismo que el artículo 477, señala que se aplicara una pena de diez meses a diez años a quien posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior que resulte de multiplicar por mil, las previstas en dicha tabla, sin autorización a que se refiere esta ley, cuando por circunstancias del hecho, tal posesión, no puede considerarse destinada a comerciarlos o suministrarlos aun gratuitamente. En ese sentido, se advierte que el Juez de proceso manifestó que a criterio, se encuentran elementos para tener por acreditado el delito de contra la salud en la hipótesis de posesión simple de un narcótico, ello lo consideró así, porque cuenta con el informe policial homologado, que si bien es cierto la defensa que llevo a cabo la misma en la audiencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, y veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, señalaron algunas imperfecciones que obraban dentro del informe policial homologado el mismo no fue declarado nulo, por lo que primeramente, se consideró dar veracidad primeramente al informe policial homologado, en el cual señalaron que fueron levantados diversos indicios, dentro de los indicios se señaló que fue levantada una placa metálica que traía en su cuello el ciudadano José Antonio Galván Martínez, en un momento dado señalaron que Javier Gamaliel Guzmán Tapia se bajó del vehículo Bit color gris, y los agredió, pero también señalaron que pidieron hacer una revisión y realizaron una revisión al vehículo que portaban y en el cual en su interior encontraron treinta y seis bolsitas conteniendo hierba verde, y encontraron cincuenta bolsitas conteniendo un producto, que en el informe policial homologado señalaron que podría tratarse de heroína, en esa tesitura fue embalado. Así también, manifestó que existen dos dictámenes periciales que fueron marcando con el numero XALD13602 elaborado por la perito química forense Erika Yesenia Ortega Yépez en la cual señala que al analizar las treinta nueve bolsitas plásticas transparentes que tenían hierba seca color verde y al llevar el peso de la misma estableció que tenía un peso de 367.71 gramos peso neto y el peso bruto señalaron 389.47 gramos asimismo en el dictamen que se señaló como prueba número catorce y el cual es el dictamen 13606, en ese dictamen establece la perito Laura Ruth Izquierdo González que las cincuenta muestras de polvo gris oscuro corresponden a la metanfetamina consistentes en un peso de 9.75 gramos. En ese tenor la responsable planteó la existencia de esos dictámenes y que comparados con la tabla que da la ley general de salud en el artículo 479, determinó que sí la cannabis sativa tiene un peso de 367 gramos, esa cantidad excedía por demasía en un setenta por ciento más de lo que permite la ley general de salud, por lo que se está violentando lo que señala el artículo 479 de la ley general de salud, que puede traer un ciudadano para su consumo, que tal cantidad no rebasa y es competencia del fuero común, porque si se multiplica los cinco gramos que marca la ley por mil, se puede traer hasta cinco mil gramos; y, en este caso, fueron trecientos sesenta y siete gramos los que encontraron en poder de los procesados que señalan que se encontraba dentro del radio de acción, dado que se encontraba dentro del vehículo que señalan que traían en su poder el día en que fueron intervenidos. De igual forma, por cuanto a la metanfetamina el Juez de Control responsable manifestó que lo permitido son cuarenta miligramos y al ser encontrados 9.75 gramos, no llega la multiplicación por mil que señala la Ley General de Salud más sin embargo, si se rebasa, puesto que el dictamen 13606 sí rebasaba en demasía lo permitido por el artículo 479 de la Ley General de Salud. En ese sentido, el Juez de Control responsable consideró que si existían indicios suficientes, con los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación hasta el momento procesal en que fue realizada la imputación, que demuestran este hecho que pudiera tener la apariencia de delito de posesión simple de un narcótico considerado como la cannabis sativa, como se dijo anteriormente nada más están permitidos cinco gramos, al ver que son 367 gramos encontrados en cannabis sativa, rebasa en un 70 %, un setenta por ciento más lo permitido por la Ley General de Salud, y por cuanto hace a la metanfetamina también están permitidos cuarenta miligramos, por lo que los 9.75 gramos también rebasa en demasía; ello aunado a que existe también el señalamiento de los cuatro elementos de la policía estatal, que indicaron que estos indicios fueron encontrados en poder de los aquí quejosos José Antonio Galván Martínez, y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por lo que consideró que se encuentran indicios suficientes hasta ese momento que demostraron ese hecho con apariencia de delito. Asimismo se advierte que respecto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho que se imputa, el juez de Control señaló: ".Circunstancias de tiempo: siendo el día catorce de noviembre del año dos mil veintiuno aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. Circunstancias de lugar: Carretera costera del golfo 180, a la altura de la colonia Santa Lucía en Lerdo de Tejada Veracruz. Circunstancias de modo: que cuando los elementos de la secretaria de seguridad pública estaban realizando patrullaje sobre la carretera 180 les fue señalado por el conductor de un vehículo Bora color café, que había un retén a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el cual estaban dos vehículos con cuatro personas a bordo en el cual estaban realizando revisiones y amenazando a las personas, y al acudir estos elementos de la seguridad pública a atender el reporte ciudadano fue que localizaron nadamas a José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, en el cual Javier Gamaliel Guzmán Tapia se bajó del vehículo en el cual se encontraban y les disparo a uno de los elementos de la secretaria de seguridad pública, a la postre el ciudadano José Antonio Galván Martínez, quiso retirarse con dicha unidad arrancándola pero al fallarle el mismo avanzo un momento y después se le apago la unidad y fue que se bajó y agredió a otro de los elementos, uno de ellos le causo una lesión a uno de los elementos porque traía su chaleco; daño la placa metálica que traía en su chaleco, el ciudadano José Antonio Galván Martínez le rasgo la camisola a uno de los elementos por lo que se le da vida al delito de contra las instituciones de seguridad pública, después al realizarse la revisión en el vehículo que traían en su poder fue que se encontró dentro del mismo la cannabis sativa y la metanfetamina, la cual a la postre el 367.71 gramos rebasa en demasía la cantidad que señala el artículo 479 de la ley general de salud para la cannabis sativa y los 9.75 gramos de metanfetamina rebasa en demasía los 40 miligramos que permite la ley general de salud, nadamas por simple analogía los 40 miligramos a 9.75 gramos se rebasa en demasía esta cantidad." Por lo anterior expuesto, se advierte que el Juez con fecha veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, dejo insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal número 277/2021, del índice de este Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal; y, en su lugar dictó el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio Galvan Martinez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia; por la probabilidad de que hayan cometido o participado en un hecho que para la ley pudiera consistir en el delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, previsto en el numeral 371 quinquies del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de LA SEGURIDAD PUBLICA representada por la licenciada Miriam Barrientos Ríos, así como por el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESION SIMPLE DE MARIHUANA y METANFETAMINA, prevista y sancionada por los artículos 473 fracción VI, 477, 479 de la ley general de salud, cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. Así también, estableció como plazo de investigación complementario el término de un mes de investigación complementaria, la cual fenece el día primero de mayo del dos mil veintitrés, fecha en la cual comenzaran a correr el término de quince días que señala el artículo 324 del código nacional de procedimientos penales. Finalmente mediante oficio telegráfico remitido por el 2. Director del Centro de Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz informó que por diverso oficio 1373/2023 signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de este distritojudicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz fue notificado que se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno y en cumplimiento a la sentencia amparadora, con esa fecha de nueva cuenta se dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, en agravio de la Salud Publica, representado por su apoderada legal Miriam Barrientos Ríos, así como por el delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESIÓN SIMPLE DE MARIHUANA Y METANFETAMINA, cometido en agravio de la Salud Pública, dictado dentro del proceso penal 277/2021 del índice de ese Juzgado de Control, siendo ésta la situación jurídica actual como vinculados. De tal manera que procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en ese Centro. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir a los quejosos en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de fecha de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del proceso penal oral 277/2021 instruido en contra de José Antonio Galván Martínez y Javier Gamaliel Guzmán Tapia, y en su lugar, dictó una nueva resolución en la que reiteró las consideraciones sobre el delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, subsanando los vicios de forma señalados en la sentencia, esto es, procedió a hacer la multiplicación por mil que establece la tabla en la ley respecto a la cantidad permitida respecto a la posesión simple de narcótico, lo que le permitió establecer que dicha cantidad si bien rebasa el límite permitido, se mantiene en el rango de competencia de la primera instancia, respecto del cual resulta competente, tal y como se advierte de las consideraciones anteriormente expuestas. Por su parte, la autoridad responsable 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz informó haber realizado las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en ese Centro sin que se hiciera modificación alguna respecto a la ejecución de la prisión preventiva oficiosa a que se encuentran sujetos los quejosos al haber sido impugnada ésta únicamente como consecuencia del auto de vinculación reclamado y dado que se dictó de nueva cuenta el auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos en los términos ya mencionados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de cuatro de enero de dos mil veintidós (fojas 40-44 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************y********************, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal oral ********************, en contra de ********************y********************, por el delito contra las instituciones de seguridad pública, previsto por el artículo 371 fracción V del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de la seguridad pública, a través de su apoderada legal ********************; y Alfredo Anota Málaga e Isidro Rodríguez de la Cruz, así también por el delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 473 fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. 2). Hecho lo anterior, reitere las consideraciones respecto al delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. Protección constitucional que se hace extensiva a la autoridad responsable 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz y al acto que se les reclama consistente en la ejecución de la prisión preventiva oficiosa a que se encuentran sujetos los quejosos al haber sido impugnada ésta únicamente como consecuencia del auto de vinculación reclamado y dado que una vez que la autoridad responsable se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica de los impetrantes de garantías deberá establecer lo que corresponda respecto a la medida cautelar que, en su caso, corresponda aplicar. Asimismo, se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, Leticia Sánchez Vargas, Fiscal Séptima adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 285/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los justiciables. En consecuencia, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables 1. Juez de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz y 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 1412 el 1. Juez de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió a este juzgado la resolución en versión escrita emitida el primero de abril del año en curso y, posteriormente, por diverso oficio 1482 de esa misma fecha remitió copia certificada de la resolución de auto de vinculación de esa data, así como un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio C00342023 correspondiente a la citada audiencia de fecha uno de abril del año en curso, en relación al proceso penal ********************, que se instruye en contra de los justiciables. De la resolución que nos ocupa, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal oral ********************, en contra de ********************y********************, por el delito contra las instituciones de seguridad pública, previsto por el artículo 371 fracción V del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de la seguridad pública, así también por el delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 473 fracción VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. Asimismo, reiteró las consideraciones respecto al delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, fundando y motivando su decisión. Lo anterior es así toda vez que en relación al delito contra la salud previsto por el artículo 473 Fracción VI, el juez de Control responsable estableció que dicho numeral que señala para efectos de esta ley se entenderá por posesión la tenencia material de narcótico o cuando este se encuentre dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona, asimismo que el artículo 477, señala que se aplicara una pena de diez meses a diez años a quien posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior que resulte de multiplicar por mil, las previstas en dicha tabla, sin autorización a que se refiere esta ley, cuando por circunstancias del hecho, tal posesión, no puede considerarse destinada a comerciarlos o suministrarlos aun gratuitamente. En ese sentido, se advierte que el Juez de proceso manifestó que a criterio, se encuentran elementos para tener por acreditado el delito de contra la salud en la hipótesis de posesión simple de un narcótico, ello lo consideró así, porque cuenta con el informe policial homologado, que si bien es cierto la defensa que llevo a cabo la misma en la audiencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, y veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, señalaron algunas imperfecciones que obraban dentro del informe policial homologado el mismo no fue declarado nulo, por lo que primeramente, se consideró dar veracidad primeramente al informe policial homologado, en el cual señalaron que fueron levantados diversos indicios, dentro de los indicios se señaló que fue levantada una placa metálica que traía en su cuello el ciudadano José Antonio Galván Martínez, en un momento dado señalaron que******************** se bajó del vehículo Bit color gris, y los agredió, pero también señalaron que pidieron hacer una revisión y realizaron una revisión al vehículo que portaban y en el cual en su interior encontraron treinta y seis bolsitas conteniendo hierba verde, y encontraron cincuenta bolsitas conteniendo un producto, que en el informe policial homologado señalaron que podría tratarse de heroína, en esa tesitura fue embalado. Así también, manifestó que existen dos dictámenes periciales que fueron marcando con el numero XALD13602 elaborado por la perito química forense Erika Yesenia Ortega Yépez en la cual señala que al analizar las treinta nueve bolsitas plásticas transparentes que tenían hierba seca color verde y al llevar el peso de la misma estableció que tenía un peso de 367.71 gramos peso neto y el peso bruto señalaron 389.47 gramos asimismo en el dictamen que se señaló como prueba número catorce y el cual es el dictamen 13606, en ese dictamen establece la perito Laura Ruth Izquierdo González que las cincuenta muestras de polvo gris oscuro corresponden a la metanfetamina consistentes en un peso de 9.75 gramos. En ese tenor la responsable planteó la existencia de esos dictámenes y que comparados con la tabla que da la ley general de salud en el artículo 479, determinó que sí la cannabis sativa tiene un peso de 367 gramos, esa cantidad excedía por demasía en un setenta por ciento más de lo que permite la ley general de salud, por lo que se está violentando lo que señala el artículo 479 de la ley general de salud, que puede traer un ciudadano para su consumo, que tal cantidad no rebasa y es competencia del fuero común, porque si se multiplica los cinco gramos que marca la ley por mil, se puede traer hasta cinco mil gramos; y, en este caso, fueron trecientos sesenta y siete gramos los que encontraron en poder de los procesados que señalan que se encontraba dentro del radio de acción, dado que se encontraba dentro del vehículo que señalan que traían en su poder el día en que fueron intervenidos. De igual forma, por cuanto a la metanfetamina el Juez de Control responsable manifestó que lo permitido son cuarenta miligramos y al ser encontrados 9.75 gramos, no llega la multiplicación por mil que señala la Ley General de Salud más sin embargo, si se rebasa, puesto que el dictamen 13606 sí rebasaba en demasía lo permitido por el artículo 479 de la Ley General de Salud. En ese sentido, el Juez de Control responsable consideró que si existían indicios suficientes, con los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación hasta el momento procesal en que fue realizada la imputación, que demuestran este hecho que pudiera tener la apariencia de delito de posesión simple de un narcótico considerado como la cannabis sativa, como se dijo anteriormente nada más están permitidos cinco gramos, al ver que son 367 gramos encontrados en cannabis sativa, rebasa en un 70 %, un setenta por ciento más lo permitido por la Ley General de Salud, y por cuanto hace a la metanfetamina también están permitidos cuarenta miligramos, por lo que los 9.75 gramos también rebasa en demasía; ello aunado a que existe también el señalamiento de los cuatro elementos de la policía estatal, que indicaron que estos indicios fueron encontrados en poder de los aquí quejosos José Antonio Galván Martínez, y********************, por lo que consideró que se encuentran indicios suficientes hasta ese momento que demostraron ese hecho con apariencia de delito. Asimismo se advierte que respecto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho que se imputa, el juez de Control señaló: ".Circunstancias de tiempo: siendo el día catorce de noviembre del año dos mil veintiuno aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. Circunstancias de lugar: Carretera costera del golfo 180, a la altura de la colonia Santa Lucía en Lerdo de Tejada Veracruz. Circunstancias de modo: que cuando los elementos de la secretaria de seguridad pública estaban realizando patrullaje sobre la carretera 180 les fue señalado por el conductor de un vehículo Bora color café, que había un retén a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el cual estaban dos vehículos con cuatro personas a bordo en el cual estaban realizando revisiones y amenazando a las personas, y al acudir estos elementos de la seguridad pública a atender el reporte ciudadano fue que localizaron nadamas a ********************y********************, en el cual******************** se bajó del vehículo en el cual se encontraban y les disparo a uno de los elementos de la secretaria de seguridad pública, a la postre el ciudadano José Antonio Galván Martínez, quiso retirarse con dicha unidad arrancándola pero al fallarle el mismo avanzo un momento y después se le apago la unidad y fue que se bajó y agredió a otro de los elementos, uno de ellos le causo una lesión a uno de los elementos porque traía su chaleco; daño la placa metálica que traía en su chaleco, el ciudadano ********************le rasgo la camisola a uno de los elementos por lo que se le da vida al delito de contra las instituciones de seguridad pública, después al realizarse la revisión en el vehículo que traían en su poder fue que se encontró dentro del mismo la cannabis sativa y la metanfetamina, la cual a la postre el 367.71 gramos rebasa en demasía la cantidad que señala el artículo 479 de la ley general de salud para la cannabis sativa y los 9.75 gramos de metanfetamina rebasa en demasía los 40 miligramos que permite la ley general de salud, nadamas por simple analogía los 40 miligramos a 9.75 gramos se rebasa en demasía esta cantidad." Por lo anterior expuesto, se advierte que el Juez con fecha veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, dejo insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal número ********************, del índice de este Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal; y, en su lugar dictó el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio Galvan Martinez y********************; por la probabilidad de que hayan cometido o participado en un hecho que para la ley pudiera consistir en el delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, previsto en el numeral 371 quinquies del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de LA SEGURIDAD PUBLICA representada por la licenciada ********************, así como por el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESION SIMPLE DE MARIHUANA y METANFETAMINA, prevista y sancionada por los artículos 473 fracción VI, 477, 479 de la ley general de salud, cometido en agravio de la salud pública y la colectividad. Así también, estableció como plazo de investigación complementario el término de un mes de investigación complementaria, la cual fenece el día primero de mayo del dos mil veintitrés, fecha en la cual comenzaran a correr el término de quince días que señala el artículo 324 del código nacional de procedimientos penales. Finalmente mediante oficio telegráfico remitido por el 2. Director del Centro de Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz informó que por diverso oficio 1373/2023 signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de este distritojudicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz fue notificado que se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno y en cumplimiento a la sentencia amparadora, con esa fecha de nueva cuenta se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************y********************, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, en agravio de la Salud Publica, representado por su apoderada legal ********************, así como por el delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESIÓN SIMPLE DE MARIHUANA Y METANFETAMINA, cometido en agravio de la Salud Pública, dictado dentro del proceso penal ******************** del índice de ese Juzgado de Control, siendo ésta la situación jurídica actual como vinculados. De tal manera que procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en ese Centro. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir a los quejosos en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de fecha de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del proceso penal oral ******************** instruido en contra de ********************y********************, y en su lugar, dictó una nueva resolución en la que reiteró las consideraciones sobre el delito contra las instituciones de seguridad pública, que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de los aquí quejosos, por lo que hace al delito de narcomenudeo en su forma de posesión simple de marihuana y metanfetamina, subsanando los vicios de forma señalados en la sentencia, esto es, procedió a hacer la multiplicación por mil que establece la tabla en la ley respecto a la cantidad permitida respecto a la posesión simple de narcótico, lo que le permitió establecer que dicha cantidad si bien rebasa el límite permitido, se mantiene en el rango de competencia de la primera instancia, respecto del cual resulta competente, tal y como se advierte de las consideraciones anteriormente expuestas. Por su parte, la autoridad responsable 2. Director Del Centro De Readaptación Social "Zamora" de San Andrés Tuxtla, Veracruz informó haber realizado las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en ese Centro sin que se hiciera modificación alguna respecto a la ejecución de la prisión preventiva oficiosa a que se encuentran sujetos los quejosos al haber sido impugnada ésta únicamente como consecuencia del auto de vinculación reclamado y dado que se dictó de nueva cuenta el auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos en los términos ya mencionados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de cuatro de enero de dos mil veintidós (fojas 40-44 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la pieza devuelta por el servicio de mensajería acelerada ESTAFETA, que contiene el oficio 11659 y anexos, de fecha veintisiete de abril del año en curso, dirigido a ********************, elemento de la Policía Estatal, con sede en San Andrés Tuxtla, en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, con el cual se le dio vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con la razón que cita "domicilio incorrecto" No obstante lo anterior, del estado de autos se aprecia que el último domicilio en el que se logró notificar al referido tercero interesado, lo es, el ubicado en carretera Federal 145, kilómetro 86-400, colonia Alfonso Román, código postal 95697, en Juan Rodríguez Clara, Veracruz, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. En tales condiciones, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reexpídase el oficio 11659 y anexos, de fecha veintisiete de abril del año en curso, dirigido a ********************, elemento de la Policía Estatal, en San Andrés Tuxtla, a efecto de notificarle el proveído de veinte de abril del año en curso, y darle vista respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, del estado de autos se advierte que no obra constancia de notificación de los oficios 6675 y 6678 de veinte de abril dos mil veintitrés, dirigidos a los terceros interesados Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, representada por su apoderada legal ********************, con sede en Juan Rodríguez Clara, Veracruz, que contiene el proveído de veinte de abril del año en curso, por el cual se les dio vista respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, reexpídanse los referidos oficios en los mismos términos vía mensajería rápida ESTAFETA, a fin de que los mencionados terceros interesados se impongan del contenido del proveído de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el telegrama remitido por Isidro Rodríguez de la Cruz, elemento adscrito a la Delegación Policía Estatal Región IX, con sede en San Andrés Tuxtla, tercero interesado en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene acusando de recibo del oficio 6676, relativo al proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó dar vista con las constancias remitidas por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XXI Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Notifíquese en términos de ley.

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