Jose Antonio Fonseca Sandoval

Expediente 1115/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1115/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Jose Antonio Fonseca Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la circular SECNO/04/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se suspenderán plazos y términos con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que, derivado de ello se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. En ese orden, visto los oficios de cuenta signados por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio de los cuales informa que ese juzgado aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo número 1115/2020-V. En ese orden, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    Citatorio. Se notifica por medio de lista al quejoso el auto de catorce diciembre de dos mil veinte, en virtud de haber dejado citatorio para que compareciera al local del juzgado a darse por notificado de tal acuerdo, sin que lo haya hecho, en términos de lo previsto por el inciso b) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por José Antonio Fonseca Sandoval, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1115/2020-V, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, es pertinente destacar que la competencia en materia de amparo es la capacidad de los órganos jurisdiccionales para conocer de una demanda, en atención a que dicha facultad se la atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, los Tribunales Colegiados de Circuito. Al respecto debe decirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en forma literal establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal transcrito se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) La competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y, c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en que se presente la demanda. Del análisis del precepto anterior, así como de su interpretación lógica y teleológica, se obtiene que si el acto reclamado requiere de ejecución material, el elemento a atender se vincula al lugar de esa ejecución, ya obrando hacia el pasado, en el presente o hacia el futuro inminente, es decir, el Juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado, se esté ejecutando, se trate de ejecutar o se deba de ejecutar el acto reclamado. En ese sentido, para determinar al órgano competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, debe analizarse únicamente si el acto reclamado tiene ejecución material o no la tiene. La importancia de que se haya tomado la ejecución material para fijar la competencia por razón de territorio radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevar hasta su último extremo la ejecución ordenada y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado. El juicio de amparo debe ser entablado en el lugar en donde se lleva a cabo la ejecución, pues con ello, la parte quejosa dispondrá de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva y rendir con mayor facilidad las pruebas que a su derecho importen. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la importancia de que el juicio de amparo se tramite en donde el acto tiene ejecución, procura que el trámite del juicio se lleve con mayor rapidez e incluso que se eviten dilaciones en el cumplimiento de las sentencias de amparo, ocasionadas por la emisión de exhortos y despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones u otras diligencias que no podría hacer el juzgador del conocimiento. Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que la parte promovente José Antonio Fonseca Sandoval, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "La negativa de dar trámite a la petición del suscrito y por su abogado, mediante promociones presentadas de manera electrónica el veintitrés y veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de que se le fije cantidad bastante y suficiente que pueda depositar por concepto de reparación del daño y con ello pueda acogerse al beneficio que le fuera otorgado en sentencia y que consiste en el brazalete electrónico". De lo anterior, se advierte que si bien el quejoso reclama un acto negativo, lo cierto es que este encierra un aspecto positivo, como lo es una respuesta sus peticiones, entonces, si se toma en cuenta que es competente el Juez de Distrito con residencia en el lugar en el que se encuentre la autoridad que debe dar contestación a esa petición, y no el Juez del lugar en donde se presentó la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que la autoridad judicial al dar contestación a una petición del quejoso, lleva a cabo un actuar que tendrá incidencia en el lugar en donde reside ésta, en donde sus consecuencias jurídicas se verán materializadas, respecto de la situación particular del accionante, al derivar su petición de cuestiones relacionadas con algún beneficio de libertad que pudiera otorgarse a su favor. Por lo tanto, si el juez que debe dar cumplimiento a lo solicitado por el quejoso, tiene su domicilio en Ecatepec, de conformidad al precepto legal 37 de la ley antes invocada, la autoridad competente para conocer de la demanda de que se trata es un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por tener competencia jurisdiccional en el territorio de Ecatepec de Morelos, de esta entidad. En efecto, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que los juzgados de Distrito del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, ejercen su jurisdicción en los siguientes municipios: "Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango". Entonces, como quedó asentado en el párrafo que antecede, fijar la cantidad por concepto de reparación del daño, para que el aquí quejoso pueda solicitar el brazalete electrónico como sustitutivo de la pena de prisión impuesta recae en el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Ecatepec de Morelos, entidad federativa donde el aludido Juez de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este juzgador carece de competencia por territorio para conocer y resolver el acto reclamado. Apoya por identidad jurídica, en lo conducente, el criterio sustentad por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1089, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DEL BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA TENER EJECUCIÓN, TRATE DE EJECUTARSE, SE EJECUTE O SE HAYA EJECUTADO DICHA NEGATIVA. Los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad presuponen la posibilidad de que el reo, cumpliendo con ciertos requisitos, recupere su libertad personal antes del tiempo fijado como pena en la sentencia definitiva, por lo que la resolución que le niega alguno de esos beneficios no es un acto meramente declarativo, pues surte el efecto positivo de actualizar la privación de su libertad bajo la vigilancia y tratamiento de la autoridad ejecutora durante cada instante en que el sentenciado siga privado de ella, y no sólo como consecuencia de la condena; de esta forma, la competencia para resolver el juicio de amparo indirecto promovido contra la negativa del beneficio de libertad anticipada, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, constitucional y 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado aquélla." En tales condiciones, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, por las consideraciones señaladas en líneas que anteceden, solicitándole al Juez de Distrito, que conozca de esta determinación, informe el sentido del proveído que dicte, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Con copia de la demanda y de este proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. En otro orden, como lo solicita la promovente, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se tiene por autorizado en los términos amplios que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro González Domínguez, toda vez que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados en lo que estatuye la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, a las demás personas que menciona, por no contar con ese registro. Por otra parte, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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