Jose Antonio Flores Pineda
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 42 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Antonio Flores Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Incidental
MESA II. Agréguese a estos autos incidentales el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de trabajo y Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que quedó firme el acuerdo que desechó el recurso de revisión interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud y el Capitán de Corbeta como Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán y se ordenó el archivo de ese toca, como asunto concluido; tómese en consideración para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos incidentales, se advierte que el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud y el Capitán de Corbeta como Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán, no cumplieron con la prevención que se les hiciera mediante auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, por el que se les requirió para que informaran si insistían en la interposición de los recursos instados, sin que a la fecha hayan realizado manifestación alguna. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito, con fundamento en el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, se tienen por no interpuestos los recursos de mérito, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión definitiva, del acto reclamado a la responsable, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Conste
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre del presente año, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la menor de iniciales S.F.V. Asimismo, por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, las autoridades estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "(.) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud Federal y Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad General, todos con sede en la Ciudad de México; dentro de su ámbito de facultades, gestionen a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Por su parte la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán, Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, Subdirector General de Salud, y Director Estatal de la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, con sede en esta ciudad y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos -a quien se vincula al cumplimiento- y el Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres de la niña quejosa, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad de la menor quejosa, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia. Lo anterior, dado que el criterio de interpretación que se basa en el principio del interés superior del menor, implica que toda decisión que pueda afectar a las personas menores de edad, sea tomada de manera informada, descartando en la medida de lo posible o evitando en mayor grado un perjuicio en su persona, en su bienes y demás derechos, de manera que tomando en cuenta que si las personas menores de edad son aptas para recibir la vacuna, su aplicación puede producirles notorios beneficios, como evitar que la enfermedad COVID-19 les produzcan lesiones de consideración, siempre y cuando se determine clínica y medicamente que son aptos para recibir el biológico respectivo. Así pues, la decisión de aplicar o no la vacuna a los quejosos, no debe tomarse con base en especulaciones, sino con datos científicos derivados de la opinión de los expertos que en su caso se determine. (.)" Ahora en el caso, se aprecia que esencialmente los efectos para los cuales se emitió la sentencia de referencia es incluir a la niña quejosa en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, a fin de que fuera inoculada con el esquema completo de la vacuna Pfizer/BioNTech contra la enfermedad COVID-19. Ahora bien, como se dijo en el proveído veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora federal que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, pues como quedó evidenciado, las autoridades federales y estatales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad entre cinco a once años (rango de edad en el que se encuentra la menor quejosa), con la vacuna Pfizer/BioNTech, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de las dosis de la vacuna, inició el veintiocho de junio del año en curso, en esta ciudad, donde tiene su domicilio la menor aludida. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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