Jose Antonio Fernandez Hernandez

Expediente 559/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
559/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Fernandez Hernandez
  • Instituto Nacional de Migracion en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la determinación de seis de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio promovido por ...; en tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, archívese el presente asunto Ahora, este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción I b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que se otorgó oficio de salida definitiva del país al quejoso ... Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclamó por esta vía constitucional la incomunicación, deportación, expulsión o destierro. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe justificado y el anexo que remitió la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, consistente en copia del oficio 2573/2022 de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por medio del cual informó que se otorgó oficio de salida definitiva del país al quejoso José Antonio Fernández Hernández. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de abril de dos mil veintidós-, la autoridad responsable aun no ponía en libertad a quejoso, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que dicha responsable dictó el oficio 2573/2022 de la misma data, quedando notificado el quejoso en tres de mayo de la anualidad, tal y como consta de autos. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad al quejoso. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación de los actos reclamados, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con veintisiete minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente intégrese el oficio que firma el Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, del Modelo Colaborativo Institucional, en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que acata la suspensión de plano, de lo cual este Juzgado de Distrito toma el debido conocimiento.

  3. Principal

    Intégrese a los autos el informe justificado que rinde el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; con el mismo dése vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse designados delegados de la autoridad informante, y señalado domicilio de la misma para recibir notificaciones.

  4. Principal

    Intégrese a los autos la razón actuarial de veinte de mayo de dos mil veintidós, relativa al oficio 11737/2022 dirigido a la Fiscalía General de la República, Subdelegación Mexicali, en la cual el actuario de la adscripción asentó no fue posible su entrega bajo tal denominación, siendo la correcta Subdelegación de Procedimientos Penales B de la Fiscalía General de la República. En consecuencia, en virtud de lo anterior, reexpídase la comunicación en comento bajo la denominación correcta para hacer posible su entrega; hágase la actualización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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