José Antonio Fernández de Lara Espinoza
Expediente 1021/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2021
Partes del expediente
- José Antonio Fernández de Lara Espinoza
- Mariel Esteban Mendoza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO Intégrese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de Jueza de Distrito, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 235/2021 orden 299/2021 del índice de este Juzgado, por las razones que expone. Háganse las anotaciones respectivas. LISTAS En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del proveído de veinte de octubre de anterior, y la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal; ello, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). EN CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN AUTO QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda que promueve ++, apoderada legal de los directos quejosos +++, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1021/2021-III-C. SUSPENSIÓN DE PLANO A fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los quejosos, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables determinen el cese inmediato de todo acto de incomunicación y que tienda a mantener privados de la libertad sin causa justificada a los directos quejosos +++; asimismo, se suspende todo acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En relación a la suspensión de plano concedida, se precisa que los efectos de dicha medida cautelar se traducen también en que la autoridad ministerial que tenga a su cargo la carpeta de investigación que se siga a los amparistas no se niegue a recibir promociones tendientes a nombrar defensor privado a su favor y hecho lo anterior, les permita el acceso a dicha carpeta en virtud de que podría encuadrar en una conducta prohibida por el artículo 18 de la Constitución Federal; asimismo, para que los quejosos puedan entrevistarse con los profesionistas que nombre y/o persona de confianza en el lugar en el que se encuentren detenidos, a efecto de no conculcar en su perjuicio la garantía constitucional de debida defensa. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra.. REQUERIMIENTO AUTORIDADES INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Asimismo, se requiere a las autoridades para que informen si en el caso hubo flagrancia o no, respecto de la conducta atribuida a los directos quejosos; de igual forma, deberán precisar las modalidades del hecho delictuoso que se les atribuyen y si se impuso alguna medida cautelar, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. Si los quejosos en cita, se encuentran a disposición de las autoridades señaladas como responsables, con motivo de la comisión de algún delito y en virtud de surtirse alguna de las hipótesis a que se contraen los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional, podrán ser retenidos hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fueron puestos a su disposición, para lo cual la autoridad correspondiente deberá informar y remitir constancia certificada de esa diligencia (puesta a disposición); en la inteligencia de que si no se trata de una detención con motivo de flagrancia o urgencia, o imposición de medida cautelar de prisión preventiva deberá ordenar la libertad inmediata de los impetrantes de amparo, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio que a efecto de que los solicitantes de amparo no se sustraigan de la acción de la justicia, la autoridad responsable ante quien se pudiera poner a disposición los directos quejosos, de inmediato decrete diversa medida cautelar, siendo responsabilidad de ella, que los quejosos no se sustraigan a la acción de la justicia. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite3@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3256. ACTO RECLAMADO Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que los quejosos reclaman del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea y otras autoridades: "La privación de la libertad de los quejosos de nombres +++ INCOMPETENCIA Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. (...).". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior es así, ya que del escrito de demanda se advierte que la ejecución material del acto tildado de inconstitucional tiene lugar en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Aunado a lo anterior, que el domicilio de las autoridades que señala como responsables se encuentra ubicado en dicho municipio, así como los hechos, cateo y detención de los propios quejosos. Es oportuno precisar que si bien la parte quejosa señala al Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea tenga su residencia en esta Ciudad, sin embargo, no existe acto destacado que le reclame a dicho juzgador, ya que de los hechos narrados "bajo protesta de decir verdad", únicamente dicho juez fue quién autorizó el cateo peticionado por el Agente del ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en Ecatepec de Morelos, diligencia de cateo que se realizó el cuatro de octubre de esta anualidad y con motivo de ello, en ese municipio fueron detenidos los directos quejosos, Máxime que dicho juez está facultado para autorizar órdenes de aprehensión o cateo en línea en todo el segundo circuito Naucalpan, Nezahualcoyotl y Toluca; de ahí que su actuar no rija la competencia sino la ejecución de donde derivan los actos. No obstante, es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tuvo lugar en la jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1021/2021-III-C, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y SE GIRA EXHORTO Toda vez que el domicilio que señala la promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec, Almoloya, Zinacantepec y Lerma), con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, por única ocasión líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios a fin de que se constituya en el sitio ubicado en calle ++, ++, y notifique a la parte quejosa el presente proveído. Asimismo, deberá requerirles para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec, Almoloya, Zinacantepec y Lerma), con el apercibimiento de que no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al secretario del Juzgado, encargado del trámite del presente juicio para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez Federal al que corresponda conocer del exhorto en cita, que de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de ese sistema de expedientes. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
Vista la demanda que promueve ++, apoderada legal de los directos quejosos +++, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1021/2021-III-C. SUSPENSIÓN DE PLANO A fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los quejosos, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables determinen el cese inmediato de todo acto de incomunicación y que tienda a mantener privados de la libertad sin causa justificada a los directos quejosos +++; asimismo, se suspende todo acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En relación a la suspensión de plano concedida, se precisa que los efectos de dicha medida cautelar se traducen también en que la autoridad ministerial que tenga a su cargo la carpeta de investigación que se siga a los amparistas no se niegue a recibir promociones tendientes a nombrar defensor privado a su favor y hecho lo anterior, les permita el acceso a dicha carpeta en virtud de que podría encuadrar en una conducta prohibida por el artículo 18 de la Constitución Federal; asimismo, para que los quejosos puedan entrevistarse con los profesionistas que nombre y/o persona de confianza en el lugar en el que se encuentren detenidos, a efecto de no conculcar en su perjuicio la garantía constitucional de debida defensa. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra.". REQUERIMIENTO AUTORIDADES INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Asimismo, se requiere a las autoridades para que informen si en el caso hubo flagrancia o no, respecto de la conducta atribuida a los directos quejosos; de igual forma, deberán precisar las modalidades del hecho delictuoso que se les atribuyen y si se impuso alguna medida cautelar, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. Si los quejosos en cita, se encuentran a disposición de las autoridades señaladas como responsables, con motivo de la comisión de algún delito y en virtud de surtirse alguna de las hipótesis a que se contraen los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional, podrán ser retenidos hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fueron puestos a su disposición, para lo cual la autoridad correspondiente deberá informar y remitir constancia certificada de esa diligencia (puesta a disposición); en la inteligencia de que si no se trata de una detención con motivo de flagrancia o urgencia, o imposición de medida cautelar de prisión preventiva deberá ordenar la libertad inmediata de los impetrantes de amparo, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio que a efecto de que los solicitantes de amparo no se sustraigan de la acción de la justicia, la autoridad responsable ante quien se pudiera poner a disposición los directos quejosos, de inmediato decrete diversa medida cautelar, siendo responsabilidad de ella, que los quejosos no se sustraigan a la acción de la justicia. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite3@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3256. ACTO RECLAMADO Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que los quejosos reclaman del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea y otras autoridades: "La privación de la libertad de los quejosos de nombres +++ INCOMPETENCIA Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior es así, ya que del escrito de demanda se advierte que la ejecución material del acto tildado de inconstitucional tiene lugar en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Aunado a lo anterior, que el domicilio de las autoridades que señala como responsables se encuentra ubicado en dicho municipio, así como los hechos, cateo y detención de los propios quejosos. Es oportuno precisar que si bien la parte quejosa señala al Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea tenga su residencia en esta Ciudad, sin embargo, no existe acto destacado que le reclame a dicho juzgador, ya que de los hechos narrados "bajo protesta de decir verdad", únicamente dicho juez fue quién autorizó el cateo peticionado por el Agente del ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en Ecatepec de Morelos, diligencia de cateo que se realizó el cuatro de octubre de esta anualidad y con motivo de ello, en ese municipio fueron detenidos los directos quejosos, Máxime que dicho juez está facultado para autorizar órdenes de aprehensión o cateo en línea en todo el segundo circuito Naucalpan, Nezahualcoyotl y Toluca; de ahí que su actuar no rija la competencia sino la ejecución de donde derivan los actos. No obstante, es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tuvo lugar en la jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1021/2021-III-C, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y SE GIRA EXHORTO Toda vez que el domicilio que señala la promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec, Almoloya, Zinacantepec y Lerma), con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, por única ocasión líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios a fin de que se constituya en el sitio ubicado en calle ++, ++, y notifique a la parte quejosa el presente proveído. Asimismo, deberá requerirles para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec, Almoloya, Zinacantepec y Lerma), con el apercibimiento de que no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al secretario del Juzgado, encargado del trámite del presente juicio para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez Federal al que corresponda conocer del exhorto en cita, que de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de ese sistema de expedientes. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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