José Antonio Fernández de Lara Espinoza

Expediente 1118/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1118/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Fernández de Lara Espinoza
  • JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE LARA ESPINOZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1118/2021 Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de Gabriela Contreras Villegas, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México a través de la aplicación de videoconferencia Cisco Webex Meetings, mediante la cual ratifica el contenido y firma del escrito de desistimiento presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, registrado con el folio 13338, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee antes de audiencia el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio jurisprudencial por contradicción de Tesis número P./J.3/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, visible en la página 22, cuyo rubro y texto es: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 31/2021 el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió´, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejecutabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." Asimismo, sirve de apoyo a esta determinación la tesis de la Octava Época, visible en la Página 679, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. Si de autos aparece la certificación de la Secretaría de Acuerdos del Tribunal que el quejoso se desistió´ de la demanda de amparo y éste no lo ratifica en él término que se le señaló´ para ello, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendrá´ por desistido en el juicio de garantías, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en la fracción primera del artículo 74 de la Ley de Amparo, por lo que es procedentes sobreseer en el juicio." Atento a lo acordado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Dulce Karina Lozano Cruz, apoderada legal de los quejosos José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava, el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud del citatorio de trece de noviembre de dos mil veintiuno; auto que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 1045/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Dulce Karina Lozano Cruz, apoderada legal para pleitos y cobranzas de los quejosos José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava; lo anterior al determinar que carece de competencia para conocer de la misma, por los motivos que se exponen en el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, una vez analizada la misma, hágase del conocimiento del homólogo declinante que este juzgado de distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Dulce Karina Lozano Cruz, apoderada legal para pleitos y cobranzas de los quejosos José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava, contra actos del Fiscal General de la Republica y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 1118/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Del contenido de la demanda de amparo, se desprende que los impetrantes de amparo, reclama de las autoridades que señalaron como responsables: "IV. ACTO RECLAMADO. Las pruebas ilícitas obtenidas el día 04 de Octubre del año 2021, derivado de la orden de cateo con Número Especializado 001617/2021, consistentes en 16 indicios los cuales obran en cadena de custodia de la carpeta de investigación con número único de causa ECA/RVN/VEC/034/275306/21/10, así como el aseguramiento del inmueble ubicado en **********, asimismo, el aseguramiento de dos vehículos que se encontraban en el domicilio ya mencionado, los cuales son, un automóvil marca **********, modelo **********, año *********, tipo *********, con número de identificación vehicular *********, con número de constancias de inscripción *********, placas ********* y un automóvil marca *********, modelo *********, tipo *********, con número de identificación vehicular *********, placas *********, mismos que no cuentan con un acta de aseguramiento y/o cadena de custodia que obre en la carpeta de investigación antes mencionada." Desechamiento de la demanda. Precisado lo anterior, este juzgado de distrito advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues, en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;..." Se expone tal aserto, pues constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se radicó el amparo 1050/2021, del índice de este juzgado, promovido por Dulce Karina Lozano Cruz, apoderada legal para pleitos y cobranzas de los quejosos José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava, contra los mismos actos reclamados al Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea y otras autoridades. Es decir, en el citado juicio de amparo 1050/2021, Dulce Karina Lozano Cruz, apoderada legal para pleitos y cobranzas de los quejosos José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava, reclama: "IV. ACTO RECLAMADO. Las pruebas ilícitas obtenidas el día 04 de Octubre del año 2021, derivado de la orden de cateo con Número Especializado 001617/2021, consistentes en 16 indicios los cuales obran en cadena de custodia de la carpeta de investigación con número único de causa ECA/RVN/VEC/034/275306/21/10, así como el aseguramiento del inmueble ubicado en *********, asimismo, el aseguramiento de dos vehículos que se encontraban en el domicilio ya mencionado, los cuales son, un automóvil marca *********, modelo *********, año *********, tipo *********, con número de identificación vehicular *********, con número de constancias de inscripción *********, placas ********* y un automóvil marca *********, modelo *********, tipo *********, con número de identificación vehicular *********, placas *********, mismos que no cuentan con un acta de aseguramiento y/o cadena de custodia que obre en la carpeta de investigación antes mencionada." Juicio de amparo que en el citado auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fue admitida a trámite y se resolvió sobre la suspensión de plano. Asimismo, señaló como autoridades responsables a los Agentes del Ministerio Público licenciados Juan Darío Peña Flores y Laura Isabel Ortiz Casas, adscritos a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en Ecatepec OCRA, Agentes de la Policía de Investigación Sergio Amador Reyes, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en OCRA Ecatepec, Agente de la Policía de Investigación Roberto Carlos Romero González, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en OCRA Ecatepec, Agente del Policía de Investigación Jessica Yáñez López, adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en OCRA Ecatepec y Agente de la Policía de Investigación María Guadalupe Victoria Matías, adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, con sede en OCRA Ecatepec. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 12, con número de registro 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 295, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por ende, se pone en evidencia que en el juicio de amparo 1050/2021, así como en el que se actúa, a saber, 1118/2021, del índice de este órgano de control constitucional existe litispendencia, pues fueron promovidos por los mismos quejosos y contra las propias autoridades responsables. Por ello, es evidente que en el presente asunto 1118/2021, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues, como quedó precisado, el directo quejoso se duele de los mismos actos combatidos en el diverso juicio de amparo 1050/2021, del índice de éste juzgado. Es aplicable, la tesis aislada 41K, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVII, Enero 2008, página 2791, con número de registro 170490, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Asimismo, sirve de apoyo y por analogía la tesis aislada VI.2o.121K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 655, con número de registro 196152, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Desechamiento En ese contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Dulce Karina Lozano Cruz, apoderada legal para pleitos y cobranzas de los quejosos José Antonio Fernández de Lara Espinoza, Mariel Esteban Mendoza, Luis Ángel Fernández de Lara Esteban y Diana Laura Espinoza Nava. Domicilio de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en *********, y notifique el contenido del presente proveído a los quejosos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el correo electrónico que señala, pues no es considerado como una forma de notificar a las partes, ya que no es propiamente un domicilio para que aquéllas lo señalen como domicilio procesal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica en su libelo para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y, por cuanto hace al profesionista que señala, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Promociones duplicadas y acuses Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicado de informes; y c) acuses de recibo. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido del secretario Nicolás Blancas Sánchez. Doy fe."

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