José Antonio Díaz Siordia
Expediente 596/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Díaz Siordia
- Juez de Oralidad y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con residencia en Uruapan, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la razón levantada el diecinueve de los corrientes por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 2865 de dieciocho de los corrientes al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, ya que al constituirse en el domicilio en el que dicha autoridad llevaba a cabo sus funciones, fue informado entre otras cosas, que la misma dejó de existir y que los procesos penales que eran de su conocimiento se remitieron al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Por tanto, reenvíese el oficio 2865 al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, a fin de que quede notificado de su contenido. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que la sentencia por la que se sobreseyó en el presente asunto, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución de veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve se dictó la suspensión definitiva; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por haberse concedido la suspensión provisional. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en la fracción III del artículo Vigésimo del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Audiencia Constitucional En Uruapan, Michoacán a las nueve horas con cincuenta y cinco del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Eduardo López Razo, Secretario que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo 596/2018, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos consistentes en: escrito inicial de demanda de amparo (fojas 2-6); auto admisorio de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 15-18); notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete (foja 18 vuelta). Asimismo, certifica: que el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, a fin de que realizara las precisiones que estimara necesarias respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como "Encargado del Área de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan, con sede en esta ciudad", transcurrió del diecinueve al veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En ese tenor, continuando con la relación de constancias, obran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales se relacionan en el cuadro siguiente: No. Autoridad Foja Sentido 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán 29 Niega 2 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán 24 Niega 3 Juez de Oralidad y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Uruapan, Michoacán. 27 Niega Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán 33 Niega Director o Encargado de Litigación adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan 38 Niega Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán 31 Niega A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias. Asimismo, tómense en consideración los informes justificados de las autoridades referidas con antelación y relacionadas en el cuadro que se ilustró, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, a fin de que realizara las precisiones que estimara necesarias respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como "Encargado del Área de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan, con sede en esta ciudad", sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; por tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de julio del año en curso, y por tanto se tiene como inexistente a dicha autoridad para los efectos legales consiguientes. Se declara abierto el período probatorio: El secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al efecto el Juez declara: se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por tanto, el Juez declara cerrado este período. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, firmando el acta para constancia los que en ella intervinieron en unión del Juez y del Secretario que autoriza y da fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 596/2018, promovido por José Antonio Díaz Siordia, por su propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, José Antonio Díaz Siordia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal y con motivo de ello, contra actos del Juez de Oralidad y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, a quienes atribuye los actos reclamados, que hizo consistir en: La orden de privarlo de la libertad personal. La ejecución que se pretende llevar a cabo de dicha orden. Actos que el peticionario de amparo considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito aceptó la competencia planteada y admitió la demanda de amparo, se ordenó dar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el acuerdo 28/2016 por el que se modificó, toda vez que el acto que se reclama se atribuyó a las autoridades responsables debía tener ejecución material en esta jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Al caso se invoca la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En mérito de lo anterior, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades los actos siguientes: La orden de privarlo de la libertad personal. La ejecución que se pretende llevar a cabo de dicha orden. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados las autoridades siguientes. No. Autoridad Foja Sentido 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán 29 Niega 2 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán 24 Niega 3 Juez de Oralidad y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Uruapan, Michoacán. 27 Niega 4 Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán 33 Niega 5 Director o Encargado de Litigación adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan 38 Niega 6 Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán 31 Niega En esa medida, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar las referidas negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". De igual forma, conviene citar la tesis jurisprudencial 18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Publicación de Sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, 65, 73 a 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Díaz Siordia, por su propio derecho, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta sentencia y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese.
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