José Antonio Díaz y Otros.
Expediente 1231/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- José Antonio Díaz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Durango, Durango, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante el acuerdo anterior se ordenó remitir diversas constancias al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, sin que se hubiere realizado. Por tanto, mediante oficio que al efecto se libre con transcripción inserta del presente proveído y del diverso señalado, envíese a dicho órgano jurisdiccional vía sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las documentales de mérito, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
- Principal
Durango, Durango, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el informe de cuenta en relación a la suspensión de plano decretada en autos; resérvese acordar lo conducente, una vez que se tenga conocimiento si el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, aceptó la competencia declinada por este tribunal para conocer de la demanda de amparo.
- Principal
Durango, Durango, trece de octubre de dos mil veintidós. I. Recepción de exhorto Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, con el que devuelve debidamente diligenciado, el exhorto enviado a fin de localizar a los directo quejosos. Sin necesidad de acusar recibo de la citada comunicación oficial, toda vez que se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el comprobante respectivo. Caso concreto En el caso en concreto, la parte quejosa reclama la incomunicación, deportación y detención, ejecutados en su contra con motivo de un procedimiento administrativo migratorio. Del informe rendido a nombre de las autoridades responsables en esta ciudad, agregado en párrafos precedentes, se advierte que no existió ni existe ejecución en esta ciudad de los actos reclamados. En tales condiciones, como el acto reclamado se ejecutó y sigue ejecutándose en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, se estima que corresponde al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en turno, con sede en Monterrey, conocer del presente asunto, por razón de territorio, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de amparo, en atención a que la demanda constitucional se presentó vía electrónica, remítase este asunto por la misma vía al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en turno, con sede en Monterrey, para que decida si acepta o no el conocimiento del asunto. Sin necesidad de acusar recibo del asunto que se remite toda vez que se envía a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y el propio sistema expide el comprobante respectivo. Se ordena al Oficial Judicial "A" que haga disponible el expediente electrónico de este juicio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda ser consultado por el juzgador al que corresponda el conocimiento de este asunto. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, once de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Aracely .... a favor de Jorge Antonio ....; se procede a dar trámite a la demanda en cuanto a la incomunicación, deportación y detención que se reclama, a reserva de que una vez que sea ratificada por los agraviados, se acordará respecto a su admisión; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1231/2022. Con fundamento en los numerales 125 y 126, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y en Monterrey, Nuevo León, de inmediato: 1. Cesen en favor de los directos quejosos, la incomunicación y tortura que compromete su dignidad humana y su integridad física y psicológica. 2. Paralicen la deportación de los directamente agraviados. En el entendido que las autoridades responsables migratorias quedan obligadas al acatamiento de esta medida cautelar desde el momento en que se emite, por lo cual es imperativo que suspendan la ejecución de los aludidos actos, aun cuando ya hubiesen iniciado, pues de no hacerlo, podrían incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. 3. Pongan en libertad a los directos quejosos, bajo las condiciones que las propias autoridades establezcan bajo su estricta responsabilidad, con el fin de que aquéllos queden obligados a presentarse ante las autoridades respectivas para la continuación del procedimiento administrativo que en su caso se siga en su contra. Quedando obligados los directos quejosos a presentarse ante las autoridades migratorias responsables cuantas veces sean requeridos para ello, apercibidos que de no dar cumplimiento, con fundamento en los artículos 167 de la ley de la materia, la suspensión dejará de surtir efectos y quedará expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para ordenar la ejecución de los actos reclamados. En el entendido que las autoridades responsables deberán de informar y acreditar ante el órgano jurisdiccional que conozca del presente juicio, cualquier incumplimiento a la obligación impuesta a los quejosos en el párrafo anterior. Asimismo, con fundamento en el artículo 4° de la Constitución General de la República, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, se deberán de respetar y seguir en todo momento las medidas sanitarias y de sana distancia a que se encuentren sometidos los directos quejosos; lo anterior, con la finalidad de preservar su salud, en el marco de las medidas sanitarias vigentes, a fin de protegerlos contra la posibilidad de contraer la enfermedad COVID-19. Requiérase a las autoridades responsables migratorias para que dentro del término de doce horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, acrediten ante el órgano jurisdiccional que conozca del presente juicio, que se dio cumplimiento con esta medida cautelar. Hágase saber a las autoridades responsables que el cumplimiento de la suspensión decretada en este proveído es de orden público y, por ende, el suscrito juzgador está obligado a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Por otra parte, en consideración a que la promovente presume que los directos quejosos pueden estar detenidos en la Estación Migratoria de esta ciudad, se comisiona a la actuaria judicial adscrita, para que se constituya en dichas instalaciones y en el acto de la notificación del presente auto, requiera a los quejosos para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada en su nombre, o lo hagan en el término de tres días, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de que se trata y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, quedarán sin efecto las providencias dictadas; de igual manera, se faculta a dicha funcionaria judicial para que se constituya en cualquier lugar en donde se le informe que hayan sido trasladados los directos quejosos y de no localizarlos se ordenará el trámite a que se refiere el citado numeral. Por otra parte, y toda vez que la promovente también refiere que los directos agraviados pueden estar detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Nuevo León, con sede en Guadalupe, ubicado en calle Cuba, número 101, Josefa Zozoya (Zozayita), en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, código postal 67114, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se constituya en las instalaciones de Migración antes señalada y localice a los aquí quejosos y los requiera para que en ese momento o en el término de tres días, computado legalmente, ratifique la demanda que se promueve en su favor, apercibidos que de no hacerlo la presente demanda de amparo se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las medidas decretadas; de igual forma, notifique a las autoridades de Migración de Nuevo León la presente suspensión de plano, en el entendido de que los oficios dirigidos a las mismas se anexan a la comunicación oficial. Una vez diligenciado el mismo lo devuelva a la brevedad posible, por la misma vía. Notifíquese.
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