José Antonio Delgado y Avila
Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Antonio Delgado y Avila
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Comisión Federal de Electricidad, Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. ...
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copias certificadas de las cédulas de notificación realizadas a las partes, en el expediente laboral 510/2016, de su índice. En consecuencia, agréguense únicamente a los presentes autos, toda vez que en proveído de siete de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en alcance al informe justificado que rindió y que obra en autos, informa que el tres de octubre del año en curso, se dictó el laudo en el expediente laboral 510/2016, de su índice, y para acreditar su dicho remite copia certificada de la citada resolución. En consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo recibidos, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la autoridad responsable, las copias certificadas que envía, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que dio origen, se advierte que el quejoso José Antonio Delgado y Ávila, señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "La omisión de la Autoridad señalada como responsable de dictar laudo dentro del juicio laboral 510/2016 toda vez que desde el día treinta de octubre del año dos mil diecisiete, la autoridad señalada como responsable dictó un acuerdo en el que certificaba que ya no había pruebas que desahogar y hasta esta fecha la autoridad señalada como responsable no ha emitido el correspondiente laudo, mismo que se causa violación al quejoso de las garantías contempladas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional, como se hará valer en el capítulo correspondiente." En ese orden de ideas, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que el tres de octubre de dos mil diecinueve, dictó el laudo correspondiente al juicio laboral 510/2016, de su índice, en el que determinó lo siguiente: "RESUELVE ---PRIMERO:- La parte actora C. JOSÉ ANTONIO DELGADO AVILA no acreditó la procedencia de su acción y el demandando COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD si justificó sus excepciones y defensas, el tercero interesado en el juicio SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA SECCIÓN 33, deberá estarse a lo aquí resuelto, en consecuencia: -------- ---SEGUNDO: Se ABSUELVE a Comisión Federal de Electricidad de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora, en términos y con fundamento en la parte considerativa de esta resolución.------------------------ NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA PRESENTE RESOLUCIÓN, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.- ASÍ POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS CC. REPRESENTANTE DEL GOBIERNO Y DE LOS PATRONES, EN CONTRA DEL VOTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES POR LO QUE ABSUELVE, ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTIDÓS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- DOY FE.-" Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de la constancia allegada a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, el suscrito analizará de oficio la actualización de la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia la omisión de emitir el laudo dentro de los autos del juicio laboral 510/2016, del índice de la responsable, y en este momento procesal obra en autos copia certificada del laudo dictado el tres de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral precitado, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y por oficio a la autoridad tercera interesada y autoridad responsable.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en alcance al informe justificado que rindió y que obra en autos, informa que el tres de octubre del año en curso, se dictó el laudo en el expediente laboral 510/2016, de su índice, y para acreditar su dicho remite copia certificada de la citada resolución. En consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo recibidos, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la autoridad responsable, las copias certificadas que envía, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que dio origen, se advierte que el quejoso José Antonio Delgado y Ávila, señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "La omisión de la Autoridad señalada como responsable de dictar laudo dentro del juicio laboral 510/2016 toda vez que desde el día treinta de octubre del año dos mil diecisiete, la autoridad señalada como responsable dictó un acuerdo en el que certificaba que ya no había pruebas que desahogar y hasta esta fecha la autoridad señalada como responsable no ha emitido el correspondiente laudo, mismo que se causa violación al quejoso de las garantías contempladas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional, como se hará valer en el capítulo correspondiente." En ese orden de ideas, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que el tres de octubre de dos mil diecinueve, dictó el laudo correspondiente al juicio laboral 510/2016, de su índice, en el que determinó lo siguiente: "RESUELVE ---PRIMERO:- La parte actora C. JOSÉ ANTONIO DELGADO AVILA no acreditó la procedencia de su acción y el demandando COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD si justificó sus excepciones y defensas, el tercero interesado en el juicio SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA SECCIÓN 33, deberá estarse a lo aquí resuelto, en consecuencia: -------- ---SEGUNDO: Se ABSUELVE a Comisión Federal de Electricidad de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora, en términos y con fundamento en la parte considerativa de esta resolución.------------------------ NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA PRESENTE RESOLUCIÓN, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.- ASÍ POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS CC. REPRESENTANTE DEL GOBIERNO Y DE LOS PATRONES, EN CONTRA DEL VOTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES POR LO QUE ABSUELVE, ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTIDÓS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- DOY FE.-" Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de la constancia allegada a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, el suscrito analizará de oficio la actualización de la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia la omisión de emitir el laudo dentro de los autos del juicio laboral 510/2016, del índice de la responsable, y en este momento procesal obra en autos copia certificada del laudo dictado el tres de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral precitado, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y por oficio a la autoridad tercera interesada y autoridad responsable.
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