José Antonio de la Cruz Frías

Expediente 290/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
290/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • José Antonio de la Cruz Frías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintiocho de abril del año en curso, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el juicio de amparo, y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Antonio de la Cruz Frías, para los efectos siguientes: "1. Acuerde de inmediato los escritos de diecinueve de noviembre y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Notifique en los términos de ley el acuerdo que recaiga a los mismos". El diecinueve de mayo de la anualidad cursante, causó ejecutoria la sentencia de mérito; sin que hubiese necesidad de requerir a la autoridad responsable, toda vez que en auto de dieciséis del mismo mes y año, se reservó acordar lo procedente respecto del oficio y anexo que remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Mediante oficio 1476/JLCA/AMP/2022, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del proveído de doce de abril de dos mil veintidós, así como de la constancia de notificación efectuada al aquí quejoso el veinte de abril siguiente, efectuada al aquí quejoso, inherentes al expediente laboral 5188/2012 de su índice. Documentales que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora, de las constancias enviadas por la responsable se obtuvo que, el doce de abril de dos mil veintidós, acordó los escritos de diecinueve y veintitrés, ambos de noviembre de dos mil veintiuno, los dos recepcionados el veinticinco de noviembre siguiente, a través de los cuales, el apoderado legal del aquí quejoso, con el primero, solicitó se decretara la subsistencia en favor del ahí actor y determinara los posibles daños y perjuicios, y con el segundo, se procediera a emitir el acuerdo de requerimiento de la subsistencia a favor de la parte trabajadora a efectos de garantizar su subsistencia hasta en tanto se resolviera el amparo promovido; en tal virtud, dicho proveído le fue notificado el veinte de abril de la presente anualidad. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hayan hecho lo propio. CONCLUSIÓN En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA SIN MATERIA, dado que de las constancias que remitió la responsable, se desprende que, tanto el acuerdo de doce de abril de la anualidad en curso, como la notificación del auto en comento, inherentes a la controversia laboral natural, se llevaron a cabo con fecha anterior del dictado de la sentencia ejecutoriada. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos, de la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, mientras que en el segundo punto resolutivo, se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Antonio de la Cruz Frías; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se desprende que por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se reservó proveer sobre el oficio y anexo signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con el cual remitió copia certificada del acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente laboral 5188/2012, así como de las constancias de notificación respectiva. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente laboral 5188/2012, así como de las constancia de notificación respectiva; sin embargo, se reserva proveer lo conducente respecto del oficio y anexo de cuenta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ya que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el termino de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer el recurso de revisión correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 290/2022-5, promovido por *********, contra los actos que reclama del Pleno, Presidente y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el siete del citado mes y año, y turnado a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente, Antonio de la Cruz Frías, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ( "A).- LA OMISIÓN DE EJECUTAR EL LAUDO DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 5188/2012. B).- LA OMISIÓN DEL DICTADO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL LAUDO DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 5188/2012; VIOLANDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 945, 947, 950 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR. C).- LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A FAVOR DEL GOBERNADO EN TÉRMINOS DE LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y 685 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR, TRADUCIDA EN EL INCUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA SUCITADA EN EL PLANTEAMIENTO DEL JUICIO LABORAL, PUESTO QUE NO HA TRAMITADO NI RESUELTO EL JUICIO EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES QUE LA PROPIA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ EN CONCORDANCIA CON LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. D).- LA FALTA DE ACUERDO SOBRE LO PETICIONADO MEDIANTE ESCRITOS DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN DONDE SE SOLICITÓ, SE EMITA EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECRETE LA SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO, CON MOTIVO DE LA DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA POR LA PATRONAL CONDENADA. E).- POR CONSIGUIENTE, RAZÓN, LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LOS ACUERDOS RECAIDO A LOS ESCRITOS DE FECHAS 19 Y 23 DE NOVIEMBRE AMBOS DEL 2021. F).- LA DILACIÓN PROCESAL, QUE SE DERIVA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL, MISMAS QUE SON ATRIBUIBLES A LA AUTORIDAD LABORAL; Y QUE SE TRADUCEN EN FALTA EJECUTAR EL LAUDO DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 5188/2012. G).- LA FALTA DEL DICTADO DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE APREMIO PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 290/2022-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: La omisión de ejecutar el laudo dictado en los autos del juicio laboral 5188/2012, y por ende, la denegación de justicia pronta y expedita en términos de lo ordenado en el artículo 17 Constitucional y 685 de la Ley Federal del Trabajo en vigor. Falta de acuerdo sobre lo peticionado mediante los escritos de diecinueve y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en donde se solicitó se emitiera el auto mediante el cual se decrete la subsistencia, con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo, con motivo de la demanda de amparo interpuesta por la patronal condenada. Falta de notificación a las partes de los acuerdos recaídos a los ocursos de diecinueve y veintitrés de noviembre ambos del dos mil veintiuno. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO c). Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables consistente en la omisión de notificar los acuerdos que recaigan a los escritos de diecinueve y veintitrés de noviembre ambos del dos mil veintiuno; ello es así, ya que aún no se ha emitido acuerdo alguno en donde se ordene la respectiva notificación; por tanto, resulta evidente que las autoridades responsables a la fecha de presentación de la demanda no se encontraban en aptitud legal de ordenar la notificación a las partes de los proveídos que refiere, en consecuencia, el referido acto omisivo es inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Pleno, Presidente y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte de su respectivo informe justificado rendido de manera conjunta; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO MARCADO COMO inciso a). Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El precepto en cita, a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Ahora bien, este Órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, con relación en el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se exceptúa de lo anterior:." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La causa de sobreseimiento tiene sustento en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), la cual fue publicada en la página 2771, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias común, laboral, Décima Época, de registro digital 2000011, cuyo contenido es: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". De la intelección de tal criterio, se obtiene que el Alto Tribunal determinó que la ejecución forzosa de los laudos tiene la característica de ser siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años para ejecutar el laudo. La intervención de la parte interesada en ejecutarse el laudo es imprescindible, ya que se requiere del impulso procesal respectivo, sea para liquidar el momento de condena, para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y aunado lo anterior a la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Es así, pues si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo requiere de los imperativos legales a satisfacer, pues la ley de la materia prevé el procedimiento a seguir. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión por parte de las responsables en dar cumplimiento al laudo de quince de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, el quejoso refiere reclamar la omisión en general de ejecutar el laudo emitido en el juicio de origen. Ahora, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 945 y 950 establecen lo siguiente: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Al interpretar los mencionados preceptos, se llega a la convicción de que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación del auto que haya requerido dicho cumplimiento. Asimismo, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debe dictar auto de requerimiento de pago y embargo, a petición de parte que obtuvo un laudo favorable, precisamente para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo su ejecución. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la responsable y actuario, de no proveer lo conducente para la ejecución de un laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, porque se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a su Presidenta ejecutora. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar actos futuros que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Así se reitera, que el acto reclamado es jurídicamente inexistente y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la Presidenta, como en el presente caso se promovió. Es aplicable la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1469, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, materia común, Décima Época, con registro digital: 2019185, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Por lo anterior, es que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado marcado como inciso a), al actualizarse la causa de improcedencia invocada y con apoyo en el artículo 63, fracción XXIII de la Ley de Amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL RESPECTO AL ACTO RECLAMADO MARCARDO CON EL INCISO b). La parte quejosa reclama, en esencia, la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar los escritos de diecinueve y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento laboral 5188/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho a que se le imparta justicia pronta y expedita. Esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Ahora bien, estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en el ordinal 838 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Como se puede advertir del numeral antes transcrito, es obligación de la autoridad laboral proveer dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción los escritos que reciba. Ahora bien, las resoluciones que emita la autoridad responsable, debe ser suficiente para que el gobernado pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla, es decir debe ser congruente y completa a lo peticionado, tal y como lo establece el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que si bien habla de los laudos, lo cierto es que se extiende a las determinaciones que emite la autoridad laboral. Por lo tanto, si no se cumplieron con estas disposiciones, es evidente que se transgredió el numeral constitucional analizado, máxime que en el caso, las autoridades responsables al rendir sus respectivos informe justificados de manera conjunta, aceptaron que a la data -treinta y uno de marzo-, no habían acordado los escritos a que hace referencia la parte quejosa en su escrito de demanda. Así, los ocursos de diecinueve y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, presentados por la parte quejosa, y que constituyen el acto reclamado, ante la responsable el veinticinco del citado mes y año (mismos que anexó en copia a su demanda de amparo), de manera concreta sintetizada, se solicitaba, en el primero, se decretara la subsistencia en favor del ahí actor y determinara los posibles daños y perjuicios; en el segundo, se procediera a emitir el acuerdo de requerimiento de la subsistencia a favor del trabajador a efectos de garantizar su subsistencia hasta en tanto se resolviera el amparo promovido. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, no se pronunció sobre dicha solicitud efectuada por la parte actora en los escritos de mérito que constituye el acto reclamado. Consecuentemente, de la fecha en que la parte quejosa presentó su escrito ante la responsable (veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno), a la que se presentó la demanda de amparo (tres de marzo de dos mil veintidós), ha transcurrido en exceso el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la promoción, para que el tribunal provea de manera integral sobre la petición formulada por el quejoso en su referido escrito, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita. Esta juzgadora no pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria que vive el país; empero, es un hecho notorio que la suspensión de las actividades no esenciales fue decretada a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, lo que se corrobora con los diversos acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la responsable tuvo el tiempo suficiente para dictar el acuerdo correspondiente dentro del expediente laboral de origen. En las relatadas circunstancias, procede conceder la protección federal solicitada, a efecto de resarcir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido con las omisiones reclamadas. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: Acuerde de inmediato los escritos de diecinueve de noviembre y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Notifique en los términos de ley el acuerdo que recaiga a los mismos. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, en contra del acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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