José Antonio Dávila Flores

Expediente 16/2016 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
16/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • José Antonio Dávila Flores
  • C. Juez Trigésimo Tercero Penal En el Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AGRÉGUENSE EL OFICIO Y ANEXO QUE ACOMPAÑA, A TRAVÉS DE LOS CUALES LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. POR TAL MOTIVO, CON EL OFICIO Y ANEXO QUE SE PROVEE, DÉSE VISTA A LAS PARTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA, EN EL ENTENDIDO QUE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL MISMO Y AUN ANTE LA AUSENCIA DE ARGUMENTOS, CON APOYO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CITADO, SE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL SUMARIO

  2. Principal

    AGRÉGUESE AL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES EL OFICIO QUE SE PROVEE SUSCRITO POR EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA QUE DICHO TRIBUNAL SE AVOCÓ AL ESTUDIO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR EL QUEJOSO JOSÉ ANTONIO DÁVILA FLORES, EN CONTRA DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO INCP.- 13/2016. .

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso José Antonio Dávila Flores, por medio del cual manifiesta su inconformidad en contra del proveído de veintiocho de marzo del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia amparadora. En consecuencia, con fundamento en los numerales 203 de la Ley de Amparo y Octavo del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos Segundo, fracción XVI; Cuarto, fracción IV; Octavo, fracción I; Noveno, al que se adiciona un párrafo Segundo, y Décimo Tercero, párrafo Segundo, del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; una vez que corran glosadas en autos las constancias de notificación respectivas y sin posterior acuerdo, remítase el expediente de este juicio y su anexo al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, en turno, anexando por separado el escrito de cuenta para lo que tenga a bien resolver. No obstante que el recurrente no exhibe copias suficientes del ocurso de cuenta, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, obténganse las copias necesarias para correr traslado a todas las partes. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J.68/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto literal es: RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE POR INTERPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COPIAS DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE ES EL QUEJOSO, DEFENSOR O AUTORIZADO Y EL ACTO RECLAMADO IMPLICA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL. De una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley de Amparo, a la luz del principio garantista de acceso efectivo a la justicia contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente establecer que tratándose de la interposición del recurso de revisión durante la tramitación de un juicio de amparo en materia penal, cuando dicho medio de impugnación lo hace valer el propio quejoso, su defensor o autorizado, y el acto reclamado se hizo consistir en aquellos de los que afectan la libertad personal, no debe aplicarse la regla general contenida en el precepto legal de referencia, que impone la obligación al recurrente de exhibir las copias necesarias para el expediente y cada una de las partes de su escrito de agravios, y en caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación, se le requiera para que exhiba las copias omitidas en el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el recurso, sino que las mismas deberán expedirse oficiosamente por la autoridad que conozca del juicio de amparo. Ello es así, pues tratándose de la materia penal y bajo los supuestos precisados, debe prevalecer la garantía de acceso efectivo a la justicia, la cual se vería violentada al hacer nugatorio el derecho del quejoso a que se resuelva en definitiva la cuestión planteada, ante la exigencia de requisitos excesivos, lo anterior en atención a los valores fundamentales que se encuentran en juego, con independencia de que el recurso pudiera desecharse por alguna causa diversa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y una vez que se encuentre integrado el expediente, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis al dieciocho de marzo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con lo informado por el Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este Juzgado de Distrito se pronuncia oficiosamente al respecto. En sentencia dictada el dieciséis de febrero de la presente anualidad, se concedió la protección constitucional al quejoso José Antonio Dávila Flores, para el efecto de que la autoridad responsable JUEZ TRIGÉSIMO TERCERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL: Dejara insubsistente el auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince. b) Con plenitud de jurisdicción, y siguiendo los lineamientos expuestos, dictara una nueva determinación en la que debía resolver el incidente no especificado intentado por el quejoso, tomando en consideración tanto sus pretensiones como las razones, dispositivos legales y criterios jurisprudenciales que considerara le eran aplicables, c) Debía señalar fundada y motivadamente si aplicaba o no la porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal -estudio de personalidad- en favor del sentenciado José Antonio Dávila Flores y de qué manera aplicaba al caso concreto las diversas fracciones del aludido dispositivo al tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del ahora quejoso. En ese tenor, mediante auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad judicial responsable; la cual, mediante oficio 461 del diez siguiente, manifestó haber cumplido con el fallo protector. Ahora, de las constancias que remitió, mismas revisten la naturaleza de documentales públicas en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, naturaleza que es idónea para otorgarles valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 202 y 207 de la referida legislación adjetiva, así como en la jurisprudencia número 226 de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO .", se advierte que el ocho del aludido mes y año, dictó una resolución que en lo que interesa refiere: [.] --- (. en este acto deja insubsistente la resolución incidental de fecha 28 veintiocho de diciembre de 2015 dos mil quince.) [.] --- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y ESPECIALES DEL AGENTE.- Que de autos se desprende que el sentenciado JOSÉ ANTONIO DÁVILA FLORES, manifestó: ser de 21 veintiún años de edad, soltero, instrucción secundaria terminada, ocupación promotor de Telcel, que no tiene apodo.- SIN QUE SEAN DE TOMARSE EN CUENTA LOS INGRESOS A PRISIÓN Y EL ESTUDIO DE PERSONALIDAD O CRIMINOLÓGICO, PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, ELLO EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 72 DEL Código Penal no lo exige expresamente.- Además que de autos no se revela en su persona la existencia de circunstancia especial relevante, para determinar su posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, ya que en torno a ello se revelan como el común denominador. [..] --- Y atendiendo, actualmente, al fin que debe cumplir con la pena que lo es la reinserción del individuo en la sociedad, así como al mismo tiempo es una medida de control social con que cuenta el Estado para preservar el orden jurídico, amén de que se considera que no cause más daño en el sentenciado, que aquél que este causó a la Sociedad, porque es proporcional a los hechos cometidos observados desde una óptica totalmente objetiva, de acuerdo a las circunstancias que prevalecieron en el caso particular, y que nuestro sistema penal se rige por un derecho de acto y no de autor, ya que se considera que así se cumple el fin último de la pena, que es la salvaguarda de la sociedad, lo que representa para la colectividad una pena ejemplar, buscando el efecto de reinserción que se señala en nuestra Carta Magna, bajo este contexto, resulta necesario que se imponga la pena que corresponde al delito que cometió, como ha quedado precisado en la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.- Lo anterior al advertirse que continúan prevaleciendo las circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiares del sentenciado, además el daño causado al bien jurídico, en virtud de la forma de desarrollarse los hechos, que la naturaleza de las acciones fue inminentemente dolosa ya que el sentenciado en todo momento quiso la realización del hecho prohibido por la norma, tomando en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución en que se cometió el delito y las peculiares del justiciable (SIN QUE SE TOMARA EN CUENTA EL ESTUDIO DE PERSONALIDAD).- Por lo que se considera que la ley penal vigente al momento de los hechos, le es la aplicable, por ser la que más le beneficia y en la que se tomó en cuenta lo que más le favorece, a la persona. --- Por lo que tomando en consideración lo solicitado por el sentenciado (sin tomar en cuenta el estudio de personalidad al considerar que le son aplicables las reformas que ha sufrido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la protección de los Derechos Humanos, así como el criterio que cito respecto a la individualización de la pena y la inconstitucionalidad de la porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para la Ciudad de México), se tiene que resulta ser la misma pena señalada por el tribunal de alzada la cual fue dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, en la que la sentencia definitiva es resultado de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales, del procedimiento.) [.] RESUELVE [.] ---SEGUNDO.- Ha sido procedente la REINDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, sin tomar en cuenta la porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal aplicable en la Ciudad de México, sin tomar en cuenta el estudio de personalidad del sentenciado JOSÉ ANTONIO DÁVILA FLORES, señalándose la manera en que aplica al caso estudiado las diversas fracciones del numeral señalado, al tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del sentenciado) (sic). En ese sentido, debe decirse que el Juez Trigésimo Tercero Penal en esta Ciudad cumplió con la ejecutoria de amparo porque además de que dejó insubsistente el auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince, analizó de nueva cuenta el incidente no especificado hecho valer por el quejoso respecto de la reindividualización de la pena impuesta por su participación en el delito de Robo Calificado, manifestando las circunstancias por las cuales la pena no fue modificada, siendo que al no tomar en cuenta el estudio de personalidad del mismo, ya que el derecho penal que nos rige es de acto y no de autor, debido a las circunstancias en que fue cometido dicho ilícito y las agravantes del mismo, determinó no reducir la pena que le fuera impuesta. De ahí que haya hecho alusión a que el numeral 72 del Código Penal no exige expresamente tomar en consideración el estudio de personalidad del inconforme, considerando en todo momento la ley aplicable que más lo beneficiara; lo anterior, acorde a la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once en materia de derechos humanos. En diverso sentido, por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por el quejoso, mediante las cuales solicita no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo alegando que la pena impuesta no fue modificada por el Juez Trigésimo Tercero Penal en esta Ciudad con motivo de la sentencia protectora, debe decirse, que si bien dicho juez determinó no modificarla, hizo un análisis de los elementos que tomó en consideración para fijar la sanción respecto del delito que el quejoso cometió, no tomando en cuenta su estudio de personalidad, sino las circunstancias exteriores en que el mismo fue llevado a cabo, tomando en cuenta las disposiciones que consagren la protección más amplia al quejoso, conforme lo estatuye el numeral 1° de la Constitución Federal. Entonces, con base en lo anterior, este órgano Federal, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, procede a concluir, sin que ello implique un pronunciamiento en cuanto a la legalidad del cumplimiento emitido, que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, en cuanto no se contraponga con la nueva Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Sin que en el caso exista exceso o defecto en la ejecución de la sentencia de amparo, dado que la autoridad responsable de mérito se ajustó a los efectos precisados en el fallo protector. Hágase del conocimiento de las partes que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la nueva Ley de Amparo. Por otro lado, atendiendo a que resulta innecesaria la conservación del anexo remitido por la responsable y privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, una vez transcurrido el plazo señalado en numeral que antecede, devuélvase a dicha autoridad, con el objeto de que pueda ser reutilizado. En otro aspecto, tomando en consideración que en el presente juicio de garantías se concedió la protección constitucional, este expediente es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto por el artículo Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que es la sentencia dictada por este juzgado de Distrito la que se deberá conservar con independencia de que ésta haya sido recurrida, por lo que en el plazo de cinco años procédase a su depuración. Luego, tomando en cuenta por una parte, que el acto reclamado en el presente juicio no se encuentra relacionado con delitos contra la seguridad de la Nación o el derecho internacional o la humanidad o la administración de justicia o el ambiente y la gestión ambiental y; por otra, que conforme al prudente arbitrio de este juzgado dicho asunto no se considera de relevancia documental; en tales condiciones, con fundamento en el párrafo segundo del artículo Vigésimo Primero invocado, se considera que dicho juicio carece de relevancia histórica y documental, por tanto, asiéntese en la carátula del mismo el sello relativo para una correcta identificación de la naturaleza del asunto. De tal suerte que, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese Personalmente.

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