José Antonio Cortes Ramos
Expediente 856/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Antonio Cortes Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 73 a 77), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifíquese; y personalmente a las partes. I. Se agrega oficio. Añádase a los autos el oficio número 1175, signado por el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante el cual informa que el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó el laudo dentro del juicio laboral 105/2010, que sigue *** A su vez, se tiene como prueba de la autoridad responsable de cuenta, la documental que acompañó a su informe; probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia . II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dieciséis de octubre del presente año (fojas 1 a 11), José Antonio Cortes Ramos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ciudad. Por el acto reclamado siguiente: ".La omisión de la Responsable Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de que hasta la presente fecha la primera no ha formulado el proyecto de resolución en forma de laudo, no ha cuidado bajo su más estricta responsabilidad que el juicio quede inactivo, y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad no ha dictado el Laudo en el juicio mencionado, violando la ley del procedimiento." III.-Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 12 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ***, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 856/2017. No se tuvo con el carácter de autoridad responsable al Auxiliar de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, atento a que de conformidad con los artículos 888 y 889 de la Ley Federal de Trabajo, la discusión y votación del proyecto de laudo, así como su aprobación, corresponde a los integrantes de la Junta, por lo que al dictaminador o proyectista no se le puede imputar la omisión en el dictado del proyecto de laudo, pues el citado secretario auxiliar únicamente tiene el carácter de subalterno de los miembros de la Junta. Se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de terceros interesados a ***, por conducto de quien legalmente la represente y al Ingeniero Romeo Alfonso Fernández González; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 105/2010. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: *** Ahora bien, del comunicado de cuenta, remitido por el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, se advierte que adjuntó copia certificada del laudo dictado el veintiocho de noviembre del presente año (fojas 52 a 72), en los autos del expediente laboral 105/2010, el cual constituye el acto reclamado. Conviene destacar al respecto, los puntos resolutivos del laudo emitido por la autoridad responsable los cuales se transcriben a continuación: ".PRIMERO. El actor JOSÉ ANTONIO CORTES RAMOS, no acreditó sus acciones que ejercitó en su escrito de demanda en contra de la demandada METROS INMOBILIARIA S.A. DE C.V. la cual opuso sus excepciones y defensas y mismas que acreditó y justificó en su integridad, por consiguiente se ABSUELVE a la empresa demandada METROS INMOBILIARIA S.A DE C.V. de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó el actor JOSÉ ANTONIO CORTES RAMOS, consistentes en: "NOVENTA DIAS DE SALARIO COMO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SEPTIMOS DIAS SALARIO DEVENGADO, COMISIONES DEL 0.5%, POR OBRAS CONTRATADAS Y LOS SALARIOS CAÍDOS," por las razones y consideraciones de derecho que han quedado señaladas en el considerando tercero respectivo de esta resolución. SEGUNDO. El actor JOSÉ ANTONIO CORTES RAMOS, no acreditó sus acciones que ejercitó en su escrito de demanda en contra del codemandado ROMEO ALFONSO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, el cual opuso sus excepciones y defensas y mismas que acreditó y justificó en su integridad, por consiguiente se ABSUELVE a el codemandado ROMEO ALFONSO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó el actor JOSÉ ANTONIO CORTES RAMOS, consistentes en: "NOVENTA DÍAS DE SALARIO COMO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SEPTIMOS DÍAS SALARIO DEVENGADO, COMISIONES DEL 0.5%, POR OBRAS CONTRATADAS, Y LOS SALARIOS CAIDOS," por las razones y consideraciones de derecho que han quedado señaladas en el considerando cuarto respectivo de esta resolución." Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: *** Ahora bien, analizada la probanza anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en los autos del juicio laboral 105/2010, emitió el laudo el veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 53 a 72); lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas del doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 51 vuelta).
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de seis de los actuales, se agregó a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad (fojas 43 a 49); por lo que se encuentra transcurriendo la vista concedida a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes veinticinco de abril de dos mil catorce 09:32 h, de la Décima Época, con número de registro 2006279, del rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las doce horas del doce de diciembre de dos mil diecisiete, para su celebración.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ciudad. En consecuencia, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo . A su vez, se tiene como prueba de la autoridad responsable de cuenta, la documental que acompañó a su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia .
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