José Antonio Corral González
Expediente 1271/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Antonio Corral González
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes... SE ORDENA ARCHIVO...
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, certifica que la parte quejosa fue omisa en hacer manifestación alguna en relación al auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se le requirió para que en el plazo que establece la ley manifestara si deseaba ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable a los Jueces del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Hermosillo, con sede en esta ciudad. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Por otra parte, en cuanto a la certificación de cuenta y en virtud de que el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó personalmente a la parte quejosa el treinta de noviembre de la misma anualidad; por tanto, el término de quince días para ampliar la demanda transcurrió del cuatro al veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, al mediar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de diciembre del año próximo pasado, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se tiene por precluido el derecho a la parte quejosa para señalar como autoridad responsable a los Jueces del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Hermosillo, con sede en esta ciudad. Abierto el período de pruebas, la Secretaria certifica que la parte quejosa y la autoridad responsable, presentaron pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que las partes no formularon alegatos, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita presentó pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar resolución en los términos siguientes: Vistos para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1271/2017, y; Resultando: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora con sede en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, José Antonio Corral González, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Directores de los Centros de Reinserción Social Número Uno y Dos, con sede en esta ciudad, así como al Juez Primero de Primera Instancia de Nogales, Sonora; los que consideró violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 16, 17, 19 y 20, apartado A), fracciones I, II y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: se reclama de las autoridades señaladas como responsables, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 15 Y 20 DE LA LEY DE AMPARO, LOS ATAQUES A LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO, CONSISTENTE EN NO PONER AL SUSCRITO EN LIBERTAD POR HABER COMPURGADO EN SU TOTALIDAD LA PENA DE PRISION IMPUESTA, ADEMAS DEL AISLAMIENTO E INCOMUNICACION AL QUE EL SUSCRITO ESTOY SIENDO SOMETIDO AL HABERME TRASLADADO DE CENTRO PENITENCIARIO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y ESTAR CONFINADO EN UN AREA DE CASTIGO DENTRO DEL CENTRO DE RECLUSION DONDE ACTUALMENTE ME ENCUENTRO CONFINADO. ADEMAS SE RECLAMA DEL JUEZ SEÑALADO COMO RESPONSABLE, EL AUTO DICTADO EN LA FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DE LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL 190/1996, QUE FUE NOTIFICADO A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA BAJO EL OFICIO NUMERO 582/2017-B, QUE MODIFICA EL DESCUENTO DE TIEMPO DE LA SENTENCIA QUE SE ME IMPUSO." (sic). SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se formó el expediente respectivo, se registró en el libro de gobierno bajo el número 1271/2017, y se requirió al promovente para que aclarara su escrito inicial de demanda y mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, pretendió dar cumplimiento, sin embargo, en proveído de la misma fecha, se requirió al propio promovente para que ratificara el referido escrito dado que la firma que calza el mismo difiere en sus trazos de la que obra en el escrito inicial de demanda. En comparecencia de la misma fecha el quejoso ratificó el escrito registrado bajo número 13352, en el que se desiste del acto reclamado relativo al aislamiento e incomunicación; además, manifestó que desiste del diverso acto reclamado en vía de ampliación de demanda consistente en la orden de traslado. TERCERO. En auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se programaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse cuál es el acto reclamado en este juicio de amparo, de modo que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Así las cosas, tenemos que el acto reclamado consiste en: - El auto de dictado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 190/1996, de su índice, el cual modifica el descuento de tiempo de la sentencia impuesta y que lo mantiene privado de su libertad al haber compurgado en su totalidad la pena de prisión impuesta. TERCERO. Existencia o certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director del Centros de Reinserción Social II, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó tal autoridad al rendir el informe justificado respectivo. De igual forma, no obstante que el Director del Centro de Reinserción Social I, con sede en esta ciudad y el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal, con sede en Nogales, Sonora, al rendir el informe justificado respectivo hayan negado la existencia de los actos que a cada una de ellas se reclama; sin embargo, del contenido integral de los informes justificados que rindieron se advierte que su existencia; por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las constancias allegadas por el Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Dos, con sede en esta ciudad, en su informe justificado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren plena eficacia demostrativa. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que alguna de las partes la invoque; por lo que procede el estudio del fondo del problema planteado, a la luz de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no solo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo Tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación al principio de exhaustividad que rige las sentencias de amparo, cuenta habida que dicho principio se satisface al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2ª./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios e exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio del asunto. El estudio de los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos de lo establecido en la fracción III inciso a) del numeral 79 de la Ley de Amparo permite realizar la siguientes consideraciones: El peticionario de amparo, en relación con el acto reclamado consistente en el auto dictado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, dentro de la causa penal 190/1996, en el que modifica el descuento de la sentencia impuesta y que aduce mantiene privado al quejoso de su libertad personal no obstante que considera haber compurgado ya las penas de prisión que le fueron impuestas. Cabe advertir que como ya se dijo los conceptos de violación planteados se analizarán supliendo la deficiencia de la queja en beneficio del amparista, de conformidad con el ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que se le tiene privado de su libertad personal a pesar de que ya compurgó las penas de prisión que se le impusieron por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, en la causa penal 190/1996; asimismo, refiere que desconoce la razón por la cual se encuentra privado de su libertad ya que el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis compurgó su pena que le fue impuesta. A efecto de establecer lo procedente, se estima necesario relatar algunos puntos fácticos que se obtienen de las documentales que fueron remitidas por el Director del Centros de Reinserción Social II, con sede en esta ciudad, siendo éstos: a) En sentencia de trece de junio de dos mil uno, pronunciada en favor del sentenciado José Antonio Corral González, por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, dentro de la causa penal 190/1996, en la que al haber considerado que no se encontraba acreditada la plena responsabilidad penal de José Antonio Corral González, en la comisión de los delitos de HOMICIDIO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, dictó a favor sentencia absolutoria, la cual fue revocada por resolución de veintisiete de noviembre de dos mil uno, emitida por la Primera Sala Mixta del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del toca penal 757/2001, en la que se consideró penalmente responsable al sentenciado José Antonio Corral González, de los delitos de HOMICIDIO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, imponiendo por ambos ilícitos una sanción total de veinte años de prisión y multa, por lo cual fue reaprehendido el catorce de septiembre de dos mil seis. b) El veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, se resolvió el incidente no especificado de reducción de la pena, resultando de la aplicación retroactiva del artículo 69 del código penal local, se le impuso al sentenciado en cuanto al delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA una pena de seis años de prisión ordinaria, la cual sumada a la pena impuesta por el diverso delito de Homicidio resultó una pena global de dieciocho años de prisión ordinaria. c) Asimismo, de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por los Jueces del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones, con residencia en esta ciudad, se advierte que se le negó el beneficio de libertad anticipada denominado remisión parcial de la pena al sentenciado José Antonio Corral González, por no cumplir con los requisitos legales para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada o modalidades a la pena de prisión, determinando que a la fecha de la citada resolución (veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis) tenía compurgado un tiempo de doce años, seis, meses ocho días, faltando por cumplir un tiempo de cinco años, cinco meses, veintidós días. d) Por oficio 1135/06/2017, el Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo II, Sonora, solicitó al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, información relativa a la compurgación de la pena impuesta al sentenciado José Antonio Corral González. e) Mediante oficio 582/2017-B, signado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, dirigido al Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo II, Sonora, insertó el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, del que se advierte la pena global a compurgar por el sentenciado. Como se advierte, mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, le fue comunicado al aquí quejoso, que tenía pendiente de cumplimiento a partir de esa data, un tiempo de cinco años, cinco meses, veintidós días de prisión, en relación con la pena de prisión derivada de la causa penal 190/1996, que le impuso el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora. En este contexto, como se obtiene de la relatoría de antecedentes, se advierte que el acto reclamado consistente en el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el cual se informa la pena de prisión impuesta al aquí quejoso, fue emitido en consideración a la sentencia definitiva veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por los Jueces del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 32/2016-C, de su índice, relativo a la solicitud de libertad por remisión parcial de la pena, promovido por el sentenciado José Antonio Corral González, en el que se determinó que de la pena global impuesta relativa a dieciocho años de prisión ordinaria, a esa data (veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis) tenía compurgado un tiempo de doce años, seis, meses ocho días, faltando por cumplir un tiempo de cinco años, cinco meses, veintidós días, por ende, resulta inconcuso que desde el veintidós de junio de dos mil diecisiete (fecha en que se dictó la determinación que constituye el acto reclamado) y hasta la fecha del dictado de la presente determinación no han trascurrido los cinco años, cinco meses, veintidós días, que faltan por compurgar. Atento a ello, deviene infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que se encuentra privado de su libertad personal sin justificación alguna, pues como se ha dado cuenta se encuentra aún compurgando la pena de prisión impuesta y no actualiza los requisitos relativos para ser beneficiario de una remisión de pena como ya le fue negado en su momento. Luego, al ser infundado su agravio y no existir motivo de suplencia de la queja deficiente, se determina negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a José Antonio Corral González, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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