José Antonio Contreras Quintero
Expediente 1367/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Antonio Contreras Quintero
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, visto que por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno se ordenó formar un anexo con las constancias remitidas por la autoridad Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, devuélvanse las mismas; sin necesidad de acusar de recibo, dado que el sello de recepción hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar que notifico el acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de la pandemia Covid-19 que se vive en la actualidad; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno: Cuernavaca, Morelos, a trece de diciembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el escrito signado por José Antonio Contreras Quintero, mediante el cual, en atención a la prevención efectuada por auto de siete de octubre y dos de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, precisa lo requerido; en tales condiciones, este Juzgado Federal se encuentra en condiciones de proveer respecto la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Desechamiento Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17, Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por lo anterior, es necesario precisar que la quejosa en el presente juicio reclama lo siguiente: ".El ilegal emplazamiento que supuestamente se realizó a mi representado, toda vez que mi representado en ningún momento fue emplazado y menos cumpliéndose las formalidades que señala la Ley Federal del Trabajo. La indebida tramitación del juicio laboral 01/351/08, sin el debido emplazamiento del hoy quejoso, así como las subsecuentes actuaciones.". Ahora bien, por auto de siete e octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito requirió constancias a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mismas que remitió, a las cuales se les otorga valor probatorio, por contar La certificación correspondiente de autoridad en ejercicio de sus funciones, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última; y de las que se advierte que el aquí quejoso, a través de carta poder debidamente requisitada de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, les otorgó poder a Juan Carlos Arellano Buitrón y Raúl Noriega Vázquez, por lo que sus apoderados legales comparecieron a juicio y se les reconoció dicha personalidad, como se colige de la constancia relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas llevada a cabo el veintiocho de marzo de dos mil ocho. Por lo tanto, queda de manifiesto que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el veintiocho de marzo de dos mil ocho. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de sus consecuencias, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo desde la fecha de su conocimiento, esto es desde el veintiocho de marzo de dos mil ocho. Así pues, del plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo, se advierte que transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito del décimo octavo circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que cita con los efectos que precisa, siempre y cuando cuenten con los requisitos para tal efecto. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil veintiuno Téngase por recibida la razón asentada por la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el auto de referencia, así como las actuaciones futuras, incluso los de carácter personal, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ---Hago constar que notifico el acuerdo de fecha dos y diez, ambos de diciembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de la pandemia Covid-19 que se vive en la actualidad; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno: Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil veintiuno Téngase por recibida la razón asentada por la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el auto de referencia, así como las actuaciones futuras, incluso los de carácter personal, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. --- Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en relación a la prevención formulada en autos, hasta en tanto obraran las constancias del despacho enviado en el citado acuerdo, circunstancia que ya aconteció; por tanto, se provee al respecto: Subsiste prevención: En atención al escrito aclaratorio signado por Gabriel Camacho Cortes, quien se ostenta como apoderado legal de José Antonio Contreras Quintero, por medio del cual pretende subsanar la prevención efectuada por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno. Al respecto, dígasele que subsiste la prevención formulada, toda vez que no da cumplimiento al único punto preventivo, que a la letra dice: "ÚNICO. El directo quejoso José Antonio Contreras Quintero deberá manifestar la fecha en la cual se hizo sabedor de los actos reclamados, debiendo precisar, bajo protesta de decir verdad, en forma precisa, cronológica y detallada, cuáles son la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de lo que se pide aclare." En ese sentido, quien suscribe no es el directo quejoso, si no, Gabriel Camacho Cortes, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, por lo que no se considera satisfecho el punto preventivo antes descrito Lo anterior es así, ya que la satisfacción de ese requisito debe realizarse forzosamente por quien directamente se duele del acto reclamado, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y las autoridades responsables; por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa que subsiste la prevención formulada en el proveído de siete de octubre del año en curso, así como el apercibimiento ahí decretado; además, que el término restante (de los días que ahí le fueron concedidos), se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 39/2012 (10a.), que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, página 400, cuyo rubro y texto son: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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