JOSÉ ANTONIO CONTRERAS MÉNDEz
Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/10/2021
Partes del expediente
- JOSÉ ANTONIO CONTRERAS MÉNDEz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, relativa a la planilla de liquidación de gastos y costas de escrituración, propuesta por el quejoso José Antonio Contreras Méndez dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil con expediente número 1272/2014 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla. Por resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, contra los actos del Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte, relativa al juicio ejecutivo mercantil 1272/2014/6M, mediante la cual negó aprobar la planilla de gastos propuesta por el hoy quejoso. b) En su lugar, emita una nueva con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios que fueron advertidos en el presente fallo, esto es, describa los elementos probatorios ofrecidos por el actor incidental que tomé con consideración para emitir su determinación y precise el valor probatorio concedido a cada uno de ellos; asimismo, una vez analizados tales elementos y valorados debidamente, se pronuncie en relación con la planilla de gastos formulada por José Antonio Contreras Méndez". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y se requirió el cumplimiento respetivo al juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Posteriormente, el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla por oficio recibido el seis de octubre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el uno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1272/2014/6M, por la que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual negó aprobar la planilla de gastos propuesta por el hoy quejoso y, en su lugar, emitió una nueva siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia. Por lo anterior, el siete de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la parte tercera interesada el ocho de octubre siguiente y al quejoso el quince del mismo mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de fundamentación y motivación por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que dejó insubsistente la interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte dictada dentro del expediente 1272/2014/6M, mediante la cual negó aprobar la planilla de gastos propuesta por el hoy quejoso y, en su lugar, emitió una nueva en la que citó todas las pruebas que tomó en consideración para emitir su determinación y precisó el valor probatorio que les concedió a éstas, de conformidad con los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. No es óbice a lo anterior, el hecho de que por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso José Antonio Contreras Méndez manifiesta que la ejecutoria de amparo no fue cumplida, al no acatar la responsable cabalmente los lineamientos precisados en la sentencia, en razón de que no valoró debidamente las pruebas que acompañó a su escrito de liquidación; sin embargo, contrario a lo manifestado, la autoridad responsable si acató el fallo protector, porque de conformidad con éste, sólo estaba ceñida a citar las pruebas que tomara en consideración para emitir su determinación y precisar el valor probatorio que les concediera a éstas, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad la sentencia de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Antonio Contreras Méndez, por el que da contestación a la vista que se le dio por acuerdo de siete de octubre de dos mil doce, mediante el cual se hizo de su conocimiento el cumplimiento que la autoridad responsable juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, dio a la sentencia de amparo, por lo que se reserva el acuerdo correspondiente para el momento en que se determine que la ejecutoria dictada en el presente juicio, está o no cumplida. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada de la resolución pronunciada el uno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1272/2014/6M, por la que deja insubsistente la interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual negó aprobar la planilla de gastos propuesta por el hoy quejoso, y en su lugar, emite una nueva siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada de la resolución pronunciada el uno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1272/2014/6M, por la que deja insubsistente la interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual negó aprobar la planilla de gastos propuesta por el hoy quejoso, y en su lugar, emite una nueva siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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