Jose Antonio Contreras Chavez
Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Antonio Contreras Chavez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 145/2021, número de orden 276/2021, del índice de este juzgado. Acúsese el recibo correspondiente, al correo electrónico que indica la autoridad oficiante. En atención a lo anterior, dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 598/2020-IV-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la misma carece de firma de la parte quejosa, por lo que en el caso concreto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3º, 5° y 6° de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, fracción I; en concordancia con lo expuesto, en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no sabe hacerlo o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En ese orden de ideas, cabe destacar que el artículo 3º de la Ley de Amparo, establece lo concerniente a la presentación de promociones y consulta de expedientes, a través de las tecnologías de la información, mismo que es del tenor siguiente: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Ahora bien, la demanda de amparo fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pero de la simple lectura de la misma se aprecia que no se estampó la firma electrónica (FIREL), ya que el sistema no arrojó la constancia condigna. Tampoco es el caso que conste algún signo gráfico o firma que externara su voluntad, ni argumentaron que diversa persona promovería a su ruego con motivo de alguna imposibilidad jurídica o material para hacerlo, si no que por el contrario, la redacción de la demanda indica que se elaboró de tal manera por el propio Carlos Alberto Angelino Barrón, quien solicita el juicio de amparo, sin destacar ninguna imposibilidad jurídica ni material para estampar su firma. Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad, sin embargo, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15, con relación al 3, de la Ley de Amparo, para que se considere que alguien promueve la demanda a favor, por lo que no se está en imposibilidad jurídica ni material para firmar la demanda de amparo. De ahí, que es evidente que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de admitir una demanda de amparo. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, sin la firma correspondiente, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, presentara escritos instando la función jurisdiccional, cuando no existe en realidad la voluntad respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Época: Décima Época, Registro: 2019715, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), Página: 79, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, recibido vía electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso proceda prevenir la demanda, puesto que la falta de firma respectiva no es un requisito de forma contenido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino un presupuesto de validez, como es la voluntad. En otro aspecto, debe decirse que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se tiene que los directos quejosos, dentro del periodo comprendido del ocho y doce de noviembre de dos mil veintiuno, presentaron simultáneamente por lo menos treinta demandas de amparo en diversos circuitos de la República, en las que, según se advierte de la captura respectiva, reclaman el mismo acto reclamado en la presente demanda, esto es, la orden de traslado de la "penitenciaria CDMX" a otro centro de reclusión. Lo anterior, se considera oportuno destacar en tanto que, de cualquier forma, podría actualizarse otra causa de improcedencia derivada de dicha situación, la cual resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento en esta determinación, en tanto que basta una sola causal de improcedencia para que la demanda de amparo deba desecharse. Se cita en apoyo la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, página 414, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EXHORTO A LOS IMPETRANTES Por otra parte, toda vez que del contexto de la demanda, se advierte que los quejosos privados de su libertad, deberán ser notificados de manera personal en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen internos; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los impetrantes del amparo, el lugar de su reclusión; esto es, "Penitenciaría CDMX", que es la denominación que se utiliza coloquialmente en la Ciudad de México, para referirse al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al citado ordenamiento legal, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Expedientes, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a los quejosos 1Carlos Alberto Angelino Barrón, 2Juan Manuel Espinosa González, 3Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, 4Alejandro Díaz Madrid, 5Erick Adrián Rosas Gamiño ó Alexis Anaya Morales, 6Luis Gabriel Jop Corzo, 7Enrique Mejía Bello, 8José Antonio Contreras Chávez, 9José Othón Ramiro Hernández Lima, 10Enrique Alvarado Saucillo y 11Eduardo Flores Castro. Se solicita a la autoridad exhortada devuelva todo lo actuado en la comunicación oficial de mérito, únicamente vía electrónica, como lo dispone el numeral 110 del citado Acuerdo, a la brevedad posible, a fin de tener el presente asunto debidamente integrado. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese por exhorto a los quejosos. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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