José Antonio Colorado Olguín

Expediente 660/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
660/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Colorado Olguín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio firmado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual trascribe el proveído de once de julio de dos mil veintidós, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veinticuatro de junio del año en curso. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en la inteligencia que las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que: El quejoso señala como acto reclamado el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Oralidad Laboral de Celaya, Guanajuato, dentro del expediente número ***********, en el que determinó no dar trámite a la demanda laboral interpuesta ante su potestad, al considerar que la constancia de no conciliación que adjuntó al escrito inicial, carece de validez, pues estimó que se confeccionó vulnerando las reglas que rigen la actuación del órgano de conciliación, por lo que ordenó remitir el expediente vía electrónica al Centro de Conciliación Laboral para los fines legales a que hubiera lugar y tramitar el procedimiento de conciliación establecido en el Titulo Trece Bis de la Ley de la materia; como consecuencia de lo anterior, ordenó dejar a disposición del actor los documentos que anexó a su demanda, así como dar salida al asunto en los libros de Gobierno y Sistema de Gestión Laboral. -Acto reclamado- En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada se cataloga de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Precisado lo anterior, debe decirse que los Tribunales Colegiados de Circuito son los competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación por tratarse de una resolución definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito. Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Oralidad Laboral de la ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del expediente Laboral número *************, en el que determinó que la constancia de no conciliación aportada por el quejoso, carece de validez al haberse confeccionado vulnerando las reglas que rigen la actuación del órgano de conciliación, lo cual dio lugar a devolver el expediente vía electrónica al Centro de Conciliación Laboral para el trámite de conciliación correspondiente, dando salida al asunto de los libros de Gobierno y Sistema de Gestión Laboral; lo que se traduce en la culminación de dicho procedimiento jurisdiccional; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por José Antonio Colorado Olguín, contra actos del Juez de Oralidad Laboral Región Celaya, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y otra autoridad. Con base en lo expuesto, este operador jurídico considera que dicho acto debe impugnarse vía amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, ya que sin decidirse el juicio en lo principal se dio por concluido, por lo que el estudio de su procedencia es competencia de un Tribunal Colegiado. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda, y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veinticuatro de junio del año en curso. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en la inteligencia que las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que: El quejoso señala como acto reclamado el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Oralidad Laboral de Celaya, Guanajuato, dentro del expediente número ***********, en el que determinó no dar trámite a la demanda laboral interpuesta ante su potestad, al considerar que la constancia de no conciliación que adjuntó al escrito inicial, carece de validez, pues estimó que se confeccionó vulnerando las reglas que rigen la actuación del órgano de conciliación, por lo que ordenó remitir el expediente vía electrónica al Centro de Conciliación Laboral para los fines legales a que hubiera lugar y tramitar el procedimiento de conciliación establecido en el Titulo Trece Bis de la Ley de la materia; como consecuencia de lo anterior, ordenó dejar a disposición del actor los documentos que anexó a su demanda, así como dar salida al asunto en los libros de Gobierno y Sistema de Gestión Laboral. -Acto reclamado- En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada se cataloga de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Precisado lo anterior, debe decirse que los Tribunales Colegiados de Circuito son los competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación por tratarse de una resolución definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito. Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Oralidad Laboral de la ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del expediente Laboral número *************, en el que determinó que la constancia de no conciliación aportada por el quejoso, carece de validez al haberse confeccionado vulnerando las reglas que rigen la actuación del órgano de conciliación, lo cual dio lugar a devolver el expediente vía electrónica al Centro de Conciliación Laboral para el trámite de conciliación correspondiente, dando salida al asunto de los libros de Gobierno y Sistema de Gestión Laboral; lo que se traduce en la culminación de dicho procedimiento jurisdiccional; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por José Antonio Colorado Olguín, contra actos del Juez de Oralidad Laboral Región Celaya, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y otra autoridad. Con base en lo expuesto, este operador jurídico considera que dicho acto debe impugnarse vía amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, ya que sin decidirse el juicio en lo principal se dio por concluido, por lo que el estudio de su procedencia es competencia de un Tribunal Colegiado. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda, y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **************** por su propio derecho, contra actos del Juez Laboral de oralidad laboral Región Celaya, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y otra autoridad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 660/2022-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir a la promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: En efecto, la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En ese sentido, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo a los actos reclamados señaló como tales, en lo que interesa: (.) "El ilegal desechamiento de mi demanda, dando el asunto por concluido y ordenando su archivo, no obstante haber agotado la etapa prejudicial y aportar la Constancia de No conciliación así como la remisión al Centro de Conciliación Laboral para su prosecución, aun y cuando previamente se agotó el plazo de 45 días naturales que el Centro de conciliación tenia para agotar la etapa prejudicial". "De la autoridad señalada como ejecutora, el centro local de conciliación laboral sede Celaya. La falta de actuación del centro de Conciliación en el procedimiento prejudicial, pues se ha limitado a aceptar el asunto". Sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes, transcribió el acuerdo de ocho de junio del año en curso, emitido por la autoridad responsable ordenadora, mismo que representa el acto reclamado, además de que anexo copia de éste, sin que de su contenido se advierte el desechamiento del que se duele; aunado a lo anterior, tampoco precisa cuál es el acto o actos en concreto le atribuye a la ejecutora denominada Centro Local de Conciliación Laboral con sede en Celaya, Guanajuato. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama a cada una de las responsables; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a dichas autoridades, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. En ese sentido, al ser requisitos que deben satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirlo para que las subsane. Ante las irregularidades advertidas es que, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirla para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad, señale con precisión el acto o actos que le atribuye a cada una de las autoridades responsables. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales que se ordenen en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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