José Antonio Chávez Martínez
Expediente 1918/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1918/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Antonio Chávez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de seis de octubre de dos mil quince, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, por medio del cual informa que entregó el oficio de cinco de octubre actual, a Areli Pantaleón Morales, Perito oficial de este juzgado en Materia de contabilidad; el cual se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente correspondan y surta sus efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene por recibido el oficio signado por Areli Pantaleón Morales, Perito oficial de este Juzgado en materia contable, designado por la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Morelos, mediante el cual anexa el dictamen en materia de contabilidad, con su contenido dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. En mérito de lo anterior, requiérase al perito de este Juzgado Areli Pantaleón Morales, Perito oficial de este Juzgado en materia de contabilidad, designado por la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Morelos, para que en el término de tres días, comparezca ante este Juzgado, debidamente identificado en días y horas hábiles, a efecto de ratificar el dictamen pericial de mérito, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, se le impondrá una multa de CIEN días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que el dictamen en materia de contabilidad presentado por Judith Miriam Miranda Bahena perito en materia de contabilidad de la parte quejosa, se encuentran incompleto, ya que únicamente contestó ocho de los cuestionamientos planteados por la parte quejosa y son diez. En consecuencia, por conducto de la parte quejosa, requiérase a la perito Judith Miriam Miranda Bahena, para que dentro del término de cinco días, que serán contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, emita de nueva cuenta su respectivo dictamen pericial, que versará sobre los cuestionamientos nueve y diez faltantes, planteados la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo en el término concedido, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Incidental
PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, ocho de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veinticinco de septiembre del año en curso (foja 70), se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veintidós de junio de dos mil quince (fojas 25 a la 31), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Arminda Cambray García, contra la omisión de dictar y notificar el laudo en el juicio laboral 464/2011 reclamado a la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para el efecto siguiente: "Por tanto, al acreditarse la violación del precitado artículo 17 Constitucional, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, con plena libertad de jurisdicción, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, emita de inmediato el laudo que corresponda en el expediente laboral 464/2011 y lo notifique a las partes en términos de ley." Por auto de veinte de julio de dos mil quince (fojas 37 y 38), causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento de la sentencia constitucional. La Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante oficios recibidos el diez y veinticuatro de septiembre del año en curso, remitió a este Órgano Jurisdiccional copia certificada del laudo de nueve de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral 464/11 (fojas 54 a la 63), así como de las constancias de notificación realizadas a las partes actora y demandada el veintiuno y veintidós de septiembre del año en curso (68 a la 69). Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, si la Junta responsable dictó el laudo el nueve de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral 464/2011, y notificó a las partes el veintiuno y veintidós de septiembre del año actual; resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil quince EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes a las que les asiste el derecho de recurrir la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de agosto de dos mil quince; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley de Amparo en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Adriana Flores Garza) Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Jorge Sánchez Rodríguez), para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen y remitan copia certificada de los cheques debidamente actualizado. Cabe precisar que el término de VEINTE DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "1. Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto no sea reformado, el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y, en su lugar, se cobre a la quejosa la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa a que se refiere la escritura pública número 41621, pasada ante la fe del Notario número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste al cobro consignado en el recibo de pago 767690 expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $2,543.00 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100), descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa a que se refiere la escritura pública número 41261 pasada ante la fe del Notario número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado. En el entendido que se deberá restituir a la quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $2,543.00 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100), previo descuento precisado en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDAD RESPONSABLE. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Asimismo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos (Graco Luis Ramírez Garrido Abreu)), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el licenciado Francisco René Marmolejo Vázquez Secretario que autoriza y da fe.
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