José Antonio Chávez Chávez y Otros.

Expediente 1475/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1475/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Chávez Chávez y Otros.
  • José Antonio Chávez Chávez
  • María Guadalupe Castillo García
  • Guillermo Mejía Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación a los puntos 7.1.1 en sus numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo solicitado. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; a catorce de noviembre de dos mil veintidós. S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1475/2022-III-C, promovido por José Antonio Chávez Chávez y otros; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca, José Antonio Chávez Chávez y otros, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y los actos reclamados que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: SE SEÑALA EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: A).- LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO (.) RESPECTO DE LA APROBACIÓN DEL DECRETO 21, que en su ARTÍCULO TERCERO reforma el artículo 70 en sus párrafos primero y tercero y se deroga el articulo 70 en su párrafo segundo ambos de Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de 31 de enero de 2022, entrando en vigor el 01 de febrero de 2022. B).- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ALFREDO DEL MAZO MAZA (.) RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN Y LA AUTORIZANCIÓN DEL DECRETO NÚMERO 21 en su ARTÍCULO TERCERO que reforma el artículo 70 en sus párrafos primero y tercero y se deroga el articulo 70 en su párrafo segundo ambos de Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de 31 de enero de 2022, entrando en vigor el 01 de febrero de 2022. SE SEÑALA EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA: A). - EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) (.), RESPECTO DE LA APLICACIÓN, CÁLCULO Y EXPEDICIÓN DEL AUMENTO DEL IMPORTE CONSIDERADO COMO "PENSIÓN" A LOS QUEJOSOS, JOSE ANTONIO CHAVEZ CHAVEZ, MARIA GUADALUPE CASTILLO GARCIA, GUILLERMO MEJIA OCAMPO, MARTHA ALICIA CHAVEZ CHAVEZ, MARIA ISABEL CHAVEZ CHAVEZ; QUE SON PENSIONADOS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM), LOS CUALES SE VEN AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DE LA REFORMA A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM), DEL DECRETO NÚMERO 21 en su ARTÍCULO TERCERO que reforma el artículo 70 en sus párrafos primero y tercero y se deroga el articulo 70 en su párrafo segundo ambos de Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de 31 de enero de 2022, entrando en vigor el 01 de febrero de 2022. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISÓN QUE SE RECLAMA: LA APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR del DECRETO NÚMERO 21 en su ARTÍCULO TERCERO reforma el artículo 70 en sus párrafos primero y tercero y se deroga el articulo 70 en su párrafo segundo ambos de Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de 31 de enero de 2022, entrando en vigor el 01 de febrero de 2022, artículos que se trascriben en su parte conducente a continuación: ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga del articulo 70 su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: ARTICULO 70.- El monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley, se actualizarà anualmente conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografia Derogado. En ruingún caso se podrá rebasar el tope máximo senalado en el artículo 87 de esta ley." Por estimarlos, en esencia, violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite. Por auto de veintitrés de septiembre del año en curso, este juzgado, entre otras cosas, admitió a trámite la demanda que radicó con el número de expediente 1475/2022-III-C, requirió el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al Ministerio Público de la Federación de la adscripción; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se impugna una ley de carácter general que fue aplicada en la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De conformidad con el análisis contextual señalado, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama los actos siguientes: La discusión, aprobación, promulgación, expedición, refrendo o firma del decreto 21 por el cual reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cuya publicación se efectuó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Como acto de aplicación, el pago realizado al quejoso el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se actualizó el monto diario de pensión, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 192097, tesis: P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la misma forma, la tesis con número de registro digital: 181810, Tesis: P. VI/2004 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la "LXI" Sexagésima Primera Legislatura y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, expedición, refrendo o firma del Decreto 21 por el cual reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cuya publicación se efectuó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, toda vez que así lo reconocieron expresamente al rendir sus informes con justificación, en el ámbito de sus respectivas competencias. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, al margen de que la existencia del ordenamiento legal reclamado, así como la intervención de las autoridades en el procedimiento legislativo que le dio origen, resultan un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, no se encuentra sujeta a prueba. Consideración que tiene sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 65, Primera Parte, Materia Común, página 15, que determina: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto del apoderado legal de dicho Instituto, negó el acto reclamado por considerar que carecen de facultades para su emisión. Sin embargo, dicha negativa se tiene por desvirtuada, debido a que los artículos 20 y 21 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como, el Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, reconocen facultades para su intervención en el acto reclamado. Al respecto, los numerales en cita señalan: LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS TITULO SEGUNDO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CAPITULO I DE LOS OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES "ARTÍCULO 14.- El Instituto tendrá los objetivos siguientes: I. Otorgar a los derechohabientes las prestaciones que establece la presente Ley de manera oportuna y con calidad, atendiendo prioritariamente a niñas, niños y adolescentes, con base en su interés superior. II. Ampliar, mejorar y modernizar el otorgamiento de las prestaciones que tiene a su cargo; III. Contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes. ARTICULO 15.- Para el logro de sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I. Cumplir los programas que apruebe el Consejo Directivo, a fin de otorgar las prestaciones que establece esta ley; II. Recibir y administrar las cuotas y aportaciones del régimen de seguridad social, así como los ingresos de cualquier naturaleza que le correspondan; III. Invertir los fondos y reservas de su patrimonio, conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias; IV. Adquirir, enajenar y arrendar los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios; V. Celebrar convenios en las materias de su competencia con instituciones internacionales, nacionales o estatales de seguridad social; VI. Informar a la Secretaría de Finanzas de manera trimestral, del retraso en la recepción de las cuotas y aportaciones al régimen de seguridad social, por parte de las Instituciones Públicas. VII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos legales. ARTICULO 16.- El gobierno y la administración del Instituto estarán a cargo del Consejo Directivo y del Director General." "ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del Consejo Directivo: (...) IV. Aprobar las bases generales para conceder, negar, suspender, modificar y revocar las pensiones en los términos de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, así´ como para otorgar los créditos que ésta prevé´ (.)." "ARTÍCULO 21.- El Director General del Instituto (.) tendrá´ las atribuciones siguientes: VI. Formular los estudios y dictámenes sobre las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones y demás actos que requieran acuerdo expreso del Consejo Directivo (.)." MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "07C0401520101L DEPARTAMENTO DE PENSIONES OBJETIVO: Realizar las acciones relacionadas con la determinación de las prestaciones de pensiones, seguro por fallecimiento y estímulo por permanencia en el servicio, otorgadas por el Instituto, derivadas del sistema solidario de reparto. FUNCIONES: - Aplicar los incrementos del monto diario de pensión aprobados por el Consejo Directivo, conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (...)." Del análisis de las porciones normativas en cita, se desprende que el gobierno y la administración del Instituto estarán a cargo del Consejo Directivo y del Director General; asimismo, que el Consejo Directivo debe "aprobar las bases generales para conceder, negar, suspender, modificar y revocar las pensiones"; asimismo, que el Titular de la Dirección General tiene la facultad de "elaborar los dictámenes sobre las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones y demás actos que requieran acuerdo expreso del Consejo Directivo"; además, el Manual referido señala que los incrementos del monto diario de pensiones se actualizan conforme a lo aprobado por el Consejo Directivo; por tanto, del análisis sistemático de las normas transcritas, se puede afirmar que la autoridad responsable si cuenta con facultades para la emisión del acto que de ella se reclama, toda vez que, en términos del artículo 16 en cita, su gobierno y administración recae en las autoridades antes precisadas; de ahí que sea cierto el acto reclamado. Precisado lo anterior, deben tenerse por ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables siguientes: LXI Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado de México. Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Por cuestión de orden, el análisis de las causas de improcedencia se llevará a cabo de forma temática, a saber: El Gobernador Constitucional del Estado de Estado de México y el Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto a la emisión, promulgación y publicación del Decreto 21 por el cual reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cuya publicación se efectuó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en virtud de que aducen que no se acredita el acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa. I) Inconstitucionalidad del artículo 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Esta causa de improcedencia es fundada. Para verificar, lo anterior es menester establecer que el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De conformidad con el artículo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente contra contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Además, el sugundo numeral en cita dispone que la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas a través del criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VI, página 5, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En efecto, tratándose de la impugnación de normas generales, éstas pueden ser reclamadas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, es decir, con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien, por virtud de su primer acto concreto de aplicación, como heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se combate una norma como heteroaplicativa, resulta necesario acreditar la individualización de esta a partir de una condición, esto es, la realización de un acto que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. En otras palabras, para que la norma vincule al gobernado, se requiere de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, así, se activa la obligatoriedad del mandato legal. Ahora, como ya fue precisado, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra una norma de observancia general en su carácter de heteroaplicativa cuando no se haya aplicado a la parte quejosa y, por tanto, no le depare perjuicio alguno. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios orientadores en cuanto al procedimiento a seguir en su estudio, entre los que destaca la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así, en términos de este criterio, cuando se controvierte una norma de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, el juzgador de amparo debe: Verificar que la norma reclamada verdaderamente se haya aplicado formal o materialmente. Analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación impugnado. De actualizarse alguna causa de improcedencia, sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. De resultar procedente el juicio de amparo por el acto de aplicación, estudiar en primer lugar la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados. De negarse el amparo respecto de la ley, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación formulados contra del acto de aplicación por vicios propios. En este orden de ideas, es importante hacer mención que en el presente asunto se reclama la aplicación de una norma general heteroaplicativa que requiere de un primer acto a través del cual el ordenamiento reclamado adquiera individualización, por lo que procede el análisis del primero de los requisitos en cita, esto es, verificar que la norma reclamada verdaderamente se haya aplicado formal o materialmente. Al respecto, cabe señalar que el Decreto 21 por el cual reforma el artículo 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cuya publicación se efectuó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, es de individualización condicionada, es decir, está sujeta a que el nacimiento de sus consecuencias jurídicas se someta a la realización de un acto o hecho jurídico posterior a su entrada en vigor. En ese sentido, el artículo 133 reclamado establece lo siguiente: "ARTÍCULO 133.- El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias." Del precepto anteriormente transcrito se advierte que el monto del seguro por fallecimiento nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias y se fijara por el Consejo Directivo atendiendo el presupuesto de la Institución. En el caso, la finalidad de la reforma al numeral transcrito, se sustenta en las consideraciones plasmadas dentro de la exposición de motivos, en la cual, el legislador señaló: "(.) Estimamos viable establecer un indicador para que año con año el monto mínimo de actualización del seguro por fallecimiento que anualmente determina el Consejo Directivo del ISSEMYM y que está previsto en la referida Ley de Seguridad Social del Estado, se ajuste automáticamente, conforme al monto de crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que constituye una acción efectiva que permite mantener el poder adquisitivo de las prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, por lo que se apoya que dicha prestación se calcule conforme al mandato constitucional en beneficio de los familiares o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos (.)." De la transcripción anterior, se advierte que respecto a la modificación relacionada con el artículo 133, el legislador señaló que es viable el incremento anual del seguro por fallecimiento con base en el crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización, lo que constituye una acción efectiva que permite mantener el poder adquisitivo de las prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, por lo que se apoya que dicha prestación se calcule conforme al mandato constitucional en beneficio de los familiares o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos. En consecuencia, permite concluir que la norma se combate en su carácter de heteroaplicativa, por lo que se requiere un acto de aplicación a través del cual se haya aplicado dicha disposición en perjuicio del quejoso, lo que, en la especie, no acontece. Es así, pues ese numeral establece que el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto del Instituto Social, por lo que se exige de una condición suspensiva, como lo es el fallecimiento. Por tanto, a efecto de que la parte quejosa este en posibilidades de combatir la constitucionalidad de la norma se requiere que se actualice en su perjuicio un acto de aplicación en el que se establezca una cantidad cierta con motivo del otorgamiento del seguro por fallecimiento. En ese sentido, el seguro por fallecimiento tiene una condición suspensiva sine qua non, la cual consiste en que hasta en tanto no fallezca el titular del seguro, los beneficiarios no podrán tener una cantidad liquida determinada, razón por la cual, hasta entonces se verificará el acto de aplicación que -en su momento- se pueda combatir. Entonces, para que el numeral citado pueda ser impugnable requieren de los siguientes requisitos: Que el titular del seguro fallezca. Que se determine que los beneficiarios tienen derecho a una pensión por el fallecimiento del asegurado. Una vez notificado el monto al que tengan derecho, se inconformen manifestando que la actualización fue desproporcional o en su defecto se actualizó de forma incorrecta. Así, al no evidenciarse la afectación a la esfera de derechos del quejoso, es decir, al no precisarse un acto en el que se le haya ocasionado un perjuicio con motivo de la aplicación de la norma general que controvierte, artículo 133, lo que constituye un requisito indispensable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, cuando se controvierten disposiciones de observancia general de naturaleza heteroaplicativa; se considera que la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. En tales condiciones, el artículo 133 de la Ley de Seguridad del Estado de México y Municipios, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, pues para que así suceda, se encuentra condicionada a que exista un acto de aplicación, es decir su materialización en un caso concreto, se encuentra supeditada a la realización de diversas conductas y eventos. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada norma, respecto de los actos reclamados de la Presidenta de la LXI Legislatura y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, así como, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. II) Inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Esta causa de improcedencia es fundada. Para verificar, lo anterior es menester establecer que el artículo 61, fracción XII, así como el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo (.)." De la transcripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legitimo del quejoso, y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio en su perjuicio, es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas dada la situación objetiva en que se encuentran, ya sea por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, siendo titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 690, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En este contexto, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1598, que a continuación se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Tratándose de la impugnación de normas generales, éstas pueden ser reclamadas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, es decir, con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien, por virtud de su primer acto concreto de aplicación, como heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, como ya se vio, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, es decir, si se requiere la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Así, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. En este orden de ideas, es importante hacer mención que en el presente asunto se reclama la inconstitucionalidad del Decreto 21 por el que se reforma el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, vigente a partir del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, como norma heteroaplicativa. Sin embargo, para verificar la existencia del acto de aplicación, es necesario analizar si dicho acto le causa una afectación a la parte quejosa, lo que, en el caso, no puede identificarse por este órgano jurisdiccional, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para dilucidar si el acto de aplicación reclamado por la parte quejosa efectivamente le causa un perjuicio. Para poner de relieve lo anterior, es preciso referir que con anterioridad a la reforma constitucional de veintisiete enero de dos mil dieciséis, en materia de desindexación de salario mínimo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 342/2016, por la que emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 41, abril de 2017, tomo I, página 949, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA.", determinó, en esencia, que la pensión por jubilación y los derechos derivados de ésta constituyen derechos adquiridos, conforme a las disposiciones aplicables al momento en que fue otorgada dicha prestación; por lo que, en consecuencia, cualquier modificación en detrimento de ese derecho. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), de rubros: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO." y "PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO", consideró que, con posteridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en materia de desindexación del salario mínimo, la cuantificación de las pensiones, no corresponde a algún requisito necesario para el otorgamiento de dicha prestación, por lo que su actualización es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, que se ubica en la esfera del derecho administrativo y no en la materia de trabajo. En ese orden de ideas, sostuvo que el aumento de las pensiones constituye una mera expectativa de derecho que se actualiza en el momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Ahora, los quejosos reclaman la inconstitucionalidad la de norma heteroaplicativa con motivo del primer acto de aplicación que, según refieren, se verificó en la segunda quincena de agosto de dos mil veintidós, cuando al momento de realizarse su pago de pensión, la actualización se realizó conforme al Índice Nacional del Precisos al Consumidor; eesencialmente, bajo el argumento de que les causa un perjuicio debido a que la pensión que recibían ya no les fue actualizada como se les venía calculando, sino conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor Sin embargo, como se sostuvo, a fin de que este juzgador se encuentre en posibilidades de dilucidar si, efectivamente, la actualización de la pensión conforme a la disposición que se tilda de inconstitucional le causa un perjuicio a la parte quejosa, en razón de haberse otorgado, en su caso, con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, es necesario que los quejosos acrediten la fecha en que fueron emitidos sus respectivos dictámenes de pensión, lo que en el caso no acontece. Esto, pues el quejoso no exhibio´ documento alguno que compruebe que el acto reclamado le cause una afectación real y directa. Lo anterior, ya que los quejosos, fueron omisos en acreditar en qué fecha se pensionaron y, además, que dicha pensión fue antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo. En efecto, únicamente anexaron a la demanda de amparo copia de los siguientes documentos: Parte quejosa: Recibo de pago: Credencial con clave ISSEMYM: José Antonio Chávez Chávez 15/08/2022 y 31/08/2022 0103270 María Guadalupe Castillo García 31/07/2022 y 31/08/2022 0043466 Guillermo Mejía Ocampo 31/07/2022 y 31/08/2022 0024044 Martha Alicia Chávez Chávez 15/08/2022 y 31/08/2022 0160677 María Isabel Chávez Chávez 15/08/2022 y 31/08/2022 0215171 Atento a ello, debe considerarse que los quejosos, únicamente, acreditan ser pensionados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como, los pagos de sus pensiones, respectivamente; sin embargo, no se advierte documento alguno del que se observe que se hayan pensionado con antelación a la reforma constitucional la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo, para que se considere que su pensión y los derechos derivados, como lo son la actualización, constituyen derechos adquiridos. Lo anterior, adquiere especial relevancia debido a que para determinar si, efectivamente, la norma que se tilda de inconstitucional causa una afectación a la parte quejosa, es necesario, no solo que afirme de forma genérica que se encuentra en el supuesto en ella previsto, sino que, además, para el caso, contar con elementos de convicción necesarios para determinar si los quejosos se pensionaron con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y, por consecuencia, analizar si la aplicación de la norma de forma retroactiva en su perjuicio. Lo que en el caso no acontece, razón por la cual se estima que el acto de aplicación no afecta los derechos de los quejosos, pues no puede tenerse por acreditado el intere´s juri´dico que lo legitime para acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis 3a./J. 9/94 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, abril de 1994, número 76, la página 17, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Y el criterio jurisprudencial 3a./J. 45/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, julio-diciembre de 1990, página 199, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relacio´n con el arti´culo 5°, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada norma, respecto de los actos reclamados de la Presidenta de la LXI Legislatura y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, así como, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. QUINTO. Acto de aplicación. La parte quejosa alega que se violentó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los promoventes del amparo refieren que no se les actualizó la pensión conforme se había venido realizando, sino conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El motivo de disenso es infundado. A efecto de demostrar lo anterior, debemos recordar lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), antes citadas, de las que se advierte, como se mencionó, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, con posteridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en materia de desindexación del salario mínimo, la cuantificación de las pensiones constituye una mera expectativa de derecho que se actualiza en el momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Tomando como referente lo anterior, debe decirse que fue correcto que la autoridad responsable actualizara el pago correspondiente a la pensión de los quejosos, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y sus Municipios vigente, el cual dispone que dicha actualización debe realizarse de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues, como se vio, la parte quejosa no acreditó si se pensionó con posteridad a la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo. Aunado a que, la quejosa no combate per se la legalidad del acto de aplicación, sino en virtud de haber controvertido la constitucionalidad de la norma que estima le fue aplicada. Por tanto, al resultar improcedente el estudio respecto de la constitucionalidad de la norma; y, por consecuencia, que el acto de aplicación es correcto, así como, no advertirse que éste se combata por vicios propios (legalidad), es inconcuso que no se demuestra la ilegalidad del acto de aplicación de la norma reclamada; por tanto, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por José Antonio Chávez Chávez, María Guadalupe Castillo García, Guillermo Mejía Ocampo, Martha Alicia Chávez Chávez y María Isabel Chávez Chávez, por el acto reclamado a la "LXI" Sexagésima Primera Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, consistentes en la inconstitucionalidad del Decreto 21 por el que se reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo expuesto en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Antonio Chávez Chávez, María Guadalupe Castillo García, Guillermo Mejía Ocampo, Martha Alicia Chávez Chávez y María Isabel Chávez Chávez, por el acto de aplicación reclamado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo expuesto en el considerando quinto de la presente determinación. ***

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la LXI Legislatura del Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. DELEGADOS Con apoyo en el numeral 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que refiere. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En ese orden, ténganse el correo electrónico y número telefónico proporcionados como medios adicionales para a entablar comunicación con la autoridad responsable al tratarse de un correo y número oficial. TRANSFERENCIA Finalmente, para permitir lo anterior la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta y seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se transfiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado que rinde el apoderado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. DELEGADOS Y DOMICILIO Con apoyo en los numerales 9 y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que refieren y como domicilio el que señala. CORREOS ELECTRÓNICOS En ese orden, ténganse los correos electrónicos proporcionados como medios adicionales para a entablar comunicación con la autoridad responsable al tratarse de correos oficiales. USUARIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a los usuarios electrónicos que proporcionó, a saber, EPA_1989 e IvanMonje, se tienen por autorizados para la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que quedará bajo su más estricta responsabilidad dicha consulta. Por ello, instrúyase al Oficial Judicial "A" para que proceda a dar de alta a dichos usuarios EPA_1989 e IvanMonje, a efecto de que acceda al expediente electrónico; así también se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este tribunal, para que actualicen la consulta del expediente electrónico a partir del auto de radicación dictado en el presente asunto, a fin de que el referido usuario, pueda imponerse de todas las constancias que existen en el expediente en que se actúa; para lo cual, incluso se solicite el apoyo necesario al servicio informático que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad quede debidamente visible para consulta el expediente electrónico del juicio de amparo 1475/2022. **

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