Jose Antonio Chale Castro
Expediente 986/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Antonio Chale Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 986/2022-IV-B, promovido por María José Chale Martínez, a favor del directo quejoso JOSÉ ANTONIO CHALE CASTRO; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, vía electrónica, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, María José Chale Martínez, a favor del directo quejoso JOSÉ ANTONIO CHALE CASTRO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo que en auto de once de abril de dos mil veintidós, se otorgó al quejoso la suspensión de plano en contra de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, y privación de la libertad fuera de procedimiento. SEGUNDO. En la misma fecha el quejoso ratificó la demanda promovida a su favor, y en proveído de doce de abril de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe a la autoridad señalada como responsable, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: La detención e incomunicación del quejoso. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la incomunicación, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado el Secretario de Seguridad Pública, por conducto del Director Jurídico [11993], con residencia en esta ciudad, sin que se hubiere desvirtuado dicha negativa con algún medio de convicción por parte del directo quejoso. Por lo que debe SOBRESEERSE en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto en el numeral 63 fracción IV de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de dicho acto de incomunicación. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto relativo a la detención, reclamada a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública, quien rindió informe a través del Director Jurídico, con sede en esta ciudad (promoción 8757), por lo que así debe tenerse, para todos los efectos legales conducentes. Lo anterior toda vez que al rendir su informe manifestó que el quejoso ingresó al área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación de esa Corporación a disposición del Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, en relación con la carpeta de investigación N1-N1/073/2022. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En el caso, el directo quejoso JOSÉ ANTONIO CHALE CASTRO, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de la autoridad responsable sustancialmente la detención. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Secretario de Seguridad Pública, y las que integran los presentes autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Se advierte que JOSÉ ANTONIO CHALE CASTRO, ingresó al área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación de esa Corporación a disposición del Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, en relación con la carpeta de investigación N1-N1/073/2022. Lo anterior, en relación con la detención originalmente decretada en contra de las autoridades policiales generó un cambió en su situación jurídica, ya que fue puesto a disposición de la representación social, sin que la parte quejosa señalara como autoridad responsable a esta última, a pesar de haber sido requerido para ello; lo que conduce a la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte quejosa al haber sido puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, los actos reclamados fueron sustituidos jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad policial puso a disposición del ministerio público correspondiente al quejoso, ya su privación de la libertad no estaba a potestad de la autoridad de seguridad pública, sino que estaba bajo la decisión de la autoridad ministerial a la que fue puesta a disposición la parte amparista, sin que se señalara como responsable al fiscal de mérito, no obstante que se le requirió para ello. Por tanto, es inconcuso que el acto atribuido a la autoridad responsable policial, quedó consumado formal e irreparablemente, al acontecer un cambio de situación jurídica. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ ANTONIO CHALE CASTRO, en contra de los actos que reclamó de la autoridad precisada en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ ANTONIO CHALE CASTRO, en contra de los actos que reclamó de la autoridad precisada en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por el la Titular de la Fiscalía de Calkiní, Campeche, así como con el oficio remitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por conducto del Director Jurídico, residente en esta ciudad, con anexo, con los que informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna dentro de tres días, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, plazo que transcurrió sin que hasta el momento exista manifestación al respecto, de conformidad con la certificación de cuenta. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Ahora bien, en sentencia dictada el treinta y uno de enero del año en curso, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada: "[.] se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada a Teresita Elena del Socorro Castillo Pérez, para los siguientes efectos: Que la autoridad Titular de la Fiscalía de Calkini, Campeche, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Campeche, deje sin efectos el oficio 375/CLAK/2020, de catorce de febrero de dos mil veinte, y el acuerdo consecuente, derivado de la carpeta de investigación A.C-1-2019-948, mediante el cual negó la devolución del vehículo en cita a la aquí quejosa, que le fue solicitado mediante escrito de diez de febrero de dos mil veinte. Hecho ello, emita una nueva determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta ejecutoria, determine que carece de facultades para asegurar el vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta MK Style 2.5 Lts, modelo 2013, número de serie 3VW1W1AJ2DM306309, placas de circulación DJB-94-59, del Estado de Campeche, pues para ello previamente es necesaria la orden emitida por la autoridad judicial competente, de conformidad con el análisis sistemático de los artículos 239, 240, 251 y 252 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en consecuencia, ordene la devolución de dicho automotor a la quejosa, emitiendo para ello el oficio relativo a la autoridad ejecutora, relevando a la quejosa de los costos administrativos como lo es, por ejemplo, el resguardo en el corralón, por derivar ellos de una actuación ilegal; y, Por cuanto hace a la autoridad ejecutora Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberá acatar lo relativo a la devolución y entrega del vehículo a la aquí quejosa, una vez que reciba la instrucción por parte de la autoridad ministerial responsable. [.]". Posteriormente, una vez que causó ejecutoria el fallo protector, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia de mérito. Al respecto, la autoridad responsable Titular de la Fiscalía de Calkiní, Campeche, remitió copias certificadas de diversas constancias relacionadas con la carpeta de investigación de origen, de las cuales se advierte el auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que ordenó dejar sin efectos el oficio 375/CLAK/2020, de catorce de febrero de dos mil veinte, y el acuerdo consecuente, derivado de la carpeta de investigación A.C-1-2019-948, y en su lugar ordenó hacer entrega a la parte quejosa del vehículo de mérito, ya que carece de facultades para asegurar dicho automotor. Asimismo, remitió las diligencias consistentes en la notificación del auto de veintiséis de abril del año en curso, con número de oficio 775/CALK/2022; del acta de entrevista de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, realizada a la quejosa Teresita Elena del Socorro Castillo Pérez, en la cual compareció a solicitar en devolución el vehículo, el cual se acordó devolverle en los términos ya citados; asimismo, remitió el oficio de liberación de vehículo con número de oficio 778/CALK/2022 de fecha veintisiete de abril del presente año. Así mismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por conducto del Director Jurídico, residente en esta ciudad, informó que hizo la entrega a la parte quejosa del vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2013, con placas de circulación 0J8-94/59, del Estado de Campeche; esto en solicitud de la Fiscalía General del Estado de Calkini, Campeche, y remitió las constancias que acreditaron lo anterior. En las relatadas condiciones, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente devuélvase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que remitió en justificación a su informe. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado por conducto del Director Jurídico, residente en esta ciudad, con anexo que acompaña, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado informa respecto a la incomunicación que reclama el quejoso en su demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, los que deberán relacionarse en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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