Jose Antonio Centeno Wakinson
Expediente 708/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jose Antonio Centeno Wakinson
- Santa Pamela Wakinson Azcarraga
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 4347/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el cual entre otras cosas, en lo que aquí interesa informa que aceptó la competencia la cual quedó registrada bajo el consecutivo 439/2018, de su índice estadístico. Consecuentemente, SE ORDENA EL ARCHIVO del presente cuadernillo como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, debiendo hacer las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 4264/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el cual con motivo de la incompetencia informa que se radico el juicio de amparo directo 439/2018, asimismo, requiere se le remita el escrito original de la demanda de amparo promovida por Santa Pamela Wakinson Azcárraga, por sí y en representación de sus menores hijos José Antonio y Allyzon Ivanna, ambos de apellidos Centeno Wakinson; de lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar; y obténgase copia certificada del oficio de trato para dar cuenta en el diverso juicio de amparo 638/2018-III, del índice de este Juzgado, en el que obra el original del escrito inicial, debido a que este asunto deriva de una separación de juicios.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese al presente juicio de amparo el oficio 13408/2018, así como la copia certificada del escrito de demanda Santa Pamela Wakinson Azcarraga, por sí y en representación de los menores José Antonio y Allyzon Ivanna de apellidos Centeno Wakinson, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con las copias certificadas de las actas de nacimiento de los citados infantes; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 708/2018-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, cabe precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Mayo de 1992, Materia Común, visible en la página 94, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional y el escrito aclaratorio, así como del oficio 13408/2018, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, ya que el acto reclamado es de aquellos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues en contra del acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho, relativo al desechamiento del juicio sumario civil sobre alimentos definitivos, contra Eduardo Centeno Rodríguez, por el Juez Segundo de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, procede el amparo directo de conformidad con lo establecido en el citado dispositivo. Precisado lo anterior, es importante tener presente que los artículos 107, fracción III, inciso A), de la Constitución Federal, 170, fracción I de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.) " "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" De lo anterior se colige, que sentencia dictada en el juicio natural, es reclamable en amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, al reclamar el desechamiento del juicio sumario civil sobre alimentos definitivos, y ser este un auto que puso fin al juicio, es impugnable a través del amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito. Así las cosas, atento a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Santa Pamela Wakinson Azcarraga, por sí y en representación de los menores de José Antonio y Allyzon Ivanna de apellidos Centeno Wakinson, se surte a favor del Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, en razón de que contra el acuerdo que desechó el juicio, procede el amparo directo y no el indirecto. Bajo ese contexto, en el presente caso, dadas las razones expuestas este Juzgado considera que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Tiene aplicación al caso la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.97/2017 (10ª.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, tomo I, página 241, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad.". Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para dar trámite y resolver la acción constitucional planteada por Santa Pamela Wakinson Azcarraga, por sí y en representación de los menores de José Antonio y Allyzon Ivanna de apellidos Centeno Wakinson; consecuentemente, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, la demanda original de que se trata, las copias de los escritos de demanda y anexos respectivos, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados, en esta ciudad, a efecto de que acepte o no la competencia planteada, dejando en autos previo cotejo y compulsa un tanto de éstos como antecedente; solicitándose respetuosamente, al Tribunal Colegiado que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva a enviar el acuse de recibo correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Carlos Enrique Ayala García y Eduardo Ortiz Ramírez, y con efectos restringidos al resto de al resto de los profesionistas que señala en su escrito de cuenta, en virtud que no tienen sus cédulas profesionales inscritas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, a los pasantes en derecho que refiere. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.
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