Jose Antonio Celso Espinosa

Expediente 1311/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1311/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Celso Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Antonio Celso Espinosa, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.O.C.R y N.E.C.R.; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, en virtud del aviso de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el auto que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Antonio Celso Espinosa, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.O.C.R y N.E.C.R., contra actos que reclama de la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1311/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. En ese sentido, quien resuelve estima que es notoriamente improcedente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el particular, la parte quejosa acude a este órgano de control constitucional a reclamar de las autoridades responsables la omisión de pagar el salario al quejoso respecto de la segunda quincena del mes de diciembre y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, así como sus efectos jurídicos. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? En ese contexto, a criterio del que suscribe, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De las disposiciones legales transcritas, se advierte que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte; además, que autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con la posibilidad que bajo la Ley de Amparo vigente, los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para mejor comprensión del concepto de autoridad, es ilustrativa la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la referida Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, página mil ochenta y nueve, con el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De los criterios indicados, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación existente entre gobernante y gobernado; es decir, tal calificativo puede entenderse para todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ello, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, válidamente puede concluirse que tal concepto debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirse; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Así, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que los involucrados deben acudir ante los tribunales ordinarios para que, FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se llevan entre gobernantes y gobernados, al actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas como limitaciones al actuar del gobernante, debido a que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. A su vez, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, que actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, reguladas por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Derivado de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, también debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora, en el presente caso, de los artículos transcritos se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, el promovente de amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de pagar el salario al quejoso respecto de la segunda quincena del mes de diciembre y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, así como sus efectos jurídicos; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de alguna autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, resulta claro que, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre el promovente y FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? las autoridades que señala como responsables, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con ellos únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para el impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo que existe entre el trabajador y los órganos del municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México; dado que el acto reclamado incide en una omisión de pagar su salario. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, es claro que éste fue realizado por autoridades municipales, en una relación laboral existente entre éstas y el promovente, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que las autoridades que señaló no actuaron como autoridad -para los efectos del juicio de amparo-, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio constitucional, sino en todo caso, si el impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrá acudir en defensa de los mismos mediante las instancias laborales ordinarias que le permitan controvertir los actos patronales que estimen lesivos de sus derechos de trabajo. Tiene sustento la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo III, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual forma, por analogía la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Desechamiento de la demanda de amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por José Antonio Celso Espinosa, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.O.C.R y N.E.C.R., por notoriamente improcedente. Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." Domicilio para oír y recibir notificaciones Con base en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda; lo anterior, en atención a que se encuentra dentro de la residencia de este juzgado federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Medios de contacto. En relación al número telefónico y correo electrónico proporcionados por los amparistas, se les tienen únicamente como medios alternativo de contacto; lo anterior, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a expediente electrónico De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el señalado por el promovente se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario "GuillermoEstrada", se le autoriza única y exclusivamente, para consultar vía internet las actuaciones del presente asunto, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes, para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Antonio Celso Espinosa, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.O.C.R y N.E.C.R., contra actos que reclama de la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1311/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. En ese sentido, quien resuelve estima que es notoriamente improcedente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el particular, la parte quejosa acude a este órgano de control constitucional a reclamar de las autoridades responsables la omisión de pagar el salario al quejoso respecto de la segunda quincena del mes de diciembre y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, así como sus efectos jurídicos. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? En ese contexto, a criterio del que suscribe, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De las disposiciones legales transcritas, se advierte que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte; además, que autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con la posibilidad que bajo la Ley de Amparo vigente, los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para mejor comprensión del concepto de autoridad, es ilustrativa la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la referida Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, página mil ochenta y nueve, con el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De los criterios indicados, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación existente entre gobernante y gobernado; es decir, tal calificativo puede entenderse para todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ello, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, válidamente puede concluirse que tal concepto debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirse; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Así, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que los involucrados deben acudir ante los tribunales ordinarios para que, FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se llevan entre gobernantes y gobernados, al actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas como limitaciones al actuar del gobernante, debido a que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. A su vez, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, que actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, reguladas por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Derivado de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, también debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora, en el presente caso, de los artículos transcritos se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, el promovente de amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de pagar el salario al quejoso respecto de la segunda quincena del mes de diciembre y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, así como sus efectos jurídicos; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de alguna autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, resulta claro que, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre el promovente y FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? las autoridades que señala como responsables, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con ellos únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para el impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo que existe entre el trabajador y los órganos del municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México; dado que el acto reclamado incide en una omisión de pagar su salario. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, es claro que éste fue realizado por autoridades municipales, en una relación laboral existente entre éstas y el promovente, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que las autoridades que señaló no actuaron como autoridad -para los efectos del juicio de amparo-, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio constitucional, sino en todo caso, si el impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrá acudir en defensa de los mismos mediante las instancias laborales ordinarias que le permitan controvertir los actos patronales que estimen lesivos de sus derechos de trabajo. Tiene sustento la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo III, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual forma, por analogía la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Desechamiento de la demanda de amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por José Antonio Celso Espinosa, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.O.C.R y N.E.C.R., por notoriamente improcedente. Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." Domicilio para oír y recibir notificaciones Con base en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda; lo anterior, en atención a que se encuentra dentro de la residencia de este juzgado federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Medios de contacto. En relación al número telefónico y correo electrónico proporcionados por los amparistas, se les tienen únicamente como medios alternativo de contacto; lo anterior, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a expediente electrónico De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el señalado por el promovente se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario "GuillermoEstrada", se le autoriza única y exclusivamente, para consultar vía internet las actuaciones del presente asunto, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes, para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 1311/2021 ??????????????? Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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