José Antonio Celedonio Ferruz

Expediente 693/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
693/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Celedonio Ferruz
  • Fiscal Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Ver.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 693/2023 y anexos signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, y remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, así como la de identidad reservada, y los fiscales en su carácter de terceros interesados, con el oficio y anexo de cuenta con registro 20530 por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a José Antonio Celedonio Ferruz, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, 1. y 2. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial, con residencia en Medellín de Bravo, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: ".a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de la parte quejosa José Antonio Celedonio Ferruz, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dictado dentro de la Causa Penal 556/2019. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Instaurar de forma precisa los elementos estructurales del delito de violación, en los términos precisados en la presente resolución. 2. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se acreditan los elementos corpóreos del delito atribuido al quejoso. 3. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito en estudio. 4. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe, y determine que elementos de prueba precisos así permiten considerarlo. 5. Así como su acción dolosa. Para lo cual deberá realizar una correcta valoración del material probatorio existente dentro de la Causa Penal 556/2019, de su índice." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el trece de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 693/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, ******************** promovió juicio de amparo, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz y 2. Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz (fojas 2 a 18). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de treinta y uno del mes y año citado (fojas 21 a 30) se acordó: desechar parcialmente la demanda por la notoria, manifiesta e indudable improcedencia del acto reclamado consistente en la orden de traslado, así como por las autoridades señalas como responsables acto que se lo reclama al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, Encargado del Módulo Preventivo de Setenta y dos Horas "Penalito" y Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz; admitir a trámite la citada demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; se fijó data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; formar por separado y duplicado el incidente de suspensión por haber sido solicitado; emplazar al tercero interesado Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz. TERCERO. Trámite. El siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo en su carácter de terceros interesados al Fiscal Segunda Especializada en Investigación en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, en Veracruz, Veracruz y a la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dentro del proceso penal 556/2019. Sin que hayan comparecido a juicio a pesar de estar debidamente emplazados. CUARTO. Audiencia Constitucional. Una vez agregado en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 37) e integrado que estuvo el asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional el once de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 82). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, pues se trata de un auto de formal prisión dictado en un proceso penal, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de las personas como lo es la libertad, bien jurídico de mayor valor axiológico después de la vida, lo que permite que sea impugnado en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) ya que se actúa como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con sus anexos y las constancias de autos principalmente los informes justificados de las autoridades responsables se tienen que, los actos reclamados en el presente juicio son: El auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dictado dentro de la ********************. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz y 2. Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz; debido a que, al rendir su informe justificado, aceptaron su existencia (fojas 37). Lo que se corrobora, con las copias certificadas de las actuaciones de la ******************** de su índice, que remitió y en donde consta el auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, ya que se trata de documentos públicos. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que se precisó en el considerando anterior. QUINTO. Irregularidad constitucional del acto reclamado (auto de plazo constitucional). Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria; de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a las formalidades esenciales del procedimiento, a la garantía de fundamentación y motivación, a la resolución de plazo constitucional a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 19 (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho) así como los artículos 171, 173 y 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es conveniente referir la regulación constitucional y legal de esos aspectos. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata." De una interpretación de la norma constitucional, en su párrafo primero se infiere nítidamente que, en materia penal, el principio de la irretroactividad tiene como excepción aquellos casos en que, la nueva ley, es más benigna para el reo, aspecto que reconoce en forma unánime la jurisprudencia, la doctrina y el derecho positivo. Por otra parte, es preciso establecer que el procedimiento penal se rige por las formalidades esenciales establecidas legalmente; las cuales se materializan a través de los diversos actos procedimentales que se suscitan con motivo de la actuación de las partes y del juzgador en el ejercicio y aplicación del derecho; lo que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso específico, es decir, en materia penal, está estrictamente regulado por el principio de tipicidad, en cuanto a que, para que la acción u omisión sea punible, debe adecuarse con los elementos de la hipótesis de la norma violada. Además de que queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Lo anterior encuentra sustento, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante los tribunales previamente establecidos, es decir, autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento..." que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. Fundamentación y motivación. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Del precepto constitucional transcrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así también, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien se interpreta en forma errónea. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Plazo constitucional. Para dilucidar con claridad el tema jurídico planteado es imperativo interpretar el primer párrafo del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho) en relación con los numerales 171, 173 y 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los que se desprenden los requisitos para la emisión de un AUTO DE FORMAL PRISIÓN son: a) Ser dictado sin exceder el plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro (caso de duplicidad) contado a partir de que el indiciado es puesto a disposición del juez. b) Expresar el delito que se imputa al acusado. c) Exponer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito de que se trate. d) Así como que los datos que arroje la averiguación previa sean suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Sin embargo, el hecho de que dichos dispositivos establezcan los requisitos de forma y fondo que todo auto de formal prisión debe contener, no implica que para su dictado sólo deban cumplirse los mismos, ya que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses pueda considerarse como válida, el auto de plazo constitucional también debe reunir -además de los requisitos citados- todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los derechos humanos de seguridad jurídica consagrados en la Constitución Federal, entre ellos los previstos por los artículos 14 y 16, primer párrafo (en su redacción anterior a las reformas de ocho de junio de dos mil ocho). De tales preceptos constitucionales se desprende que el acto de autoridad a estudio, para cumplir con los derechos humanos de seguridad jurídica que consagran, también debe reunir las exigencias siguientes: a) Evitar efectos retroactivos de la ley penal, en perjuicio del quejoso. b) Seguir el procedimiento ante un tribunal establecido previamente a la actualización de los hechos imputados. c) Cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. d) Impedir que no se siga el procedimiento con base en una ley aplicada analógicamente o por mayoría de razón. e) Recibir la declaración preparatoria al quejoso con todas las formalidades legales. f) Constar por escrito. g) Proceda de una autoridad judicial. h) Este fundado y motivado. i) Ser dictado en relación con un delito castigado con pena corporal. j) No esté plenamente comprobada, a favor del inculpado, alguna causa que excluya su responsabilidad o extinga la acción penal. Resulta aplicable la jurisprudencia 20/2000 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL." De ahí que el auto de formal procesamiento debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material; en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho auto debe precisarse: el delito que se imputa al inculpado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; en tanto por lo que atañe al fondo, dicha resolución debe apoyarse en elementos bastantes que permitan tener por comprobado el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado, en relación con esto último, cabe aclarar que no obstante para dictar un auto de formal prisión basta que los medios convictivos permitan establecer de manera probable la intervención del inculpado en el ilícito imputado, no acontece lo mismo con el cuerpo del delito, el cual debe estar plenamente acreditado (mediante elementos suficientes de prueba). Por cuerpo del delito en términos de lo establecido en la parte transcrita del artículo 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se entiende, la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal, elementos que bien pueden ser objetivos o externos que constituyen la materialidad del ilícito, así como los normativos en caso de que la descripción típica lo requiera; elementos objetivos entre los que pueden enunciarse: los sujetos activo y pasivo, el objeto material del antijurídico, la conducta sea en vía de acción u omisión, el resultado típico y el nexo causal existente entre los dos últimos; en tanto que el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución conforman la descripción del suceso como medio de prueba que determina la existencia del cuerpo del delito, de ahí que el constituyente haya destacado la necesidad de su señalamiento en el auto de formal prisión, ya que en términos del propio artículo 19 constitucional, el cuerpo del delito está sujeto a la existencia de elementos bastantes de convicción, es lógico deducir que constituye el conjunto de circunstancias fácticas que deben ser objeto de prueba, que permitirán arribar a la certeza si una determinada conducta, entendida en sentido positivo o negativo (acción u omisión) tiene el carácter de delito, a cuyo efecto es necesario no sólo la demostración del hecho, sino del análisis del acontecimiento frente a la descripción típica para poder afirmar si esa conducta es relevante o no. Por tanto, los aspectos que en principio se consideraron formales tienen en gran medida relación con la comprobación de los aludidos elementos objetivos o externos a que se refiere la corporeidad. Cabe distinguir en este punto los delitos de carácter material o resultado, con aquellos que han sido nominados en simples de acción o de resultado formal, entendidos los primeros como aquellos cuyo efecto o consecuencia resulta evidente y, por ende, pudiera resultar sensorialmente comprobables, como acontece con aquellos que atentan contra la vida y la integridad corporal, a diferencia de lo que ocurre con los segundos respecto de los cuales no se exige un resultado alterador de la facticidad, verbigracia en los delitos nominados de peligro o de resultado formal. Respecto a la probable responsabilidad del inculpado en términos del párrafo tercero del artículo 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito que se le imputa y no exista acreditada a su favor alguna causa de licitud o alguna excluyente de delito. Cierto, el auto de bien preso, por las consecuencias que trae aparejadas para el inculpado que implican restricción de su libertad, dando inicio al proceso penal propiamente dicho con la apertura del periodo de instrucción, requiere que se satisfagan los requisitos previstos en los artículos 19 constitucional y 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que es necesario fijar con toda precisión, las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del delito que se le atribuye, además, que haya recibido su declaración preparatoria o bien, conste en el expediente que se negó a emitirla, que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba seguirse el proceso, el cual deba ser sancionado con pena privativa de libertad y analizar si existe alguna eximente de responsabilidad o que extinga la acción penal, para poder considerarlo como probable responsable, no sólo como posibilidad, sino con un grado aproximado de certeza, que haga razonable y justo someterlo a un proceso penal. Apoya lo expuesto la tesis VI.2o. J/28 de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 602 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte -2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, con registro digital 227602 del tenor literal siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISION. Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado." Así como la diversa la tesis VI.1o. J/49 de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 76 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, con registro digital 222763 del tenor literal siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado." Resolución que constituye el acto reclamado. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran las copias certificadas de la ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz, que adquieren el carácter de premisa menor, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Oficio de consignación ********************, de veinte de marzo de dos mil quince, mediante el cual el agente del Ministerio Público Investigador ejercitó acción penal sin detenido en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295, para lo cual solicitó se girara la orden de aprehensión en su contra (fojas 1, cuaderno de pruebas). 2. Acuerdo de inició de ********************, de doce de marzo de dos mil quince (fojas 2, cuaderno de pruebas). 3. Declaración voluntaria de doce de marzo de dos mil quince de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 (fojas 3 a 5, cuaderno de pruebas). 4. Dictamen pericial de lesiones ******************** de doce de marzo de dos mil quince (fojas 15, cuaderno de pruebas). 5. Dictamen pericial de Psicología ******************** de doce de marzo de dos mil quince (fojas 16, cuaderno de pruebas). 6. Inspección ocular de trece de marzo de dos mil quince respecto del lugar en que sucedieron los hechos (fojas 17, cuaderno de pruebas). 7. Dictamen pericial de criminalística ******************** retrato hablado de doce de marzo de dos mil quince (fojas 19 a 20, cuaderno de pruebas). 8. Retrato hablado (fojas 21 a 22, cuaderno de pruebas). 9. Dictamen pericial de inspección ocular, secuencia fotográfica y criminalística ******************** de doce de marzo de dos mil quince (fojas 23 a 25, cuaderno de pruebas). 10. Ampliación de declaración de trece de marzo de dos mil quince de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 (fojas 27, cuaderno de pruebas). 11. ******************** de trece de marzo de dos mil quince, signado por el encargado de la Segunda Comandancia de la Policía Ministerial (fojas 30 a 32, cuaderno de pruebas). 12. Ampliación declaración de catorce de marzo de dos mil quince de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 (fojas 33, cuaderno de pruebas). 13. Declaración voluntaria de ******************** de diecisiete de marzo de dos mil quince (fojas 35 a 36, cuaderno de pruebas). 14. Determinación de veinte de marzo de dos mil quince, mediante la cual el agente del Ministerio Público Investigador ejercitó acción penal sin detenido en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295, para lo cual solicitó se girara la orden de aprehensión en su contra (fojas 38 a 43, cuaderno de pruebas). 15. Auto de radicación y libramiento de orden de aprehensión de veinte de marzo de dos mil quince en contra de ********************, dentro de la ******************** del índice de Juzgado Tercero de Primera Instancia, en Veracruz (fojas 44 a 52, cuaderno de pruebas). 16. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con motivo de la desaparición del Juzgado Tercero de Primera Instancia, en Veracruz, se radicó la ******************** ante el Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz, asignándole el número de ******************** (fojas 60, cuaderno de pruebas). 17. Auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, se tiene por cumplida la orden de aprehensión en contra de ******************** (fojas 65, cuaderno de pruebas). 18. Proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, se tiene a ******************** designando defensor a ******************** quien acepta y protesta el cargo conferido (fojas 66 a 67, cuaderno de pruebas). 19. Declaración preparatoria de ******************** de seis de julio de dos mil veintitrés, en al que se reservó declarar y solicito la ampliación del plazo constitucional (fojas 90 a 92, cuaderno de pruebas). 20. Proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se tiene a ******************** presentando escrito por el que declara en preparatoria (fojas 95 y 96 a 99, cuaderno de pruebas). 21. Auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dictado dentro de la ******************** (fojas 100 a 109, cuaderno de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, por cuestión de técnica jurídica, en primer término, se realizará el análisis de los REQUISITOS FORMALES ya descritos, entre ellos el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, para después verificar la FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN de la resolución reclamada. REQUISITOS FORMALES. En el asunto a estudio, es importante precisar que se han respetado las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se observa que la autoridad persecutora de delitos inició la ********************, el doce de marzo de dos mil quince, con motivo de la declaración voluntaria de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 (fojas 2 a 5, cuaderno de pruebas) asimismo, el órgano investigador, una vez desahogadas las pruebas que estimó necesarias, ejerció la acción penal en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295, para lo cual solicitó se girara la orden de aprehensión en su contra (fojas 1, cuaderno de pruebas). Por tal motivo, la autoridad judicial Juez Tercero de Primera Instancia, en Veracruz, radicó la ******************** y libro la orden de aprehensión en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 (fojas 44 a 52, cuaderno de pruebas). Por lo que, una vez ejecutado el mandamiento de captura el cinco de julio de dos mil veintitrés, se tiene por cumplida la orden de aprehensión en contra de ******************** (fojas 65, cuaderno de pruebas) se ordenó el inició del plazo constitucional, se recibió su declaración preparatoria, en la que además se le informó sobre los hechos delictivos atribuidos, y previamente se acordó el nombramiento de su defensor e hizo de su conocimiento los derechos que a su favor consigna el artículo 20 de la Carta Magna (fojas 66 a 67 y 90 a 92, cuaderno de pruebas). Así, al vencimiento del plazo constitucional, el once de julio de dos mil veintitrés, se dictó dentro de la ******************** auto de formal prisión en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 (fojas 100 a 109, cuaderno de pruebas). De lo hasta aquí expuesto, es claro que el auto de formal prisión reclamado consta por escrito y se dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 19 Constitucional, es decir, sin exceder el plazo constitucional, además de que fue emitido por el encargado de despacho por ministerio de Ley del órgano jurisdiccional responsable. Por otra parte, se desprende que, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, la resolución reclamada fue dictada por el encargado de despacho por ministerio de ley del Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz; órgano judicial que es legalmente competente para emitirlo y que fue establecido previamente a los hechos imputados, ya que se trata del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya penalidad es de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario, por lo que en términos del numeral 19 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, los asuntos seguidos por esos delitos son competencia de los jueces de primera instancia y, específicamente en el presente asunto la autoridad responsable resulta competente por versar sobre hechos ocurridos en Veracruz, Veracruz, conforme los artículos 15, 19, 22 y 171 del código adjetivo de la materia y fuero, así como 2, 38, 40, 41, 187, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De igual forma, en la resolución combatida se señaló que el delito que se le imputa a la parte quejosa es el de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; con lo que también se advierte que se sigue el procedimiento penal con todas sus formalidades y no por la aplicación analógica de la ley, ni por mayoría de razón. Por otro lado, es conveniente señalar que el auto de formal prisión fue emitido conforme a la ley expedida con anterioridad a los hechos investigados, además que la ley que contiene los tipos penales en comento actualmente está vigente y tiene una pena corporal; de ahí que al quejoso no se le aplicó la ley penal de manera retroactiva en su perjuicio. No obstante lo anterior, la parte quejosa sostiene se infringen en su perjuicio sus garantías de exacta aplicación de la ley penal, legalidad, seguridad jurídica, libertad y defensa adecuada, contenidas en los numerales 14, 16 y 20, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenerlo detenido y privado de su libertad, sin que se le haya seguido juicio previo ante la autoridad y sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento, así como tampoco se cumpla con el estándar mínimo probatorio que la constitución establece para justificar el dictado de un auto de formal prisión, por lo siguiente: a) Por no estar debidamente acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. b) Al haber negado todas y cada una de las acusaciones. c) No conocer y haber convivido con la persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295, de quien no sabe su nombre. d) Al existir atipicidad, al no haber introducción del miembro viril, es decir, cópula. e) Toda vez que, dentro de la causa penal no se advierte circunstancia alguna de que se le haya obligado a la víctima hacerle sexo oral. f) El dictamen pericial de criminalística ******************** retrato hablado de doce de marzo de dos mil quince, su signante carece de cédula profesional y el retrato hablado no encuentra concordancia con sus características físicas, por lo que no puede tenerse por acreditada su responsabilidad. g) Respecto al testimonio de ********************, niega conocerla y no se advierte lo reconozca, de ahí que el testimonio de la víctima es aislado al no concatenarse con otros elementos de convicción que permitan establecer que él cometió el hecho delictuoso del cual se le acusa. h) Por haberse violado su derecho a una defensa técnica adecuada, al no tener oportunidad de comparecer a rendir pruebas que en su momento pudo ofrecer y que obraban en su poder, sin necesidad de que se girara una orden de aprehensión. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa se califican de fundados, aunque suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, a juicio de quien resuelve se considera que la resolución reclamada contiene violación formal y material en su emisión, que imponen conceder la protección constitucional solicitada. Tales violaciones se traducen en que al momento de emitirse la resolución reclamada: 1. No se respeto el principio de tipicidad contenido en el artículo 14 constitucional, al no establecerse de forma correcta los elementos estructurales del delito de Violación. 2. Fue omiso en explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se acreditaron los elementos corpóreos del antijuridico atribuido al quejoso, ya que lo hizo de forma genérica. 3. No se expusieron las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. Las citadas violaciones detectadas se traducen, en no respetar el principio de tipicidad, en cuanto a que, para que la acción u omisión sea punible, debe adecuarse con los elementos de la hipótesis de la norma violada, infringir las formalidades esenciales del procedimiento, relativas a la valoración de las pruebas, así como en la falta de motivación en dicha determinación, consistente en que al momento de comprobar los elementos de los elementos estructurales del antisocial y la probable responsabilidad, la autoridad responsable únicamente realizó una simple relatoría de los medios de convicción allegados a la investigación ministerial de su conocimiento, sin explicar qué datos en particular obtuvo de cada medio de prueba y que le servían para acreditar esos aspectos, esto es, se limitó a efectuar una simple relatoría de constancias y, no obstante que pretendió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito y así como la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material. De ahí que la responsable desatendió la obligación de valorar y motivar esos aspectos, como a continuación se verá. En efecto, se estima que el juez de la causa al no acatar las formalidades esenciales del procedimiento, infringiendo con ello el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, en perjuicio de la parte quejosa. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA En efecto, se aprecia que el auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece: "Artículo 184. A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiere un vínculo matrimonial o de concubinato, el delito se perseguirá por querella." De la anterior descripción de orden legal; debe decirse que al establecer el legislador el tipo penal de violación, previó las distintas formas de comisión, así como su resultado, de ahí que los delitos materia de estudio son de los denominados por la doctrina "alternativamente formados" cuya naturaleza radica en que para que se surta o actualice, no existe una exclusiva conducta, sino una diversidad de variantes, por lo que podrán materializarse, mediante varias combinaciones, que el propio texto legal autoriza y que derivan del empleo de la disyuntiva "o", que obliga a decidir entre una u otra opción; es decir, constituyen distintas conductas; lo que obligaba a precisar con detalle, la clasificación jurídica por cuál de ellas se decreta el auto de formal prisión, toda vez que si la autoridad responsable, para tener por acreditado los elementos corpóreos del delito de violación, considera tal conducta como una sola, por lo que es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del imputado. Lo anterior es así, ya que los citados preceptos legales al utilizar dentro de su redacción la disyuntiva "o" establece una facultad opcional que necesariamente implica la posibilidad de que se acredite ya sea uno u otro de los supuestos que enmarca en su descripción para la demostración del tipo penal que se atribuye, con los cuales se puede manifestar la conducta delictiva por parte del sujeto activo, de tal modo que basta con que se acredite la existencia de cualquiera de ellas para que se considere colmado un hecho que la ley señale como delito, ya que de la simple interpretación gramatical del invocado precepto, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras; de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis de Jurisprudencia XXVII. J/6 de la Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Materia Penal, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1613, con registro digital 177623, del rubro y texto siguiente: "DESPOJO. LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO CONSIDERANDO COMO UNA SOLA CONDUCTA LAS DIVERSAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 158, fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, establece que comete el delito de despojo el que sin el consentimiento de quien tuviere derecho a otorgarlo o engañando a éste, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro. Ahora bien, de la simple interpretación gramatical del invocado precepto, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de despojo, previsto en la fracción I del precepto legal ya citado, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del inculpado." Hechas las precisiones dogmáticas que se han estimado necesarias, corresponde ahora dilucidar los motivos en que la autoridad responsable sustento su determinación. En ese tenor, se sostiene que la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz, para emitir el acto que por esta vía se reclama, con relación a los elementos corpóreos del antijuridico social de manera genérica consideró lo siguiente: ". IV. CUERPO DEL DELITO DE VIOLACIÓN. El delito de VIOLACION se encuentra previsto y sancionado por el artículo 184 párrafo segundo del Código Penal vigente en el Estado en la época de los acontecimientos y en relación a la regla genérica establecida en el numeral 178 del Código Adjetivo Penal, el cual contiene el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho previsto como delito por la Ley, mismos que son: Articulo 184 Párrafo Primero y Segundo: "A quien por medio de la violencia física o moral tenga copula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende por copula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, vía vaginal, anal u oral. También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima..." Definición de la cual se desprenden los siguientes elementos que constituyen la materialidad del delito: a).- La existencia de un sujeto activo sin calidad especifica introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene. b).- Que ésta sea por medio de la fuerza física o moral. ." Cuando el supuesto normativo que se analiza prevé que se configura el delito de violación y sus elementos serían: a) A quien por medio de la fuerza física b) introduzca por vía vaginal c) cualquier objeto o d) parte del cuerpo distinto al pene o e) A quien por medio de la fuerza física f) introduzca por vía anal g) cualquier objeto o h) parte del cuerpo distinto al pene o i) A quien por medio de la fuerza moral j) introduzca por vía vaginal k) cualquier objeto o l) parte del cuerpo distinto al pene m) A quien por medio de la fuerza moral n) introduzca por vía anal ñ) cualquier objeto o o) parte del cuerpo distinto al pene De lo expuesto se advierte, que el supuesto normativo que se analiza prevé: El tipo consta de los tres elementos siguientes: objetivos, normativos y subjetivos. Los primeros son los elementos descriptivos del mismo, que se concretan en el mundo exterior, esto es, que puedan ser percibidos por los sentidos. Son las referencias, de mera descripción objetiva. Así tenemos como elementos objetivos: la conducta -acción u omisión- el bien jurídico, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, el nexo causal y las circunstancias de modo, tiempo o lugar. Por su parte, los elementos normativos son aquellas situaciones o conceptos complementarios, impuestos en los tipos penales que requieren de una valoración cognoscitiva, jurídica, cultural o social. Son aquellos elementos que implican una especial valoración judicial. Mientras, los elementos subjetivos son aquellas referencias a características subjetivas, no observables por los sentidos, del autor. Esto es, referencias a estados de ánimo, propósito o estados de conciencia del autor de producir un cierto resultado. Ahora bien, en todos los tipos penales existen como elementos necesarios, cuando menos la descripción de una conducta -de acción o de omisión- cuya realización se traduce en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, la cual se realiza de forma dolosa o culposa y la forma de intervención de los sujetos activos. Esto es, para que una hipótesis normativa pueda tener la función de tipo penal necesariamente debe contener los referidos elementos, mismos que al acreditarse implican la tipicidad de una conducta. Adicionalmente, si el tipo penal lo requiere deberán acreditarse otros elementos que caracterizan o describen una conducta delictiva específica; así si el tipo lo requiere deberán acreditarse: a) las calidades del sujeto activo o pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a la conducta; c) el objeto material; d) los medios utilizados; e) circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; f) los elementos normativos g) los elementos subjetivos específicos y h) las demás circunstancias que la ley prevea. Para los efectos del presente estudio nos centraremos en el elemento consistente en los medios utilizados. Al respecto es necesario señalar que, atendiendo a ese elemento, en cuanto a su conformación, los tipos penales pueden considerarse como: 1) de medios determinados para su comisión o 2) de resultado. Así, mientras que en los primeros la descripción legal acota expresamente las modalidades que puede revestir la manifestación de voluntad; en los segundos basta cualquier conducta que cause el resultado típico sin limitación en las modalidades de la acción. El delito de violación que conforme a sus elementos consiste en una conducta con la cual, por medio de la violencia física o moral, se lleva a cabo la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, vía vaginal o anal, sin importar el sexo de la víctima. El bien jurídico tutelado por el delito de violación es la libertad sexual, entendida como la libre disposición por la persona de sus propias potencialidades sexuales, tanto en el comportamiento particular como frente a los demás; lo cual a su vez implica el derecho de la persona a no verse involucrada sin su consentimiento por otra persona en un contexto sexual. Como puede advertirse tratándose del delito de violación a estudio, la acreditación de la utilización de la violencia física o moral como medio comisivo constituye un elemento constitutivo del tipo penal, esto es, sin la existencia del mismo, la conducta resultaría atípica, esto es, no podría configurarse el delito. Por lo que resulta trascendente clarificar qué debe entenderse por cada uno de estos conceptos. En primer término, debe señalarse que al hablar de violencia física o moral se está haciendo referencia a un elemento normativo, ya que para comprender su contenido es necesario realizar una valoración de este. En este sentido, dentro de la teoría del delito, se suelen distinguir, esencialmente, entre los elementos normativos de valoración jurídica o de valoración cultural; los primeros, ********************; en tanto que, en los segundos, ********************. Ahora bien, tratándose de la violencia física o moral como medio específico de comisión del delito de violación, el legislador ha sido omiso en señalar concretamente qué debe entenderse. De ahí que deba presumirse que, ante su silencio, el legislador permite que la violencia física o moral, como elemento normativo del delito de violación, sea considerada como de valoración cultural. En virtud de la presunción de que el legislador es racional debe entenderse que en el caso del delito de violación, aquél no quiso emplear una definición cuyos límites materiales estuvieran definidos por la ley. Lo anterior, bajo la consideración de que los gobernados podían adecuar su conducta a la normativa sin necesidad de acudir a una definición legal previamente establecida. Es decir, la forma en que está empleado el elemento normativo de violencia física o moral para el delito de violación permite, a juicio del creador de la norma, que los sujetos autorregulen su conducta y la adecuen conforme a las disposiciones que emanan de la ley penal, en este caso, a la prohibición de ejecutar un acto que pudiera adecuarse a dicho elemento según el uso convencional del lenguaje. En este sentido, la omisión del legislador consistente en no definir el contenido de la violencia ya sea física o moral, propio para el delito de violación, permite presumir que consideró adecuado dejar que las concepciones sobre la noción en comento fueran determinadas por el intérprete. Lo anterior, bajo el supuesto de que el concepto, según la intención que el legislador pretendió darle, permitía que el gobernado autorregulara su conducta con suficiente claridad sobre lo que, según el uso común del lenguaje, significa violencia física o moral. Así, para que se actualice la violencia física, como medio específico de comisión de los delitos de violación, es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada. Lo anterior implica, necesariamente, que el sujeto activo es quien debe ejercer la violencia física en el pasivo, ya sea por sí o por una tercera persona con la que comparte su propósito delictivo y la misma debe ser desplegada con el propósito de anular o vencer su resistencia, ya que sólo en esas condiciones puede afirmarse que constituyó el medio idóneo para lograr el resultado típico. De acuerdo con la definición de violencia física establecida, ******************** 1) que el sujeto activo haga uso de su propio cuerpo o 2) que haga uso de un medio físico diverso; ello, a fin de anular o vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo y pueda concretar la conducta penada. La materialización del acto por el uso de la propia fuerza física del sujeto activo se refiere al uso de su cuerpo como elemento que neutralice la oposición del sujeto pasivo; sobre ello, es importante acotar que ésta se actualiza cuando la fuerza física es utilizada por el sujeto activo en la medida necesaria para vencer la resistencia del sujeto pasivo; ello, con el fin de cometer la conducta reprochada. Como ejemplo de este tipo de violencia podemos citar los golpes, empellones y demás actos físicos que, utilizando el cuerpo del sujeto activo como medio, se ejerce sobre el pasivo a fin de que pueda ser sometido y llevar a cabo la conducta ilícita. Ahora bien, el segundo supuesto que actualiza la violencia física es el relativo al empleo de un medio físico diverso o distinto al propio cuerpo del sujeto activo que tenga como consecuencia que el sujeto pasivo no esté en posibilidad de resistirse u oponerse, lo que implica un sometimiento o anulación de la voluntad del sujeto pasivo. Sobre este segundo supuesto es necesario realizar las siguientes precisiones. El acto o actos que realiza el sujeto activo los lleva a cabo mediante el empleo de un medio físico diverso o distinto a su propio cuerpo; ello, a través del uso de elementos tan diversos como lo pueden ser un objeto contundente, un mecanismo que imprima una descarga eléctrica, un agente biológico o químico, etcétera. Ahora bien, el segundo elemento que encontramos en este supuesto es el relativo a que el acto o actos realizados por el sujeto activo tengan como consecuencia que el sujeto pasivo no pueda oponer resistencia. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las características de los medios utilizados, los resultados son diferentes, esto es, no produce el mismo efecto golpear a una persona, amarrarla o suministrarle un agente químico o biológico; no obstante lo anterior, estas conductas para que puedan ser consideradas constitutivas de la violencia física como medio específico de comisión en el delito de violación, necesariamente, deben provocar que el sujeto pasivo no esté en condiciones de repeler la agresión del sujeto activo. En este sentido, es importante destacar que la imposibilidad de oponer resistencia es una circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que produce es el mismo, por la misma razón es irrelevante que el sujeto pasivo esté consciente de los actos violentos que el sujeto activo está realizando. Sin embargo, en cuanto a la violencia moral como medio específico de comisión del delito de violación podemos señalar que consiste en la amenaza o amago que se hace al pasivo de un mal presente o inmediato que resulta suficiente para vencer su resistencia. Al respecto deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas en que se realiza la conducta delictiva ya que a partir de las mismas es como se podrá acreditar la idoneidad del medio utilizado para la concreción del resultado típico. Sentado lo anterior, se estima conveniente apuntar que la garantía de exacta aplicación de la ley, contenida en el párrafo tercero, del artículo 14 constitucional, se refiere a que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuando su conducta (acción u omisión) daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis de un tipo penal, con la consecuente sanción a que se hará acreedor, por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que estima dañina, ya que en caso contrario, no sólo en el gobernado, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal, se crearía la incertidumbre en cuanto al encuadramiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley. Respecto del principio de legalidad en materia penal, es conveniente precisar que éste no solo obliga al legislador a declarar que un hecho es delictuoso, sino también a describir con claridad y precisión el hecho o la conducta que se considera delictivo; esta descripción, no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Por esta razón, el legislador al describir los tipos penales debe evitar el uso de conceptos indeterminados e imprecisos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma, a efecto de no atentar contra el principio de legalidad en materia penal, previsto en el citado artículo 14, párrafo tercero, constitucional. De conformidad con la disposición constitucional mencionada, se establecen como garantías específicas, por una parte, que no podrá considerarse delictuoso un hecho sino por expresa declaración de la ley -nullum crimen sine lege- y por la otra, que para todo delito, la ley debe señalar con precisión la pena correspondiente, ya que dicho precepto prohíbe aplicar una sanción sino existe disposición legal alguna que expresamente la imponga por la comisión de un hecho determinado que esté considerado como delito. Esto es, el artículo 14, párrafo tercero, constitucional consigna como garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, prohibición que recoge el principio de derecho penal que se enuncia como nulla poena sine lege. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, tutelada por el artículo 14 constitucional, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica en la comisión de un ilícito a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. De ahí deriva, que el principio de legalidad en materia penal tenga como razón de ser, el permitir la defensa de los particulares que en un momento determinado se coloquen en los supuestos de un tipo penal, entendido éste, como la descripción que se hace en la ley de una conducta que se considera delictuosa. Se sostiene lo anterior, porque de no describirse exactamente la conducta reprochable en el tipo penal, se corre el riesgo de que se sancione a los gobernados por aquéllas, que en concepto del órgano jurisdiccional se ubicaran en el tipo penal y, si bien esto no significa que el creador de la norma tenga que describir con sus más mínimos detalles las conductas que deben ser sancionadas penalmente, porque ello supondría una exasperación del principio de legalidad, pues llevado hasta sus extremos desembocaría en un casuismo abrumador, lo cierto es, que el legislador debe velar por establecer una imagen lo suficientemente abstracta como para poder englobar en ella todos los comportamientos de características esencialmente comunes que atenten contra un bien jurídico relevante para la sociedad; pues de no existir una descripción legal exactamente aplicable a la conducta humana de que se trata habrá una ausencia de tipo. En ese sentido, las figuras típicas son las que determinan los hechos punibles, razón por la que en las descripciones del injusto que acotan y recogen, el legislador debe armonizar la seguridad jurídica y la tutela de los intereses vitales que hacen posible la justicia y la paz social, para lo cual puede integrar aquellas con elementos externos, subjetivos y normativos inherentes a las conductas antijurídicas; que de realizarse, fundan los juicios de reproche sobre sus autores y la imposición de penas, previa y especialmente establecidas, por tanto, el tipo penal es un instrumento legal necesario, que es de naturaleza predominantemente descriptiva, cuya función es la individualización de conductas penalmente sancionables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2006, emitida por esta Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página ochenta y cuatro, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa." De ahí que la autoridad responsable al no precisar de forma correcta sus elementos corpóreos del antisocial a estudio y soslayar que se deberían acreditar de forma individual, por lo que al no haberlo realizado a sí la autoridad responsable indiscutiblemente causa un perjuicio a la parte quejosa. Dado que en términos de los artículos 277 y 278 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el órgano jurisdiccional deberá asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de las pruebas rendidas las que serán valoradas en su conjunto por el juzgador conforme a su prudente arbitrio, debiendo exponer los razonamientos que hayan tenido en cuenta para hacer su valoración jurídica, conforme a las reglas establecidas de forma taxativa, debiendo además reconocer el valor de las pruebas aportadas a la investigación ministerial, si se practicaron con apego al Código y no fueron desvirtuadas por otras, manifestará las razones para negar valor a una prueba admitida en la investigación mencionada y que el Ministerio Público consideró apta para sustentar el ejercicio de la acción penal, lo que no se advierte haya realizado, por lo que ante tal omisión este órgano de control de constitucionalidad se encuentra impedido en analizar la legalidad del acto reclamado previamente al estudio de fondo del asunto. En efecto, pues la importancia de la tipicidad considerada por la ley como delito consiste en que los elementos de prueba invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar un auto de formal prisión implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. De ahí que, al haber dejado de observar la autoridad responsable las formalidades esenciales establecidas jurídicamente de conformidad con los numerales previamente citados, tal omisión implica necesariamente que el procedimiento jurisdiccional seguido ante ella, no se tramitó conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, transgrediendo el derecho positivo del gobernado, al advertirse una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento...", las cuales se materializan a través de los diversos actos procedimentales que se suscitan con motivo de la actuación de las partes y del juzgador en el ejercicio y aplicación del derecho; es decir, en aras del principio de tipicidad contenido en el artículo 14 constitucional, como obligación impuesta al órgano jurisdiccional para aplicar el derecho de manera correcta, por lo que al no hacerlo así, el auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dictado dentro de la ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz, infringe en perjuicio de la parte quejosa su garantía de debido proceso legal contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CONCLUSIÓN Irregularidades que hacen patente la violación de los derechos fundamentales que se destacan, dejando en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que no está en posibilidad de poder enderezar una adecuada defensa y así combatir eficazmente la decisión de la responsable, al no conocer con exactitud el tipo penal que la ley señale como delito, de los hechos ilícitos atribuidos, ni los elementos de prueba precisos, que existen en autos, y que permiten considerar acreditados los elementos del tipo que invoca la autoridad responsable, asimismo, precisar también que pruebas sustentan de manera directa la probable responsabilidad en la comisión del ilícito, por parte del ahora quejoso. Consideraciones que en su conjunto demuestran las violaciones antes señaladas a los derechos fundamentales de la quejosa, dado que, ante esas deficiencias, este tribunal de amparo no puede sustituirse al Juzgador natural. De tal suerte, que el auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dictado dentro de la ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, en Dos Bocas, Veracruz, no satisface los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada. EFECTOS En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de once de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra de la parte quejosa ********************, como probable responsable del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 184, párrafo segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cometido en agravio de la Persona del Sexo Femenino de identidad reservada identificada con el número 295 dictado dentro de la ********************. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Instaurar de forma precisa los elementos estructurales del delito de violación, en los términos precisados en la presente resolución. 2. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se acreditan los elementos corpóreos del delito atribuido al quejoso. 3. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito en estudio. 4. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe, y determine que elementos de prueba precisos así permiten considerarlo. 5. Así como su acción dolosa. Para lo cual deberá realizar una correcta valoración del material probatorio existente dentro de la ********************, de su índice. Es aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 74 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES.- Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridad precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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