Jose Antonio Castro Herrera
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Antonio Castro Herrera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el dieciséis de junio del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial signado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita se sobresea por una parte y se niegue por otra en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento especial al respecto, toda vez que el dieciséis de junio del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional.
- Principal
Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por el Presidente de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña, y por el Actuario de su adscripción. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de emplazar a la parte demandada en el controvertido 33/2021. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables, de emplazar a la parte demandada en el controvertido 33/2021. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el ocho de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento de la persona moral demandada "Abseli & Complementos", Sociedad Anónima de Capital Variable; en tanto que el once de junio siguiente, se efectuó el llamamiento de la diversa persona moral demandada "Autobuses de Oriente", Sociedad Anónima de Capital Variable; todo lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe, que lo fue el veinticuatro de mayo de la presente anualidad. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse realizado los emplazamientos antes ponderados, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del incidente IV.1337/2019, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 104/2021, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ANA PAULA YSITA MUÑIZ, en contra de la interlocutoria de veintiséis de febrero del año en curso, dictada por este órgano jurisdiccional; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo declaro sin materia el recurso de revisión en cita. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión de que se trata, únicamente con las constancias que no obren en autos. Por otra parte, glósese el segundo oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 102/2021, de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Miguel Santaularia Tomas en contra del auto de cuatro de marzo del año en curso dictado en los presentes autos; resolución de la que aparece que la Superioridad, en su primer punto resolutivo, declaró fundado el recurso de queja; en el segundo modifica dicho auto y en el tercero, se accede a la petición de copias realizada por el quejoso. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; acúsese recibo vía interconexión de las resoluciones enviadas por el Tribunal de Alzada. Consecuentemente, en estricto acatamiento a la resolución de alzada, respecto de la solicitud del Miguel Santaularia Tomas; con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se accede a lo solicitado por la parte quejosa en relación a las copias solicitadas, en el entendido que se autorizan hasta el auto de cuatro de marzo del año en curso. Por tanto, en atención al esquema de trabajo que actualmente se implementa en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para solicitar una cita mediante la obtención del código QR, a fin de que pueda comparecer al Juzgado y realizar el trámite correspondiente, para la obtención de las copias de mérito, previo pago y acuse de recibo de las mismas y de la devolución del billete de mérito; para lo cual deberán acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. "Artículo 7. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del PJF se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del PJF deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento de estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto". Debiendo informar a este órgano jurisdiccional la fecha y hora de la cita en cuestión, para que se ordene las circunstancias en que se deberá realizar dichas diligencias. Finalmente, toda vez que en estos autos incidentales ya no queda ningún recurso pendiente de resolver y el cuaderno principal ya se resolvió en definitiva; en tal virtud, se previene al quejoso, para que comparezca a este Juzgado a recoger el documento original, consistente en el billete de depósito número N 851770, por la cantidad de treinta mil pesos, moneda nacional, expedido por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a su favor, misma garantía que exhibió a fin de surtiera sus efectos la suspensión definitiva que en su oportunidad le fuera otorgada, apercibido que de no cumplir con lo anterior, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento a favor de la Federación; para lo cual deberá agendar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", en la inteligencia que deberá comunicar con anticipación a este Juzgado la fecha y hora en que se generó la cita correspondiente, a fin de preparar con tiempo el endoso del billete de que se trata, dadas las reglas de operación establecidas en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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