José Antonio Carrichi Mendoza

Expediente 1083/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1083/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • José Antonio Carrichi Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito que suscribe **********, por su propio derecho, mediante el cual cumple con la prevención de veintiocho de noviembre del año en curso, lo que acreditando su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria número C262/2016, bienes de *********. Se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción previsto en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los ordinales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos en cita se deduce, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte en su esfera jurídica el acto reclamado y que esa afectación sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. De lo anterior se desprende que la acción constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, esto es, se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, pues éste es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional se torna improcedente. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe tenerse por improcedente por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En el caso que ocupa, quien acude en petición de la protección de la justicia Federal es la sucesión testamentaria a bienes de **********, representada por su albacea **********, reclamando de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la resolución de apelación que confirmó la interlocutoria dictada dentro del incidente oposición promovido por la tutriz de la menor declarada heredera respecto del avalúo presentado por dicho albacea. En tal resolución judicial se estimó que el albacea debe rendir de nueva cuenta el inventario ya avaluó respecto de la masa hereditaria de la de cujus, así como notificar por correo certificado a ********** y a la menor heredera por medio de su tutriz. Ahora, es un hecho notorio que la defensa del caudal hereditario corresponde al albacea designado en la sucesión que se tramite, en términos de lo dispuesto por los numerales 580 de la ley adjetiva civil y 2944 del Código Civil del Estado de Guanajuato; sin embargo, esa sola circunstancia no lo legitima para impugnar en la vía constitucional cualquier tipo de actuación de la autoridad dentro del sucesoral, sino que requiere la condición de que los actos de autoridad efectivamente trastoquen la esfera de derechos de la sucesión y le ocasionen un perjuicio real y directo, en los términos explicados en supralíneas. Así las cosas, la circunstancia de que la responsable ordene se vuelva a presentar el inventario y avaluó para así ser notificados la totalidad de los herederos, en modo alguno ocasiona el perjuicio efectivo a la sucesión que representa, pues no se está excluyendo del caudal hereditario bien alguno, ni se afecta jurídicamente a éstos (a través de un aseguramiento o embargo). Entonces, se trata de un mero acto de carácter intraprocesal, que no afecta de manera directa el patrimonio (derecho sustantivo) de la sucesión representada. Máxime que el albacea está investido de una serie de facultades que tienen como propósito la conservación de los bienes que conforman la masa hereditaria y, por ende, puede ejercitar toda clase de acciones legales en contra de actos que puedan poner en peligro dichos bienes; lo que en la especie no acontece a través del acto reclamado, ya que el mismo no tiene por objetivo mermar o afectar el caudal hereditario. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los ordinales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual aduce cumplir el requerimiento formulado en proveído de veintiocho del mes y año en curso; en ese sentido, se acuerda: Dígasele que no ha lugar a tenerlo cumpliendo la prevención formulada en el auto en mención, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo; por su parte, el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda, por lo que es inconcuso que ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir dicho agravio, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. De ahí que la autorización que se le otorgó en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, no lo faculta a realizar cualquier acto en nombre de la peticionaria del amparo, ya que su actuación depende de las reglas que regulan el juicio constitucional. En virtud de lo antes expuesto, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de los actuales, por lo que continúa transcurriendo el término que se le otorgó para tal efecto y subsiste el apercibimiento ahí decretado.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 1083/2017-III. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, el quejoso **********, comparece a esta instancia constitucional por su propio derecho reclamando del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, la resolución de veintisiete de octubre del presente año, dictada en el toca de apelación 593/2017 de su índice, en la que se confirmó la sentencia emitida en el incidente de oposición al inventario y avaluó del juicio sucesorio intentamentario C-262/2016, de la estadística del Juzgado de Partido Civil y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; sin embargo, de la lectura integra de la demanda se advierte que dentro de dicha sucesión tiene reconocido el carácter de albacea. En tal virtud, al no haber exhibido documento alguno con el que acredite dicho presupuesto, es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión anteriormente. Conclusivamente, ante la irregularidad advertida, lo procedente conforme a la fracción III del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción I, ambos de la ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente el carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de **********. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otro lado, tomando en consideración que el quejoso, manifestó su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngasele designando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Genaro Alonso Vázquez Muñoz, en virtud de que cuenta con cédula profesional 09078547 inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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