Jose Antonio Carrichi Mendoza

Expediente 707/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
707/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2017

Partes del expediente

  • Jose Antonio Carrichi Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por ***, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero Penal de partido de esta ciudad (como autoridad ordenadora) y Juez Primero Penal de Partido de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, (como autoridad ejecutora), por violación a las garantías consagrada en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 707/2017-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el acto reclamado en el libelo constitucional de mérito, lo es la resolución emitida dentro del proceso penal 181/2015 del índice del Juzgado Primero Penal de partido de esta ciudad, dictada en fecha tres de julio de dos mil diecisiete en el que se confirma el auto de veintinueve de junio del presente año relativo al desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la propia demanda de garantías y particularmente de los antecedentes que señala la parte quejosa se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución emitida dentro del proceso penal 181/2015 del índice del Juzgado Primero Penal de partido de esta ciudad, dictada en fecha tres de julio de dos mil diecisiete en el que se confirma el auto de veintinueve de junio del presente año relativo al desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía. Por lo que se llega a la conclusión, que no se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en sentido contrario, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal. Luego entonces, la resolución de fecha tres de julio de dos mil diecisiete en el que se confirma el auto de veintinueve de junio del presente año relativo al desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, no causa al quejoso de referencia un agravio de imposible reparación, toda vez que es factible que al momento de dictarse la sentencia en el expediente de donde emana el acto reclamado, ésta sea favorable a los intereses del impetrante de amparo, y con ello se repararía la violación alegada. De tal suerte, que dicha circunstancia por sí sola, no basta para estimar que la ejecución de ese acto sea de naturaleza irreparable, pues para ello es menester la existencia de una violación directa a los derechos sustantivos de la parte promovente, contenidos en las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Federal, y además, que la citada violación ya no pudiese ser reparada en la resolución definitiva que se llegase a dictar en el juicio natural; lo cual no sucede en la especie, pues la violación alegada aún puede ser reparada precisamente, en la sentencia que se llegue a dictar en el expediente antes señalado, si esta favorece a los intereses de la citada quejosa, lo cual haría que los efectos de la violación combatida quedaran extinguidos y sin dejar huella en su esfera jurídica; pero aún más, en el caso de que dicha sentencia no fuese emitida a favor de los intereses del promovente, podría ser reparada mediante el juicio de amparo directo que se enderece en contra de la resolución definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracciones III, de la Ley de Amparo vigente. En esas condiciones, lo anterior provoca que sobre la demanda de estudio, se actualice la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso dispositivo 107, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, este último aplicado a contrario sensu, por no reclamarse un acto de imposible reparación, ya que como se dejó explicado, constituye únicamente una violación intraprocesal, reclamable en su caso a través del amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva. En consecuencia, lo procedente es desechar por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías a estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Tesis IV.2°J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se acredita un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ***. Expuesto lo anterior, es que debe decírsele a la quejosa que la resolución que reclama, no resulta ser un daño de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Pues incluso puede ser reparado al resolverse en definitiva el juicio natural de donde emana el acto. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Ahora bien, en razón de que el promovente señala lo que denominó como los estrados de este Tribunal para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este juzgado de la federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Y se tiene como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *** por tener registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

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