José Antonio Cardoso Vázquez
Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Antonio Cardoso Vázquez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del apoderado legal de la parte quejosa, y en atención a su contenido, devuélvasele el documento que refiere, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. En la inteligencia que, previo a comparecer, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1238, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 15:00 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la Agenda OJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por el personal adscrito. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, así como al haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción. Ahora bien, como en el presente asunto obran documentos; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, serán destruidos junto con el expediente. En la inteligencia que, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1238, a fin de acordar un día y hora de entrega de dichos documentos, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 13:45 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de enero de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ******, por conducto de su apoderado *****(personalidad que acredita y se le reconoce con la carta poder que anexa a su escrito); fórmese el expediente relativo con el número 23/2022-VII que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Desechamiento Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que el quejoso señala como acto reclamado: El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se ordena el archivo como asunto concluido del expediente laboral J.5BIS/206/2015, por haber prescrito la acción para ejecutar el laudo. Una vez analizada en su totalidad la demanda, la suscrita considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón que el impetrante no agotó el recurso ordinario contra la determinación combatida. Tal precepto legal contempla la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo cuando contra las resoluciones judiciales la ley respectiva conceda algún recurso o medio defensa dentro del procedimiento mediante el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por lo que en ese caso quien acude a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión deberá agotar previamente el recurso o medio de defensa ordinario que corresponda. La causa de improcedencia en estudio descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, conforme al cual es procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. Así lo ha señalado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo el esquema apuntado, el artículo 849 de la de la Ley Federal del Trabajo -vigente a la fecha en que fue iniciado el procedimiento de origen-, prevé como medio de defensa el recurso de revisión, el cual procede contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en la ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, como en el caso sucede con la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se ordena el archivo del expediente laboral J.5BIS/206/2015, por haber prescrito el derecho del trabajador para ejercer el cumplimiento del laudo. De lo que se sigue que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controvierta en el juicio de origen mediante el recurso de revisión, el cual constituye un medio ordinario de defensa que tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el auto impugnado en esta vía. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin que este caso se ubique en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, ni se combate una resolución que niegue la libertad bajo caución o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, ni mucho menos se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. Además, el quejoso no resulta ser persona extraña al procedimiento, pues al tener el carácter de actor es evidente que es parte formal y material en él y, por ende, estuvo en aptitud de agotar los medios de defensa ordinarios procedentes contra el acto que reclama en esta instancia constitucional. No se soslaya que los efectos de la determinación combatida puedan considerarse como de imposible reparación, empero, aun así es necesario que se agote el medio ordinario de defensa correspondiente antes de acudir al juicio de amparo. Así lo ha establecido el Pleno y la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 11/2018 y 1a./J. 113/2013 (10a.), que llevan por títulos: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por José Antonio Cardoso Vázquez, por conducto de su apoderado legal José Rodrigo Guzmán Martínez, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, téngase como medios alternos de comunicación el correo electrónico y números telefónicos que indica, a fin de que este Juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario. También, se autorizan a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad invocada. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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