José Antonio Cantu Miranda
Expediente 303/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Antonio Cantu Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el once de abril de dos mil veintitrés, que negó el amparo y protección constitucional solicitada por los quejosos José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido.
- Principal
En el Juicio de amparo 303/2021, promovida por los quejosos José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo, se dictó un acuerdo que a la letra dice: "VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 303/2021-1, promovido por José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la extinta Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "II. AUTORIDAD RESPONSABLE: COMO Autoridad Ordenadora la Ciudadana Magistrada Titular de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y domicilio conocido. Como Autoridad Ejecutora: El Ciudadano Juez Primero Civil de Primera Instancia del tercer distrito judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo y domicilio conocido." "IV. ACTO RECLAMADO: De la ordenadora se reclama la ilegal resolución de fecha 25 de agosto del año 2021 dentro del toca 62/2021 de la Novena Sala Unitaria en materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Misma que fuera legalmente notificada en fecha 26 de agosto del presente año 2021, a las 21:33 horas. De la autoridad ejecutora se reclama su posible ilegal ejecución. Ello en los autos del cuadernillo incidental de Prescripción de sentencia dentro de los autos del expediente 248/2011 del juzgado primero de primera instancia civil del tercer distrito judicial del estado de Tamaulipas". La promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 303/2021-1, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se advierte que los quejosos José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo, reclaman lo siguiente: De la Magistrada de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. a) La resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 62/2021, que confirma la interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del Juicio Ejecutivo Civil 248/2011, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en esta ciudad, dentro del incidente de prescripción de ejecución de sentencia. Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo. b) Los actos de ejecución, en el cuaderno incidental de Prescripción de sentencia dentro de expediente 248/2011. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DE ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Magistrada de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y Juez Primero Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 78, 91 y 92). Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el toca 62/2021, que envió la sala responsable, en apoyo a su informe justificado, a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Toda vez que las partes no invocaron causas de improcedencia, dado que se trata de una cuestión que debe analizarse de manera preferente por ser de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y al no advertirse de oficio que alguna se actualice, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO. Previo a realizar el análisis de los conceptos de violación, conviene precisar que en el caso no opera la suplencia de la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 79 , por tratarse de un juicio de amparo en materia civil, y sin que en el caso se actualice las excepciones establecidas en las fracciones I y VII, de dicho precepto legal. Precisado lo anterior, los quejosos José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo, refieren como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: 1. Que el Magistrado responsable no tomó en consideración que el computo de los días sin actividad procesal se cuenta a partir del veintiuno de abril de dos mil catorce, en virtud de que a partir de dicha fecha el resto de las actuaciones, diligencias y promociones tendientes a ejecutar el convenio son solicitadas y ordenadas en el inmueble ubicado en el domicilio "Arteaga 7215", y no en el inmueble ubicado en el domicilio Juan Ramos "7215", siendo la segunda la identidad real del inmueble materia del litigio. Que el magistrado no tomó en consideración que el resto de las actuaciones realizadas de oficio o a petición de parte a partir del veintiuno de abril de dos mil catorce, no son tendientes ni tienen el efecto de impulsar el estado procesal de dicho juicio o de ejecutar la dación de pago accesoria al convenio de transacción que fuera declarado cosa juzgada el veintiocho de octubre de dos mil once. Que sin contar que todas las actuaciones, diligencias y promociones suscitadas a partir del veintiuno de abril dos mil catorce, a pesar de que fueron solicitadas y desarrolladas en un domicilio diverso, las actuaciones dan parte de que las mismas nunca se concluyeron por defectos en su logística, por lo que tanto el juzgador de primera instancia, como de segunda debieron tenerlas por no hechas, en virtud de que los mismos defectos como lo es el nombre correcto de la financiera, o el nombre correcto del domicilio o el auxilio del cerrajero; fueron originados desde la solicitud de la parte ejecutante, por lo que debe tenerse al ejecutante sin la voluntad o la intención legitima de impulsar el procedimiento o perfeccionar su ejecución. Que el asunto no se encuentra ejecutado, dado que la dación en pago materia del convenio de transacción sólo se perfecciona hasta la entrega material y no sólo con el otorgamiento de escrituras. Con base en dicho razonamiento debe tenerse justipreciado que el convenio de transacción como cosa juzgada materia de prescripción, no se encuentra ejecutado aún. Que como lo anunciaron desde la demanda incidental, que la acción para pedir su ejecución se encuentra prescrita por el trascurso del tiempo que debió contarse a partir de veintiuno de abril de dos mil catorce, no se celebraron por defectos en su tramitación, por lo cual se tiene entonces que desde esa fecha (21 de abril de 2014), en que se requiere a los demandados hoy quejosos para que entreguen posesión del inmueble materia del efecto de la dación en pago accesoria a dicho convenio leonina. Que en términos del artículo 668 del código de procedimientos civiles vigente en el Estado debe tenerse prescrita la acción para ejecutarlo. 2. Que le causa agravio la incorrecta apreciación que hace el Magistrado al resolver como lo hizo, es decir, confirmando la resolución de primera instancia, ya que no advirtió que el convenio materia de la ejecución combatida no es declarado como cosa juzgada expresamente en ningún auto o acuerdo que causara ejecutoria o estado y a su vez la posibilidad de recurrirse, pues en dicho juicio el convenio de transacción en cuestión sólo se ratificó y se procedió a su inmediata ejecución sin que existiera auto alguno que lo declarara como cosa Juzgada o lo dejara firme 3. Que el juzgador de primera instancia jamás examinó de oficio la legalidad o convencionalidad de dicho convenio y su clausulado para ver que no se encuentre en el supuesto de usura o tenga clausulas antijurídicas que transgreden derechos humanos. Por lo que esta juzgadora tiene la obligación de regularizar el procedimiento mandándolo hasta ese estado procesal y dejar sin efectos los demás. 4. Que les causa agravio la incorrecta apreciación que hace el Magistrado al confirmar la resolución en primera instancia, sin cumplir con su obligación de tutelar derechos humanos, y examinar de oficio la legalidad o convencionalidad de las cláusulas de dicho convenio. Excluyéndolas o reservándolas por su naturaleza antijurídica y desproporcionada basada en la usura, exclusivamente. Lo anterior, en virtud de que el convenio como tal se advierte leonino y con intereses exagerados mismos que transgreden los principios de la no explotación del hombre por el hombre y el acceso al mínimo vital. Que debió examinar de oficio que tanto la cláusula nueve como contrato de transacción por sus efectos de tener intereses leoninos y la dación en pago automática del inmueble en cuestión resulta violatorio de derechos humanos de acceso a la vivienda. Para luego regularizar el procedimiento y dejar sin efectos el otorgamiento de escrituras y el requerimiento de entrega. 5. Que por lo anterior, el juzgador de primera instancia ha sido omiso en manifestarse de oficio señalando que el convenio de transacción materia de la ejecución combatida en el recurso en cuestión resulta violatorio de derechos humanos de acceso a la vivienda. Que solicita a la justicia federal examine de oficio los términos de dicho convenio y de ser necesario que retrotraiga el juicio hasta el momento de la aprobación del convenio y entonces este Juzgado federal, de oficio, pueda examinar y validar la legalidad de dichas cláusulas tomando en cuenta los parámetros normativos de la convencionalidad. Cabe señalar que los conceptos de violación se estudiarán en orden distinto al propuesto por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo. En principio, conviene hacer la precisión de que los agravios precisados en los puntos 3 y 5, consistentes en que el Juez de Primera Instancia no examinó de oficio la legalidad o convencionalidad del convenio y su clausulado para ver que no se encuentre en el supuesto de usura o tenga clausulas antijurídicas que transgredan derechos humanos, omitiendo manifestarse de oficio en torno a que el convenio de transacción materia de la ejecución combatida en el recurso en cuestión resulta violatorio de derechos humanos de acceso a la vivienda, son inoperantes ante la sustitución procesal acaecida con la emisión de la resolución emitida en el toca de apelación 62/2021, del índice de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. En efecto, resultan inoperantes, ya que los quejosos los dirigen a cuestionar aspectos que debió tomar en consideración la autoridad de primer grado y, por ende, se trata de aspectos ajenos al acto reclamado, al haberlos superado la responsable ordenadora con la emisión de la sentencia de segundo grado. De ahí que toda referencia a aquélla (interlocutoria primigenia), emitida en los autos del juicio Ejecutivo Civil 248/2011, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial de esta ciudad, resulta inoperante. Ahora, tocante al concepto de violación en el que argumentan que este juzgado federal debe examinar de oficio los términos del convenio y, de ser necesario, retrotraer el juicio hasta el momento de la aprobación del convenio, examinando y validando la legalidad de las cláusulas del convenio, debe decirse que es inoperante, ya que a esta Juzgadora Federal no le está permitido sustituirse al juzgador de origen, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, pues con ese actuar estaría complementando o integrando el acto reclamado; circunstancia que resulta contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, ya que éste no constituye una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo que los Tribunales Federales, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales. Da sustento a la inoperancia advertida, la jurisprudencia I.6º.C. J/4, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." Por otro lado, en el concepto de violación marcado en el punto 2, en el que los quejosos aducen que la sala responsable dejó de observar que el convenio materia de la ejecución combatida no es declarado como cosa juzgada expresamente en ningún auto o acuerdo que causara ejecutoria y, a su vez, la posibilidad de recurrirse, pues en dicho juicio el convenio de transacción en cuestión sólo se ratificó y se procedió a su inmediata ejecución sin que existiera auto alguno que lo declarara cosa juzgada o lo dejara firme, es inoperante. Se afirma lo anterior, ya que dichos argumentos no se propusieron al interponer el recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del Juicio Ejecutivo Civil 248/2011, que declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, por tanto, al no hacerse valer en el citado medio de impugnación de donde emana la resolución reclamada, menos puede plantearse en esta instancia constitucional; pues no sería jurídico declarar la inconstitucionalidad del fallo reclamado, partiendo del análisis de cuestiones que no fueron sometidas a la consideración de la autoridad responsable, por lo que no es dable analizarlos en este juicio de amparo. Además de que de las constancias de autos se advierte que sí existe el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil once, que elevó el convenio a la categoría de cosa juzgada (foja 132 del cuaderno de pruebas I). En el concepto de violación en los que aduce que el juzgador de primera instancia jamás examinó de oficio la legalidad o convencionalidad de dicho convenio y su clausulado para ver que no se encuentre en el supuesto de usura o tenga clausulas antijurídicas que transgreden derechos humanos y que por ello esta juzgadora federal tiene la obligación de regularizar el procedimiento mandándolo hasta ese estado procesal y dejar sin efectos los demás, son inoperantes, por novedosos, al referirse a cuestiones distintas a las originalmente señaladas, constituyendo aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido Apoya por analogía, la Jurisprudencia 1ª./J.150/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." En el concepto de violación señalado en el punto 4, consistente en el que el magistrado fue omiso en analizar el convenio de oficio, es inoperante, porque si bien es cierto existe un convenio celebrado entre las partes en el que decidieron terminar el juicio o contienda judicial, lo cierto es que existe un acuerdo o proveído en el que ese convenio se elevó a la categoría de cosa juzgada, el cual no fue recurrido por la parte demandada, aquí quejosa, por ende, tomando en consideración que la materia civil es de estricto derecho, corresponde a las partes combatir las determinaciones que les irroguen algún agravio o perjuicio. De ahí que, se insiste, al no haber combatido la parte quejosa el auto en el que se aprobó o elevó a categoría de cosa juzgada el acuerdo de voluntades celebrado entre las partes del juicio natural, se torna ineficaz el argumento que se analiza; so pena de violentar el principio de igualdad procesal que debe regir en la materia civil. Se cita la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que establece lo que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Un concepto de violación es inoperante, cuando la cuestión que aborda no fue materia de la litis del juicio natural, pues no se hizo valer al contestar la demanda en vía de excepción y por lo mismo, no es dable analizar su procedencia en el juicio constitucional." Por otra parte, en el concepto de violación precisado en el punto 1, los quejosos aducen que el Magistrado responsable no tomó en consideración que el computo de los días sin actividad procesal se debe contar a partir del veintiuno de abril de dos mil catorce, en virtud de que a partir de dicha fecha el resto de las actuaciones, diligencias y promociones tendientes a ejecutar el convenio son solicitadas y ordenadas en el inmueble ubicado en el domicilio "Arteaga 7215" y no en el inmueble ubicado en el domicilio Juan Ramos "7215", siendo la segunda la identidad real del inmueble materia del litigio, que por ello, el resto de las actuaciones realizadas de oficio o a petición, a partir del veintiuno de abril de dos mil catorce, no son tendientes ni tienen el efecto de impulsar el estado procesal del juicio o de ejecutar la dación de pago accesoria al convenio de transacción que fuera declarado cosa juzgada el veintiocho de octubre de dos mil once. El argumento anterior es infundado. Se dice lo anterior, ya que el magistrado responsable se pronunció sobre el argumento planteado por el ahora quejoso en la apelación, exponiendo las razones por las que estimó que dichas actuaciones no tuvieron el efecto de impulsar la ejecución de la sentencia y, por ende, no interrumpen la prescripción, precisando que la presentación de los escritos tendientes a motivar la ejecución de la sentencia tienen el alcance de interrumpir el lapso para que opere la prescripción. El magistrado responsable argumentó que al analizar las constancias procesales conforme al punto de partida señalado por los actores incidentistas, que es la fecha en que se venció el término para el cumplimiento voluntario del convenio judicial elevado a categoría de cosa juzgada, esto es, desde el nueve de noviembre de dos mil doce, se percibe la existencia de promociones o escritos orientados a activar la ejecución del convenio judicial elevado a categoría de cosa juzgada. Asimismo, precisó que se solicitó la aclaración del bien inmueble cuya posesión material se reclamaba para preparar la diligencia de lanzamiento y se tuvo por aclarado el domicilio y se realizó la diligencia de lanzamiento, aunque se tuvo que suspender por falta de comparecencia del cerrajero para que procediera al rompimiento de cerraduras, aunado a que no se advertían el transcurso de cinco años entre tales promociones y actuaciones impulsoras de la ejecución del convenido en cuestión, siendo que entre la última promoción de la parte ejecutante, presentada el diez de octubre de dos mil dieciséis y la demanda incidental de prescripción, exhibida el once de septiembre de dos mil diecinueve, sólo transcurrieron dos años once meses, lo que es insuficiente para actualizar la hipótesis prevista en el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De ahí, que al haberse pronunciado el magistrado responsable sobre el tópico propuesto es que, como se dijo, el concepto de violación examinado es infundado. SEXTO. DECISIÓN. Al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación planteados por los quejosos, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitan. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que reclaman del Juez Primero de Primera instancia de lo Civil, de esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo, por los actos de las autoridades responsables señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante la secretaria Patricia Arcos León, con quien actúa y da fe. Doy fe
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Se notifica por esta vía a Metrofinanciera S.A.P.I. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada, por conducto de quien lo represente legalmente. (tercero interesado): "...Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos José Antonio Cantú Miranda y Teresa de Jesús Dueñas Galindo, por los actos de las autoridades responsables señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando.: "
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Determinación Agréguese el escrito de cuenta, en atención a su contenido, dígase a la parte quejosa que esta juzgadora ha tomado conocimiento de su escrito, y en breve se emitirá el fallo correspondiente.
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