José Antonio Canela Fabián
Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Antonio Canela Fabián
- José Antonio Canela Fabián y Otros.
- Alfonso Canela Magallón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio con que la Representante Regional de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero, adscrita a la Dirección General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable en el Estado de Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez, en cumplimiento al requerimiento de auto de ocho de noviembre de este año, informa que se encuentra imposibilitada para dar respuesta al fondo de la petición formulada, y con ello dar cabal cumplimiento al fallo protector, dado que el quejoso no cumplió con lo que le fue solicitado, esto es, no presentó el poder notarial actualizado que se le requerido. Sin embargo, como se le hizo de su conocimiento a dicha autoridad responsable en auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, este Juzgado de Distrito, concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos ahí precisados, y para los efectos siguientes: " (.) Por las consideraciones expuestas, en términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para efectos de que, la autoridad responsable Delegada o Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Oaxaca, en el ámbito de su respectiva competencia, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, a la brevedad: 1.- Dé respuesta por escrito, debiendo citar los fundamentos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que considere al emitirlo, de manera congruente a lo pedido (sin que esto implique que deba pronunciarse en determinado sentido respecto); y notificarlo personalmente al demandante del amparo. En la inteligencia que el amparo aquí concedido no la obliga a contestar de conformidad con lo solicitado, pues tal situación no implica que la autoridad emita su pronunciamiento precisamente en el sentido expresado por el quejoso, sino sólo a contestar oportunamente y de forma congruente, y por escrito, las peticiones que les presenten. (.)". Así, requiérase nuevamente a la autoridad responsable oficiante, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente justifique haber dado respuesta de fondo a la petición del quejoso, es decir, determinar e informarle si procede la entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto del inmueble que indica, y en esa medida, dar cabal cumplimento al fallo protector; o manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el informe que rinda deberá acompañar las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento, lo que podrá enviar vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Se autoriza al Secretario y/o Actuario judicial adscritos a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de la apoderada legal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Oaxaca, por medio del cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. En tales condiciones, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable en vías de cumplimiento del fallo protector, por así justificarlo con las constancias que adjunta. Ahora, mediante sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos ahí precisados, y para los efectos siguientes: " (.) Por las consideraciones expuestas, en términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para efectos de que, la autoridad responsable Delegada o Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Oaxaca, en el ámbito de su respectiva competencia, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, a la brevedad: 1.- Dé respuesta por escrito, debiendo citar los fundamentos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que considere al emitirlo, de manera congruente a lo pedido (sin que esto implique que deba pronunciarse en determinado sentido respecto); y notificarlo personalmente al demandante del amparo. En la inteligencia que el amparo aquí concedido no la obliga a contestar de conformidad con lo solicitado, pues tal situación no implica que la autoridad emita su pronunciamiento precisamente en el sentido expresado por el quejoso, sino sólo a contestar oportunamente y de forma congruente, y por escrito, las peticiones que les presenten. (.)". Así, se tiene que la responsable Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Oaxaca, en las constancias correspondientes que acompaña a su oficio de cuenta, el veintiocho de octubre del año que transcurre en atención al escrito de dos de septiembre de dos mil veintiuno, donde el quejoso pidió la entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto del inmueble ubicado en lote número 00027 (veintisiete), de la manzana 0019 (diecinueve), zona 06 (seis), colonia Fernando Gómez Sandoval, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, le indicó que deberá actualizar el poder notarial con que comparece. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que se gire, requiérase nuevamente a la autoridad responsable oficiante, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente -previo desahogo del requerimiento que le formuló para que actualizara el poder notarial con que comparece-, justifique haber dado respuesta de fondo a la petición del quejoso, es decir, determinar e informarle si procede la entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto del inmueble que indica, y en esa medida, dar cabal cumplimento al fallo protector; o manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el informe que rinda deberá acompañar las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento, lo que podrá enviar vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Se autoriza a la secretaria a firmar el oficio que derive de este acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, no obstante estar debidamente notificadas para ello; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a la autoridad responsable Delegada o Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al que quede legalmente notificado, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comuniquen las medidas que adopten con tal finalidad, o el impedimento legal que tengan para hacerlo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el informe que rinda deberá acompañar las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento. Apercibida, de no cumplir o informar el impedimento legal o material para cumplir lo solicitado, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos ($9,622.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de noventa y seis pesos, veintidós centavos ($96.22) moneda nacional, conforme a la publicación de ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se autoriza al Secretario judicial adscrito a firmar el oficio que derive del presente asunto. Por último, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito del quejoso José Antonio Canela Fabián, mediante el cual solicita se declare ejecutoria la sentencia emitida en este juicio. Al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 797/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, José Antonio Canela Fabián, por sí y en su carácter de apoderado legal de Alfonso Canela Magallón solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable a la C. DELEGADA o REPRESENTANTE REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE EN OAXACA, (INSUS). [.] IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad que señalo como responsable reclamo: LA NEGATIVA para hacerme entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio estipulada en la cláusula primera del Contrato de Compraventa celebrado entre dicho instituto, antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), como vendedor y mi poderdante ALFONSO CANELA MAGALLÓN, como comprador, el dos de julio de mil novecientos noventa, respecto al lote número 00027(veintisiete), de la manzana 0019 (diecinueve), zona 06 (seis), colonia Fernando Gómez Sandoval, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. 21.70 metros, colinda con el lote veintiocho; AL ESTE: 11.00 metros, colinda con el lote diecinueve y 1.30 metros colinda con el lote veinte; AL SUR: 22.00 metros, colinda con el lote veintiséis; AL SUROESTE: 11.95 metros, colinda con la calle Ignacio Zaragoza, contrato que quedó inscrito con el carácter de DEFINITIVO ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, bajo el número 178 (ciento setenta y ocho), del libro 96 (noventa y seis), de la Sección Primera de Escrituras Privadas, "TÍTULOS TRASLATIVOS DE DOMINIO", con fecha veintiséis de julio de mil novecientos noventa. No obstante haber cumplido con el pago del precio total convenido, así como los derechos de cancelación y de no existir impedimento legal alguno para dicha entrega, como lo justifico con los comprobantes de pago oficiales expedidos por dicho instituto. ." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, el consagrado en los artículos 1, 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 797/2022; luego, una vez desahogada la prevención formulada en autos, en proveído de veinte de julio del año en curso, se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuido a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La falta de respuesta por escrito a la solicitud que presentó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que pidió la entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto del inmueble ubicado en lote número 00027(veintisiete), de la manzana 0019 (diecinueve), zona 06 (seis), colonia Fernando Gómez Sandoval, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable apoderada legal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Oaxaca, en representación del titular, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni advertirse de oficio la actualización de alguna, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En el presente caso, se tiene que la parte quejosa se duele esencialmente de la falta de respuesta por escrito a la solicitud que presentó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que pidió la entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto del inmueble ubicado en lote número 00027(veintisiete), de la manzana 0019 (diecinueve), zona 06 (seis), colonia Fernando Gómez Sandoval, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. Al respecto, alega sustancialmente, que la responsable viola los derechos de contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al negarse a entregar el oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio respecto del inmueble señalado. Señala que, la responsable le niega sin fundamento ni motivo alguno el derecho que tiene para recibir la documentación solicitada, pues posee las facultades legales para ello, y por el contrario le resta validez al poder notarial otorgado a su favor y con el cual compareció ante ella a solicitar en nombre de su poderdante, la expedición del oficio o constancia de liberación de reserva de dominio del inmueble propiedad de éste, con lo que señala que se viola en su perjuicio y de su mandante, el derecho humano a que se nos reconozca la personalidad jurídica. Los conceptos de violación planteados, son esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. A fin de justificar lo anterior, es importante señalar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado: El quejoso se ostentó ante la responsable como apoderado legal de Alfonso Canela Magallón, bajo el poder notarial número dieciocho mil trescientos ochenta y siete, de quince de agosto de dos mil dos, ante la fe del Notario Público número Diecinueve en el Estado de Oaxaca. Mediante escrito de dos de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable, solicitó la cancelación de reserva de dominio de la escritura que ampara el inmueble ubicado en lote número 00027 (veintisiete), de la manzana 0019 (diecinueve), zona 06 (seis), colonia Fernando Gómez Sandoval, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 21.70 metros, colinda con el lote veintiocho; AL ESTE: 11.00 metros colinda con el lote diecinueve y 1.30 metros colinda con el lote veinte; AL.SUR: 22.00 metros, colinda con el lote veintiséis; AL SUROESTE: 11.95 metros, colinda con la calle Ignacio Zaragoza, mismo que quedó inscrito con el carácter de definitivo ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, bajo el número 178 (ciento setenta y ocho), del Libro 96 (noventa y seis), de la Sección Primera de Escrituras Privadas, "Títulos Traslativos de Dominio", con fecha veintiséis de julio de mil novecientos noventa. El veintidós de junio del año en curso, el quejoso bajo su representación, se presentó ante la responsable con la finalidad de recoger el oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto del inmueble indicado; quien refirió -en forma verbal- que no se podría entregar la documentación solicitada, en atención a que el poder notarial que presentó para ello, ya se encontraba vencido, por lo que dada la temporalidad del referido instrumento, en relación con la edad del poderdante, era necesario que presentara una actualización de dicho poder. En esta línea, se impone destacar que los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, establecen: Artículo. 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]. De dichos preceptos constitucionales se desprende que se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, así como el derecho a la legalidad el cual consiste en que el acto de molestia debe constar por escrito, emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado, pues sólo de esta forma se otorga seguridad jurídica a los gobernados. Para el caso en estudio reviste importancia el tercer requisito antes precisado, que consiste en el deber de expresar los motivos de hecho y las razones de derecho que tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto reclamado. Así, la exigencia de fundamentación se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, mientras la motivación se ha referido a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y expresamente previsto en la disposición legal que se aplica. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es posible citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Cabe señalar que respecto a la fundamentación y motivación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en volúmenes 151 y 156, página 56, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio cuyo rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate." Asimismo, la fundamentación tratándose de actos de autoridad con efectos concretos, determinados y particulares consiste en que en el mandamiento se deben citar tanto la ley como los artículos específicos que la autoridad estime aplicables al hecho o caso de que se trate. Mientras que la motivación consiste en el razonamiento que debe hacer la autoridad en el texto del acto de molestia, de los razonamientos con base en los cuales llegó a la conclusión de que los hechos que tomó en cuenta para realizar dicho acto son ciertos y son los previstos en el precepto legal en el que se funda, señalando con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se haya tenido en consideración para la emisión del mismo. Por su parte, el artículo 8º constitucional establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario" Dicho precepto constitucional, consagra el derecho de petición bajo los siguientes parámetros: Una facultad del gobernado para acudir ante cualquier autoridad o funcionario público para formular una solicitud; Dicha solicitud debe de ser de forma escrita, pacífica y respetuosa; y, Como consecuencia de dicha solicitud, los funcionarios y empleados públicos deben de emitir un acuerdo congruente con lo pedido, por escrito fundado y motivado y, notificarlo fehacientemente en breve término de manera que el gobernado promovente pueda conocer su contenido. En efecto, en términos del artículo 8° constitucional, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito de manera congruente y en breve término; en tal orden de ideas, debe entenderse, por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe considerarse lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos no hechos valer, además de que no existan consideraciones contrarias entre sí y, por lo segundo, el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En este contexto, en el caso, se advierte que el quejoso acudió ante la responsable con el carácter de apoderado legal de Alfonso Canela Magallón, para solicitar la entrega del oficio o carta de cancelación o liberación de la reserva de dominio, respecto de la escritura que ampara el inmueble ubicado en lote número 00027 (veintisiete), de la manzana 0019 (diecinueve), zona 06 (seis), colonia Fernando Gómez Sandoval, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 21.70 metros, colinda con el lote veintiocho; AL ESTE: 11.00 metros colinda con el lote diecinueve y 1.30 metros colinda con el lote veinte; AL.SUR: 22.00 metros, colinda con el lote veintiséis; AL SUROESTE: 11.95 metros, colinda con la calle Ignacio Zaragoza, mismo que quedó inscrito con el carácter de definitivo ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, bajo el número 178 (ciento setenta y ocho), del Libro 96 (noventa y seis), de la Sección Primera de Escrituras Privadas, "Títulos Traslativos de Dominio", con fecha veintiséis de julio de mil novecientos noventa. Sin embargo, de manera verbal la autoridad responsable contestó en el sentido de negarle la petición formulada, en atención a que no se podía entregar el documento solicitado, en virtud que el poder notarial que presentó para ello, ya se encontraba vencido, por lo que dada la temporalidad del referido instrumento, en relación con la edad del poderdante, era necesario que presentara una actualización de dicho poder Como se ve, esa "respuesta o negativa verbal" es inconstitucional en sí misma, dado que no cumple las exigencias legales contempladas en el artículo 16 de la Carta Magna; pues no reviste la forma escrita en donde se fundamente y motive debidamente la causa legal de ese proceder; de donde se concluye que la autoridad responsable transgredió en perjuicio de los solicitantes del amparo, el precepto constitucional de referencia. Ello es así, pues la respuesta verbal hace imposible conocer las razones de hecho y derecho en que se sustentó la negativa reclamada la autoridad responsable; de modo que resulta patente la inconstitucionalidad del acto reclamado aludido, pues se deja en absoluto estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le dieron a conocer los preceptos jurídicos y las razones específicas por las cuales el poder notarial presentado no es suficiente para acreditar la personalidad con que se ostenta. En este sentido, la respuesta de la autoridad municipal resulta carente fundamentación y motivación. Lo anterior es así, puesto que no le informa al quejoso, el precepto o preceptos legales en el que se funda para negarse a entregar el documento solicitado; así como exponer, los motivos que haya tomado en consideración para pronunciarse conforme lo hizo. Por las consideraciones anteriores y ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Por las consideraciones expuestas, en términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para efectos de que, la autoridad responsable Delegada o Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Oaxaca, en el ámbito de su respectiva competencia, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, a la brevedad: 1.- Dé respuesta por escrito, debiendo citar los fundamentos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que considere al emitirlo, de manera congruente a lo pedido (sin que esto implique que deba pronunciarse en determinado sentido respecto); y notificarlo personalmente al demandante del amparo. En la inteligencia que el amparo aquí concedido no la obliga a contestar de conformidad con lo solicitado, pues tal situación no implica que la autoridad emita su pronunciamiento precisamente en el sentido expresado por el quejoso, sino sólo a contestar oportunamente y de forma congruente, y por escrito, las peticiones que les presenten. Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ***, por sí y en su carácter de apoderado legal de ****, contra los actos precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el diverso último y para los efectos precisados en la parte final del mismo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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