José Antonio Canales Ayala

Expediente 392/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
392/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Canales Ayala
  • Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y al tener en consideración que por sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3) y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. Deje insubsistente el pago contenido en los recibos de siete de marzo de dos mil dieciocho, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con número de referencia 759484146 y 759484235- En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso la cantidad que enteró en el referido recibo, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Sin que deba devolverse el importe que aparece en los citados recibos como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 39, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila. (.)". Resolución que causó ejecutoria en proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y en esa fecha se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Asimismo, las autoridades responsables Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberado y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en la ciudad de Saltillo, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución dictada dentro del presente juicio de amparo. Resolución que fue recibida ante este órgano jurisdiccional el veinticuatro de enero del año en curso. Ahora bien, mediante oficios recibidos en este juzgado federal el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho y veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, señalando que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos impugnados y emitió un cheque para el peticionario de amparo, por la cantidad de $16,515.00 (dieciséis mil quinientos quince pesos 00/100 moneda nacional), a fin de devolverle la cantidad enterada por el acto de las normas impugnadas (fojas 249 a 240 y 3178 a 320). Con motivo de lo anterior, mediante autos de uno de octubre de dos mil dieciocho y veinticinco de febrero del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés legal correspondiera, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, de lo anterior se obtiene que las documentales valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena y resultan suficientes para determinar que en el caso ha lugar a tener por cumplida la sentencia ejecutoria en este juicio de amparo, por haberse acatado en sus términos los alcances de la misma, pues la autoridad actuó conforme a los parámetros que le fueron impuestos en la determinación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 2000, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, de la literalidad siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, debe estimarse cumplida la sentencia ante la justificación de los efectos del fallo protector. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable hubiese incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente al quejoso

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Agréguese a los presentes autos el oficio del Administrador Local de Recaudación de la ciudad de Torreón, Coahuila, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista al quejoso por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, aparece que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada dentro de los autos en que se actúa; esto es, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 82, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, ya que en resolución de diez de julio del dos mil dieciocho, desincorporó el artículo 82, fracción IV, sin que se haya concedido el amparo y protección al quejoso respecto de esta última fracción y remita las constancias respectivas. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de este año. Finalmente, se agrega sin mayor proveído el oficio del Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, toda vez que el uno de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con un oficio en el mismo sentido (foja 173). Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Se agrega a sus antecedentes, el oficio 67/2019, signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, ambos con residencia en la ciudad de Saltillo, en contra de la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho y remite los autos originales del mismo; acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el indicado tribunal resolvió: "PRIMERO. QUEDA FIRME por falta de impugnación el sobreseimiento que decretó la a quo en el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En la materia de revisión SE CONFIRMA la sentencia impugnada. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al quejoso José Antonio Canales Ayala, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, PARA LOS EFECTOS que destacó la juez a quo en el considerando séptimo de la sentencia recurrida". Sin que se requiera el cumplimiento a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, toda vez que mediante proveído de dieciséis de enero del año en curso, se requirió dicho cumplimiento a la citada autoridad responsable. Finalmente, agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.

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