José Antonio Calderón Cardoso

Expediente 539/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
539/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2020

Partes del expediente

  • José Antonio Calderón Cardoso

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de julio de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecisiete de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, archívese el asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de SEIS MESES, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Del análisis integral del juicio de amparo, se advierte que el escrito inicial de demanda fue presentado de manera electrónica, el dos de junio de dos mil veinte. Asimismo, del contenido integral de la demanda de amparo atendiendo a los Lineamientos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que, previo a emitir pronunciamiento sobre si la demanda de amparo debe ser admitida o no, el Juzgador de amparo, que únicamente puede atender asuntos urgentes y/o aquéllos que, sin ser urgentes, deban ser tramitados como juicio en línea por así haber sido solicitado por las partes; debe atender a la naturaleza de los actos reclamados y a lo dispuesto en el artículo 48 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a lo dispuesto en las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que en la segunda de las citadas Circulares se refirió que los titulares de los órganos jurisdiccionales tienen la atribución de ser intérpretes de las normas que aplican favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de conformidad con nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia; por lo que se debe considerar que la situación que dio lugar a la emisión de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 mencionados, es extraordinaria, lo cual obliga a tomar en consideración los derechos humanos trastocados, las consecuencias de su eventual transgresión y del tiempo que pudiera tomar la conclusión del actual periodo de contingencia, el cual fue establecido del dieciocho de marzo al treinta de junio del año en curso, el cual, resulta particularmente delicado en cada caso que pueda presentarse. En tales condiciones, de la lectura realizada al escrito inicial de demanda, se advierte que fue presentada de manera electrónica -con firma electrónica-, asimismo, la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones se hicieran de manera electrónica. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la ley de la materia, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama el siguiente acto: El aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, que tiene por objeto establecer un sistema de gestión de la calidad de la organización electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de dos mil veinte. En ese contexto, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)" Conforme al artículo transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se impugnan resoluciones o declaraciones en materia electoral, causa de inejercitabilidad que, también, resulta aplicable cuando se reclaman en tal sumario constitucional normas generales de tal materia. Ello, pues dichas normas generales deben ser reclamadas a través de los medios de defensa del sistema integral de justicia electoral, previsto en los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, por razón de especialidad, las normas generales en materia electoral deben ser combatidas a través de los medios de defensa previstos en el sistema integral de justicia electoral, de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente en su contra. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, abril del 2011, página 323, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Asimismo, es aplicable al caso la tesis aislada de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa reclama el Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, que tiene por objeto establecer un sistema de gestión de la calidad de la organización electoral, publicado el veintidós de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En dicho proyecto de Norma Mexicana, la autoridad pretende establecer los requisitos para un sistema de gestión de la calidad donde una organización electoral: a) necesita demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, los cuales proporcionan resultados confiables, transparentes, libres y justos, que cumplen con los requisitos electorales; y, b) busca aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas y otras partes electorales interesadas, por medio de la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad electoral, incluyendo procesos para la mejora continua dentro del marco legal establecido. Asimismo, de la síntesis de la publicación del Aviso de consulta pública impugnado, en lo que interesa, se advierte que se estableció que dicho Proyecto de Norma Mexicana, sería aplicable al periodo de elección, incluidas las actividades o procesos previos y posteriores a las elecciones, así como también sería aplicable a todos los organismos electorales involucrados en cualquier aspecto del proceso electoral, ya sean organizaciones permanentes u organizaciones temporales establecidas en apoyo de un periodo electoral en particular. En ese sentido, con base en objeto del Aviso de consulta pública del Proyecto de la Norma Mexicana impugnada, se pude decir que ésta pertenece al derecho electoral que es la rama del derecho público que tiene por objeto regular el recambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento y propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos contenciosos derivados de ellos. El derecho electoral guarda relación con la ciencia política cuyo objeto de estudio es la regulación de los procesos electorales en los que se eligen los gobernantes, titulares y soportes de diversos órganos del Estado, la división del territorio de un Estado en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción del electorado y de las candidaturas, su financiamiento, votación, escrutinio, así como atender en los procesos contenciosos jurisdiccionales derivados de denuncias de fraudes electorales. De lo anterior, se tiene que la parte quejosa pretende combatir a través del juicio de amparo un Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, que tiene por objeto establecer los requisitos para un sistema de gestión de la calidad donde una organización electoral: a) necesita demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, los cuales proporcionan resultados confiables, transparentes, libres y justos, que cumplen con los requisitos electorales; y, b) busca aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas y otras partes electorales interesadas, por medio de la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad electoral, incluyendo procesos para la mejora continua dentro del marco legal establecido. Así, es evidente que el Aviso de consulta pública del Proyecto de la Norma Mexicana impugnado, es propio de la materia electoral, cuyo objeto de estudio abarca, entre otras cuestiones, las normas y principios que rigen los procesos electorales de participación ciudadana. Así las cosas, es palmario que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa reclama una norma en materia electoral. Robustece lo expuesto la tesis I.15o.A.136 A de la Novena Época, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio del 2009, página 1859, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA ELECTORAL NO IMPLICA QUE LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los procedimientos respectivos, destacando el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular." En ese contexto resulta evidente que la acción de amparo pretendida es improcedente, pues como se avanzaba, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En términos del artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa al usuario "joseantonio". MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PRESENTAR PROMOCIONES Por otra parte, se informa a las partes que están en posibilidad, de así estimarlo conveniente, dada la situación actual relativa a la epidemia existente en nuestro país derivado del virus SARS-COV2 que provoca la enfermedad COVID-19, en específico en la Ciudad de México, de presentar realizar las siguientes acciones: Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Solicitar la práctica de las notificaciones en vía electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto, para ello, deberán registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, cumpliendo con los requisitos que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince. Además, se hace de su conocimiento que para la presentación de promociones físicas podrán hacerlo en el inmueble en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, de lunes a viernes, en el horario comprendido de nueve a quince horas. En la inteligencia que las partes podrán presentar promociones en cualquier horario a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como de manera excepcional en el correo electrónico oficial 8jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior en el entendido de que las promociones correspondientes únicamente deberán ser presentadas por una sola vía, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del expediente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra el interesado. Por otro lado, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, dos de junio de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que presenta por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Economía y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 41, 73, fracciones XXIX-Q, XXIX-U, XXXI y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 539/2020-VIII, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. Del análisis del contenido integral de la demanda de amparo atendiendo a los Lineamientos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que, previo a emitir pronunciamiento sobre si la demanda de amparo debe ser admitida o no, el Juzgador debe atender a los Lineamientos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y dado que este órgano jurisdiccional se encuentra de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes, se debe atender a la naturaleza de los actos reclamados y a lo dispuesto en el artículo 48 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a lo dispuesto en las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que en la segunda de las citadas Circulares se refirió que los titulares de los órganos jurisdiccionales tienen la atribución de ser intérpretes de las normas que aplican favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de conformidad con nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia; por lo que se debe considerar que la situación que dio lugar a la emisión de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020 y 10/2020 mencionados, es extraordinaria, lo cual obliga a tomar en consideración los derechos humanos trastocados, las consecuencias de su eventual transgresión y del tiempo que pudiera tomar la conclusión del actual periodo de contingencia, el cual fue establecido del dieciocho de marzo al quince de junio del año en curso, el cual, resulta particularmente delicado en cada caso que pueda presentarse. En tales condiciones, de la lectura realizada al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa pretende reclamar de la Secretaría de Economía y a otras autoridades, el "AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de dos mil veinte, así como, la inminente expedición de la Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, para establecer un sistema de gestión de la calidad de la organización electoral; supuesto que no encuadra en alguno de los considerados de tramite urgente por este Juzgado. Por lo anterior, una vez que concluya el referido periodo de suspensión de labores determinado en el Acuerdo General 6/2020 mencionado, se dará nueva cuenta con la demanda a fin de proveer lo relativo al análisis del escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar a ordenar su notificación de forma personal, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes y que, una vez reanudadas las labores, se acordará lo conducente. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con al usuario joseantonio. Notifíquese.

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