José Antonio Burguete García
Expediente 83/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Antonio Burguete García
- Director General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ***, apoderada legal del quejoso, mediante el cual, señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, así como autorizados para tales efectos a ******************** ********************y ******************** En atención a su contenido, se deja insubsistente el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda y se tiene como único y nuevo lugar para oír y recibir toda clase de notificaciones, el que señala en el escrito de cuenta, así como por revocadas todas las autorizaciones anteriores al ocurso de cuenta, teniendo como únicos para tales efectos a los señalados en líneas precedentes, en virtud de así haberlo solicitarlo expresamente.
- Principal
CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 137 a 141), en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran alguna manifestación al respecto. Archivo del Expediente En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo, una vez transcurrido el plazo de cinco años; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Anotaciones y capturas del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentos originales Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos originales que exhibió con su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
citatorio. Acuerdo: Chetumal, Quintana Roo, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia veintiséis, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del Apéndice de dos mil, Novena Época, que a continuación se cita: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Junta Local de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El nueve de mayo de dos mil diecisiete, se engrosó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martha Gabriela Rojo Castillo, en su carácter de apoderada General de José Antonio Burguete García (fojas 49 a 60), para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución número 01/2017 de cuatro de enero de dos mil diecisiete; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, atendiendo lo resuelto en el presente, dicte otra en igual o en diverso sentido en la que purgue los vicios de forma advertidos, es decir, atienda todos los agravios expresados por la parte recurrente, valore las pruebas aportadas por la aquí quejosa; y defina lo que en derecho corresponda." Posteriormente, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (fojas 91 y 92), la sentencia en comento causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo; lo cual le fue debidamente notificado el dos de junio de dos mil diecisiete (foja 95). Siendo el caso, que por oficio SEFIPLAN/SSI/DGRPPYC/DJ/1732/VI/2017, presentado el siete de junio de esta anualidad, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional (fojas 106 a 113), la autoridad responsable informó el cumplimiento al fallo protector y, al efecto, remitió lo siguiente: Oficio número SEFIPLAN/SSI/DGRPPYC/DJ/1660/V/2017, de cinco de junio de dos mil diecisiete, dirigido a Martha Gabriela Rojo Castillo. Resolución dictada el cinco de junio de dos mil diecisiete. Constancia de notificación de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete realizada a la parte quejosa el seis de junio del presente año. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 114 y 115), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que en el término de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que hayan hecho uso de tal derecho. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así el efecto de la concesión fue, en esencia, que la autoridad responsable, hiciera lo siguiente: "1. Dejara insubsistente la resolución número 01/2017 de cuatro de enero de dos mil diecisiete; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, atendiendo lo resuelto en el presente, dictara otra en igual o en diverso sentido en la que purgue los vicios de forma advertidos, es decir, atendiera todos los agravios expresados por la parte recurrente, valore las pruebas aportadas por la aquí quejosa; y definiera lo que en derecho corresponda." Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, se advierte que acató la ejecutoria de amparo, toda vez que el cinco de junio de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en el que con base en los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se pronunció en los términos siguientes (fojas 108 a 112): "----------------------------------------ACUERDA------------------------------- 1).- Dejar sin efectos la Resolución Administrativa número 07/2017 de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida por el suscrito en mi carácter de Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Quintana Roo, mediante la cual resolvió que NO procedió la reposición de asiento solicitada por la C. MARTHA GABRIELA ROJO CASTILLO y------------------------------------------------------------ 2).- Emitir una nueva resolución respecto al escrito de solicitud mediante el cual la C. MARTHA GABRIELA ROJO CASTILLO, en representación del C. JOSÉ ANTONIO BRUGUETE GARCÍA, solicita al suscrito Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio , la reposición de la Escritura Pública de Compraventa número 91 de fecha 25 de mayo de 1970, la cual debiera obrar bajo el registro número 865 partida segunda a fojas 548 a 549 del Tomo V Sección Primera, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, Quintana Roo, declarándose el suscrito competente para conocer y resolver el presente requerimiento, abriéndose el presente expediente por duplicado, asignándosele el número 07/2017, para efectos de identificación, para posteriormente avocarse al estudio y análisis respectivo, para en su momento emitir la correspondiente resolución.------------------------------------------------------------------- Seguidamente, en la misma fecha, en cumplimiento al acuerdo anterior, se emite la presente resolución al tenor de los siguientes: RESULTANDOS: PRIMERO: Mediante escrito de solicitud signado por la C. MARTHA GABRIELA ROJO CASTILLO, en representación del C. JOSE ANTONIO BRUGUETE GARCIA, solicita al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la reposición de la Escritura Pública de Compraventa número 91 de fecha 25 de mayo de 1970, la cual debiera obrar bajo el registro número 865 partida segunda a fojas 548 a 549 del Tomo V sección primera, ya que dicho registro no fue localizado de forma íntegra en nuestro acervo registral; de la misma forma solicita, una vez hecha la reposición del documento, se sirva generar el folio electrónico correspondiente a su propiedad. . SEGUNDO: El Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Quintana Roo, en uso de las facultades que se me confieren en los artículos 8°, 9° fracción IV y 96 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado, esta autoridad es competente para resolver respecto a la presente solicitud de reposición de inscripción. TERCERO: Verificado que fue el Tomo V Sección Primera de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, se desprende que el tomo referido no cuenta, de forma íntegra y completa, con todos los asientos que debieran integrar el, Tomo V. CUARTO.- Una vez reunidos los elementos pertinentes para resolver y no habiendo pruebas pendientes por ofrecer y desahogar, se entra al estudio de las mismas. CONSIDERANDO: PRIMERO: De la verificación de la Escritura Publica número 91, de la cual se pretende la reposición, se puede apreciar que el propietario del predio es el C. MANUEL JIMENEZ MEDINA, y no el C. JOSE ANTONIO BURGUETE GARCIA; sin embargo, para acreditar su legítimo interés obran agregadas a la solicitud que nos ocupa copias simples de un juicio ejecutivo mercantil promovido por el C. JOSE ANTONIO BURGUETE GARCIA en contra de Dorys Guadalupe Jiménez Polanco, Francisco Manuel Jiménez Polanco y enrique Jiménez Polanco, mismos que ofrecieron como garantía el bien inmueble del cual tienen los derechos hereditarios del C. MANUEL JIMENEZ MEDINA; asimismo, obra agregada copia simple de la escritura pública número 49640, pasada ante la fe de la Notaria Publica número 24, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro mediante la cual el C. JOSE ANTONIO BURGUETE GARCIA otorga un Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración con carácter Revocable a favor de MARTHA GABRIELA ROJO CASTILLO, la cual acredita la representación legal para el efecto de solicitar la reposición de un documento a nombre del C. JOSE ANTONIO BURGUETE GARCIA. En virtud de lo anterior, se tiene por acreditado el interés jurídico con el que se ostenta la C. MARTHA GABRIELA ROJO CASTILLO en representación del C. JORGE ANTONIO BURGUETE GARCIA, como tercero interesado. SEGUNDO: Que una vez efectuada una minuciosa revisión en nuestros archivos registrales, se detectó lo siguiente: Que el tomo V de la sección primera se encuentra en mal estado, en virtud de lo cual las paginas en las que debiera constar la escritura pública número 91 de fecha 25 de mayo de 1970, no obra físicamente en el cuerpo del mencionado tomo, la cual corresponde a la solicitud de reposición de que se trata. Que anexo al escrito de la C. MARTHA GABRIELA ROJO CASTILLO se encontró la copia simple de la escritura pública número 91 de fecha 25 de mayo de 1970 a través de la cual la C. AMALIA JIMENEZ MEDINA vende a favor del señor MANUEL JIMENEZ MEDINA la propiedad del inmueble ubicado en Avenida de los Héroes número 49 de esta ciudad. De conformidad con lo señalado en los incisos que anteceden se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 96 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del comercio para el Estado de Quintana Roo, mismo que a la letra dice: [.] CUARTO.- Con fundamento en los artículos 50, 53 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado, así como el artículo 3187, 3188 y demás relativos y aplicables del Código Civil Vigente para el Estado de Quintana Roo, esta autoridad resuelve la presente rectificación de asiento Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se:- R E S U E L V E: PRIMERO.- HA PROCEDIDO LA REPOSICIÓN DE ASIENTO CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 91 DE FECHA 25 DE MAYO DE 1970, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 27, LIC. FERNÁNDO LOPEZ MONSREAL DE MÉRIDA, YUCATÁN, EL CUAL DEBIERA OBRAR BAJO EL NÚMERO 865 PARTIDA SEGUNDA A FOJAS 548 Y 549 DEL TOMO V, SECCIÓN PRIMERA, EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN." Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador que si bien la autoridad en su nueva determinación refiere dejar sin efectos la resolución administrativa 07/2017 dictada el cuatro de enero de dos mil diecisiete; lo cierto es que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como del contenido de la nueva resolución se advierte que el número correcto de la determinación lo es 1/2017. Atento a lo anterior, de la transcripción que antecede, se advierte que el Director Responsable, acató los efectos de la ejecutoria, en virtud de que dejó insubsistente el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, y emitió una nueva resolución en la que, declaró procedente la reposición de la Escritura Pública número 91 (noventa y uno) de veinticinco de mayo de mil novecientos setenta. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido de la licenciada Piedad Julia Vega Ayala, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Procurador Fiscal, en representación del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en su carácter de superior jerárquico y en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de siete de junio de esta anualidad (fojas 102 y 103), informa que la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria mediante el oficio *** y sus anexos, presentado el siete de los corrientes ante este órgano jurisdiccional, de lo que adjunta en copia certificada al oficio de cuenta. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, en razón de que mediante auto de ocho del presente mes y año (foja 114), se tuvo a la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo cual se ordenó dar vista a las partes.
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