José Antonio Bravo Aguilar

Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
845/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Bravo Aguilar
  • Juez Segundo de ejecución con sede en esta ciudad de León, Guanajuato.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Certificación de archivo.

  2. Principal

    Se agrega constancia de notificación. Quejoso desiste del juicio. Agréguese la constancia de notificación personal de la que se advierte que el quejoso manifestó ante el actuario adscrito su intención de desistir del juicio de amparo; asimismo, de cualquier medio de impugnación contra la determinación que recaiga a tal escrito. En consecuencia, se provee: Se desecha la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 107, fracción I, Constitucional, 6 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. En efecto, el artículo 107, fracción I, Constitucional, 6° y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: *Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; * [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede iniciarse oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto, es un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. simismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6° de la de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Destacado así el principio de instancia de parte agraviada, se toma en cuenta que en el caso concreto, José Antonio Bravo Aguilar promovió demanda de amparo por su propio derecho y por razón de turno correspondió conocer a este juzgado. Luego, en proveído de uno de agosto del año en curso, se formuló prevención al peticionario. Posteriormente, mediante notificación personal registrada con el número 16524 el peticionario manifestó su intención de desistir del juicio de amparo ante un funcionario judicial con fe pública, lo que constata la voluntad del quejoso. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a. /J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:**************************************** "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Lo anterior revela la ausencia de voluntad del quejoso para continuar con el juicio de amparo en que se actúa, por lo que no se encuentra satisfecho lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, esto es, la intención del peticionario para promover un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En ese sentido, ante la causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio, se impone desechar la demanda de amparo. Quejoso desiste de recurso. Por otra parte, de la constancia de notificación, se advierte que el quejoso manifestó ante la presencia judicial su deseo de desistir del medio de impugnación que pudiera corresponder. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causó estado el desechamiento. En atención a lo anterior, se comisiona a la persona secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que una vez notificada la presente determinación, se cerciore de que la versión pública pueda ser consultada en el Buscador de Sentencias del Consejo de la Judicatura Federal, y asimismo complemente el apartado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al "Registro y envío de sentencias", con la clasificación de la información confidencial o reservada, según resulte el caso. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Defensoría Pública Federal manifiesta imposibilidad para designar defensor al quejoso. Finalmente, agréguese sin mayor acuerdo el oficio que remite la titular de la Delegación de la Defensoría Pública Federal, mediante el cual manifiesta la imposibilidad con que cuenta para asignar un asesor jurídico federal al quejoso, por los motivos que ahí expone; sin embargo ante la falta de voluntad que tiene el peticionario de promover el juicio de amparo es innecesario requerir uno a la defensoría local.

  3. Principal

    I. Se agrega constancia de notificación personal. Quejoso ratifica escrito. Agréguese la constancia de notificación personal practicada el once de septiembre de la anualidad, en la que el actuario adscrito hizo constar que notificó al quejoso el auto de cinco de septiembre pasado, en el que se le requirió la ratificación del escrito registrado con el folio 15151. De la diligencia de cuenta se advierte que el quejoso realizó las siguientes manifestaciones: "Quedo enterado del acuerdo y de los requerimientos, ahora por lo que hace al inciso a) sí ratifico el contenido del escrito; en relación al inciso b) sí reconozco la firma que calza dicho escrito como de mi puño y letra; en atención al inciso c) la razón es que firmé sobre una base de cemento y venía saliendo de la clínica de este centro por una infección y dolor de cabeza que tenía, además de que nunca me sale igual la firma; finalmente el nombre de la persona que funge como mi defensor es Roberto Rodríguez Díaz, desconozco su domicilio y teléfono." En consecuencia se provee: II. Se acuerda reserva. Del estado de autos se advierte que en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés se reservó acordar lo conducente en relación con la prórroga solicitada por el quejoso para cumplir con la prevención realizada en autos, hasta en tanto ratificara su escrito de cuenta, lo que ya aconteció. En atención a su contenido refiérase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Ello, pues la Ley de Amparo es taxativa en su artículo 114 respecto del plazo que habrá de concederse al promovente para que subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones que se presenten en su escrito inicial, plazo que no está sujeto a interpretación o prórroga. Máxime que, la aludida prevención fue formulada desde el uno de agosto de la anualidad que transcurre, por lo que el plazo trascurrido desde ese data hasta la fecha de este acuerdo -mayor a un mes-, se considera razonable sin que el quejoso o su autorizado lo hayan realizado a cabalidad. Por tanto continúa la vigencia del plazo restante de dos días a que se aludió en el auto de cinco de septiembre pasado. Por último, en vista a las consideraciones realizadas por el quejoso se estima innecesario el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía. Lo anterior aunado al hecho de que el quejoso ratificó su escrito y firma frente a la presencia de un actuario judicial, el cual se encuentra revestido de fe pública. III. Quejoso revoca autorizado. Ahora, en atención al diverso escrito signado por el quejoso mediante el cual revoca la autorización otorgada en su escrito inicial de demanda al profesionista ***, y en su lugar señala a ***, se acuerda: De una consulta al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales para ejercer la profesión de abogado; se advierte que *** no cuenta con cédula profesional registrada, por lo que no acredita su calidad de abogado; en consecuencia, se le tiene autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones. IV. Se requiere designación de defensor. Ahora, en aras de no dejar en estado de indefensión al quejoso, se le hace saber su derecho a la asistencia de un abogado, lo cual es una condición de efectividad del juicio de amparo, pues permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin que obste que la Ley de Amparo no contemple expresamente la obligación de nombrar un abogado al quejoso privado de la libertad que promueve amparo indirecto por derecho propio y sin asistencia letrada; ésta no debe interpretarse de manera aislada, sino conforme con las exigencias constitucionales y de manera sistemática con otros ordenamientos relevantes para el juicio constitucional, con las leyes que regulan las defensorías, federales y locales. Lo anterior, en virtud de que las personas privadas de la libertad con motivo de un proceso penal, se encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado, que implica una total vulnerabilidad respecto de su seguridad, alimentación, salud, integridad y vida; a la vez que, por lo general enfrentan carencias culturales, educativas y económicas que les impiden representarse a sí mismos eficazmente en un juicio de amparo indirecto; de ahí que, resulte un deber extraordinariamente fuerte del Estado frente a éstos para garantizar sus derechos fundamentales. Así, señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente. En caso de que el peticionario no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá designarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione de inmediato el servicio y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme con la Constitución. Ello, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y en las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puedan tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional se considerará como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto o la suplencia de la queja. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, del tenor siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja ." De ahí que, se estima necesario nombrarle un abogado que lo represente. Por tanto, con copia del escrito de demanda, requiérase al titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, para que en el plazo de TRES DÍAS, designe abogado al quejoso a fin de que, previa aceptación y protesta del cargo por escrito y notificación de la prevención formulada en autos, se entreviste con el peticionario, a fin de que la cumplan de forma conjunta. Apercíbase tanto a la autoridad administrativa requerida como al defensor que sea designado, que de no cumplir con lo requerido, con fundamento en los artículos 237 y 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se cuente con la designación correspondiente, provéase lo que corresponda en relación con la prevención formulada en autos.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente en el domicilio proporcionado en autos y al quejoso en el lugar de su reclusión.

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